Por Rubén Darío Zapata

Imagen tomada de rugidosdisidentes.co

En abril de este año se conoció la noticia de unos documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde se hacían evidentes los vínculos del expresidente Julio César Turbay Ayala con los carteles de la droga en Colombia. De hecho, revelaban que el asesinato de Diana Turbay, la hija del presidente, ocurrido el 25 de enero de 1991, fue consecuencia de una vendetta entre carteles. Pero eso lo sabía medio Colombia en aquel entonces. El periodista Reinaldo Spitaletta, a propósito del informe de los documentos desclasificados, recordaba en su columna del 23 de abril en un diario del país, cómo en la campaña electoral de 1977 muchas paredes en las ciudades más importantes de Colombia se pintaron con el mensaje: “Turbay es el de la mafia”.

Aun así, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Jimmy Carter (hoy reconocido como un adalid intachable de la democracia), anunció desde muy temprano que el candidato favorito para la presidencia de Colombia era, precisamente, Turbay. Y el candidato se apresuró a solicitar al embajador gringo en Colombia un certificado de buena conducta frente al narcotráfico, documento que efectivamente recibió, a pesar de que los agentes de la DEA en Colombia habían presentado al gobierno estadounidense diversos informes con pruebas suficientes que lo vinculaban con los carteles de la droga.

El de Turbay, sin embargo, no fue el primero ni el último gobierno vinculado con la mafia y avalado por el gobierno gringo. En los mismos documentos desclasificados que evidenciaron la catadura mafiosa de Turbay Ayala, se vincula con los carteles de la droga a 36 funcionarios del predecesor en el gobierno de Turbay: Alfonso López Michelsen. De hecho, para aquel entonces, la misma DEA se refería habitualmente a Colombia como una “Narcocracia” y a aquel tiempo como el de “los dineros calientes”.

Desde entonces, puede decirse que son contados con los dedos los gobiernos en Colombia cuyas campañas no hayan sido financiadas con esos “dineros calientes”. Y el único gobierno que realmente recibió sanciones y presión asfixiante de los Estados Unidos fue el de Ernesto Samper Pizano, entre 1994 y 1998. El presidente Uribe, a pesar de los múltiples escándalos que lo han vinculado con el narcotráfico (y el paramilitarismo), desde los tiempos de director de la Aeronáutica Civil hasta su último periodo como presidente de Colombia, fue siempre un aliado de los Estados Unidos. Y no puede decirse que ello haya ocurrido por desconocimiento del gobierno gringo, cuyos sabuesos de la DEA se mueven por Colombia con mayor libertad y mejores recursos que la misma Fiscalía. De hecho, investigaciones de varios periodistas en Colombia, entre los que se destaca el reconocido Gonzalo Guillen, lograron revelar, a través de varios documentos desclasificados, que Uribe Vélez llegó a estar en la lista de los narcotraficantes más buscados por la DEA, identificado como el narcotraficante número 82.

Igual ocurrió en tiempos más recientes con la campaña presidencial de Iván Duque, acusada de haber sido financiada por dineros del narcotráfico, especialmente los provenientes de quien parecía incluso ser su amigo personal: el Ñeñe Hernández. La Fiscalía de bolsillo que se agenció el presidente Duque no adelantó ninguna investigación al respecto, ni recibió presión alguna por parte del gobierno gringo para que aclarara la situación del presidente. Por el contrario, este resultó siendo uno de los más grandes aliados de Estados Unidos, sobre todo en su lucha contra el gobierno venezolano y su apoyo a la derecha golpista, por ejemplo, con el reconocimiento vergonzante al presidente de papel Juan Guaidó.

La pregunta es, con tantos presidentes vinculados con el narcotráfico en Colombia, ¿por qué la presión tan grande al gobierno de Samper y el apoyo tan enorme a los demás? Por ahora, una hipótesis muy simple: Samper sucedió al gobierno de la apertura económica y del neoliberalismo, y prometió, por lo menos, desacelerar las reformas que el neoliberalismo demandaba para evitar los traumatismos económicos y políticos. Era poca cosa, pero suficiente para incomodar a los gringos, tan acostumbrados a los gobiernos incondicionales. Por su parte, los otros tres (Turbay, Uribe y Duque) fueron grandes aliados de Estados Unidos, no en la lucha contra el Narcotráfico, sino en la lucha oscurantista contra el comunismo o lo que se le pareciera.

Turbay Ayala fue el genio del Estatuto de Seguridad Nacional, un esperpento diseñado para perseguir todo lo que en Colombia oliera a izquierda o a comunismo. Y una senda parecida recorrió el presidente Uribe Vélez con su famosa Seguridad Democrática, que, de alguna manera, fue el reencauche y la radicalización del Estatuto de Seguridad. Y Duque, simplemente, fue un empleado gringo en Colombia, dedicado a la persecución del movimiento social y popular, y de menor rango incluso que el embajador estadounidense, o al menos de menor autonomía.

Así las cosas, queda claro que la famosa lucha contra el narcotráfico de los Estados Unidos no ha sido más que la disculpa para intervenir en la política interna de sus gobiernos lacayos en el resto del mundo, no solo en Colombia. Para la prueba está el ejemplo del General Noriega en Panamá, narcotraficante insigne elevado a presidente por los Estados Unidos y luego secuestrado y aniquilado cuando les resultó incómodo. O el Plan Colombia implementado por el gobierno de Pastrana, en el que los Estados Unidos decían financiar la lucha contra el narcotráfico, pero era realmente la lucha contra la guerrilla: las FARC, al final, debilitadas por el Plan Colombia, se desmovilizaron, y el narcotráfico se fortaleció.

Lo mismo puede decirse de la injerencia de Estados Unidos en otros países a nombre de la democracia. Se trata de la instauración de una democracia gringa, que se entiende a sí misma como anticomunista. Todo lo que ataque al comunismo o sus variantes es, según los gringos, democrático, y todo lo que se identifique con él, lo respalde o simplemente lo respete hay que combatirlo en nombre de la democracia. Se trata de una democracia colonial en la que los pueblos del mundo tienen derecho a decidir lo que quieran, siempre y cuando coincida con lo que los gringos quieren.