Por Sara Mejía Rodríguez

Ilustración de Ana Valentina Candamil.

“Es que ella se vestía muy provocativo”, “es que ella no tenía nada qué estar haciendo a esas horas en la calle”, “ella ya sabía que él era muy celoso y aún así seguía con él”, “nadie las manda a buscar hombres extranjeros con plata que ni las quieren”. Siempre hay una excusa, siempre hay una justificación que libera al feminicida, casi nunca hay justicia para las mujeres.

En lo que va del 2024, en Colombia han ocurrido 28 feminicidios en distintos departamentos, todos ellos comparten algo en común: la opinión pública los naturaliza, los justifica y culpa a las víctimas. En el mes de enero se emitieron 84 alertas de intervención, es decir, aproximadamente 2 alertas por día, y parece que aún estamos lejos de que esto alarme lo suficiente a los colombianos, quienes usualmente desconocen el término “feminicidio” y su importancia dentro del marco normativo en el país; por el contrario, los comentarios que lo cuestionan negativamente abundan, pues miles de personas aún niegan la existencia de las violencias basadas en género.

El feminicidio, según la definición de la ONU, es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, es decir que es un acto discriminatorio y responde a una estructura social patriarcal; es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Reconocerlo permite examinar cuáles son y de dónde provienen tales estructuras sociales que permiten un sinnúmero de acciones violentas y dejar de tipificarlo como un acto meramente individual, sino más bien como resultado de la dominación y la existencia de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.

Después del brutal feminicidio de Rosa Elvira Cely (una mujer de 35 años que fue abusada y posteriormente asesinada por un excompañero de estudio), en el año 2012, se desencadenó una serie de discusiones en el país que tuvieron como resultado la creación de la ley 1761 de 2015, donde se crea el tipo penal de feminicidio. Esto representa un avance significativo, pues fue el primer paso para reconocer que a las mujeres nos violentan por ser mujeres y que hay algo que necesitamos revisar y transformar urgentemente como sociedad.

Estos crímenes tienen la particularidad de ser perpetrados con sevicia, con odio, pues el asesinato parece no ser el último de los horrores cometidos contra los cuerpos, que son encontrados en las orillas de los ríos, desmembrados o escondidos en maletas, como ha ocurrido ya en 3 ocasiones en el último año. A esto le sigue el juicio de la sociedad, que termina poniendo la culpa en las mujeres, pero casi nunca en el feminicida y, por el contrario, lo patologiza llamándolo un “enfermo” o un “monstruo”. Así crea una especie de condescendencia o atenuante con él, que lo aleja de su responsabilidad, de la consciencia con la que comete los actos y esconde la raíz del problema: un sistema patriarcal que construye y posteriormente autoriza la idea de dominación y poderío sobre las mujeres.

El hombre que comete feminicidio no es un sujeto que se sale de los márgenes sociales, al contrario, encarna a ese sistema, es el producto y la representación precisa del patriarcado que busca reafirmar y mantener la subordinación de la mujer. Cuando decimos que está “loco” o “enfermo”, por más atroz e inadmisible que sea el crimen que cometió estamos afirmando que lo cometió impulsado por causas que son ajenas a su control, que no lo hizo bajo el completo uso de su razón, y esto, llevado al plano judicial, es un atenuante que puede dejarlo en la impunidad y seguir perpetuando la injusticia que tanto intentamos enfrentar.

¿Pa’ qué “alegamos” tanto?

Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, la impunidad ronda el 90%, a pesar de tener una ley que condena este delito. Y es que el desconocimiento no solo se ve en las personas del común, sino que los mismos funcionarios públicos y las instituciones que se supone deben garantizar la seguridad desconocen o niegan los efectos de la violencia contra las mujeres. En muchas ocasiones, cuando se presenta un feminicidio, el mismo termina siendo procesado como si de un homicidio se tratase, desconociendo la particularidad con la que hay que atender estos procesos. Pero la ley no está ahí como un adorno, está porque hay causas, consecuencias y problemáticas específicas que requieren una atención distinta y específica, y porque ocurrieron sucesos que nos llevaron a tener que crearlas.

La raíz de la impunidad, sin embargo, no se agota allí, pues el acceso a la justicia es limitado en ciertas zonas del país; muchas veces rendir testimonio se vuele revictimizante por la falta de sensibilidad de los funcionarios que atienden; vivir con su victimario también es otro obstáculo para denunciar, pues las mujeres son amenazadas por sus propios verdugos. Y, como si fuera poco, en otros casos las instituciones cuestionan sus denuncias y las envían de regreso a sus casas con potenciales feminicidas, eso sí, son las mismas instituciones que después de ocurrido el crimen, dan sus condolencias. Y es que vivimos en un país que prefiere castigar en lugar de prevenir, y para lograr prevenir es necesario comenzar por reconocer que este es un asunto prioritario, que amenaza la vida y la integridad de las mujeres.

Mientras tanto, las que estamos aquí, vivas, seguiremos luchando por quienes están y por quienes ya no están. Para que algún día sea posible salir a la calle tranquilas, terminar una relación amorosa sin miedo a ser desaparecida, para que tengamos oportunidades, para disminuir las brechas, para lograr una profunda transformación social que nos permita vivir tranquilas, libres y sin miedo. Seguiremos cuestionando, debatiendo, por las niñas, jóvenes y mujeres, por Rosa Elvira Cely, Isabella Mesa, Diana Carolina Serna, Valentina Trespalacios, y por todas las que ya no están, pero permanecen como un símbolo y una razón para seguir haciéndonos escuchar. No serán olvidadas ni serán una cifra más.