Por J Mario Vergara

Fotocaptura de un video de youtube

En Colombia hemos aprendido a convivir con una paradoja dolorosa: mientras lloramos a nuestros muertos, otros convierten ese dolor en combustible para su propia causa. La historia reciente nos ofrece un ejemplo tan evidente como inquietante: la muerte del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su fallecimiento, el pasado 11 de agosto, después de 65 días de lucha en una clínica de Bogotá tras ser víctima de un atentado, no solo dejó un vacío humano y político, sino que encendió una maquinaria de discursos, gestos y símbolos que revelan un patrón cada vez más común en nuestra vida pública: la necrofilia política.

Este concepto, aunque duro, no alude a su sentido literal, sino a una práctica simbólica y retórica. Se trata del uso y abuso del cuerpo ausente —físico y metafórico— de una figura política, para reforzar narrativas políticas, movilizar emociones y legitimar posiciones ideológicas. En este caso, hemos visto cómo, apenas confirmado el fallecimiento de Uribe Turbay, sectores de la derecha y miembros de su familia orientaron la despedida hacia un escenario de confrontación directa con el gobierno y sus simpatizantes. El funeral dejó de ser un acto de homenaje para convertirse en un espacio de mensajes cuidadosamente dirigidos a mantener viva la polarización

El funeral del exsenador, realizado en la Catedral Primada de Bogotá, estaba llamado a ser un momento de recogimiento nacional. Sin embargo, cada gesto, cada ausencia y cada palabra fue interpretada, amplificada y discutida en clave política. La decisión de la familia del exsenador de impedir la asistencia de miembros del gobierno nacional fue presentada como un acto de coherencia moral, pero en el contexto de una sociedad profundamente dividida, adquirió un carácter de exclusión que reforzó la narrativa de que existen dos países irreconciliables.

Los discursos de figuras del Centro Democrático y de familiares del fallecido no se limitaron a recordar sus virtudes personales o su trayectoria pública. Apelaron directamente al sentimiento de indignación, presentando el crimen como una consecuencia indirecta del clima político actual, y sugiriendo responsabilidades morales más allá del autor material. De esta forma, el duelo individual se fundió con la estrategia partidista, y el ataúd se convirtió, simbólicamente, en una tribuna.

Este fenómeno no es nuevo. La historia política colombiana está llena de casos en los que los muertos se convierten en estandartes de batalla: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Álvaro Gómez… nombres que, con sus diferencias ideológicas, han sido invocados hasta el cansancio para defender agendas específicas. Pero en el caso de Uribe Turbay, la rapidez con que el dolor fue incorporado a la contienda mediática resulta especialmente llamativa y grotesca.

El concepto de necrofilia política nos obliga a preguntarnos por los límites éticos del uso de la memoria. ¿Hasta qué punto es legítimo recordar a un líder para inspirar un proyecto político? ¿En qué momento ese recuerdo deja de ser un homenaje y se transforma en un instrumento para profundizar divisiones? La respuesta no siempre es sencilla, porque la política es, en buena parte, gestión de símbolos. El problema surge cuando esos símbolos dejan de ser puentes y se convierten en murallas.

El país atraviesa un momento en el que la confrontación ha reemplazado a la deliberación. Las redes sociales, los titulares y los discursos del poder hegemónico están impregnados de un tono de urgencia y denuncia permanente. En ese clima, la muerte de un dirigente no se procesa con calma; se incorpora de inmediato a la narrativa en curso. El resultado es que el duelo deja de ser un proceso íntimo y comunitario, para convertirse en un episodio más de la serie interminable de choques entre bandos.

En el caso que nos ocupa, la derecha colombiana encontró en el asesinato de Uribe Turbay una oportunidad para reforzar la idea de que el país está al borde del colapso institucional, y que el gobierno actual es, cuando menos, moralmente responsable de ese deterioro. El mensaje no es nuevo, pero adquiere mayor fuerza cuando se asocia a una pérdida real y reciente. La figura del mártir, en este contexto, funciona como un catalizador de emociones difíciles de contrarrestar con argumentos racionales.

Toda sociedad necesita rituales para procesar la muerte. Esos rituales, cuando son respetados, ayudan a cerrar heridas y a encontrar un sentido en la pérdida. Pero cuando son interrumpidos o distorsionados por intereses políticos inmediatos, dejan de cumplir su función. La necrofilia política rompe ese equilibrio: en lugar de permitir que el recuerdo se asiente y se elabore, lo mantiene en un estado de agitación constante, útil para las luchas del presente pero dañino para la salud colectiva.

La pregunta, entonces, es qué podemos hacer para evitar que la memoria de nuestros muertos caiga en manos de la necrofilia política. No se trata de exigir neutralidad absoluta —algo imposible en un país tan politizado como el nuestro—, sino de establecer principios mínimos de respeto. Honrar la vida y la obra de un dirigente debería implicar reconocer su humanidad, sus luces y sombras, y no reducirlo a un arma arrojadiza contra el adversario.

En el caso de Uribe Turbay, la ética del recuerdo exigiría, por ejemplo, reconocer que su muerte es una tragedia que nos interpela a todos, sin importar la filiación política. Exigir justicia es legítimo; usar su nombre para avivar la hostilidad, no. Mantener viva su memoria es necesario; convertirla en munición electoral, una traición al sentido mismo de la política como búsqueda del bien común.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay podría haber sido un punto de inflexión para que las fuerzas políticas del país encontraran un terreno común en torno a la defensa de la vida y la condena de la violencia. En lugar de eso, se convirtió en otro episodio de la serie interminable de agravios y acusaciones cruzadas. Se perdió la oportunidad de enviar un mensaje de unidad nacional, y se optó por profundizar la brecha.

Esa elección, más que un reflejo de maldad individual es síntoma de un sistema que premia la confrontación y castiga la moderación. En ese sistema, la necrofilia política no es un accidente, sino una estrategia recurrente.

Colombia necesita aprender a despedir a sus muertos sin convertirlos en banderas exclusivas de un sector. Necesitamos construir una memoria democrática que respete el sufrimiento, que reconozca el dolor ajeno y que, en lugar de dividirnos, nos recuerde por qué la vida humana está —o debería estar— en el centro de toda acción política.

La necrofilia política es, en el fondo, una forma de violencia simbólica. No mata cuerpos, pero degrada el sentido de la muerte y del recuerdo. Mientras no seamos capaces de poner límites claros a su práctica, seguiremos atrapados en un ciclo en el que cada pérdida se convierte en combustible para la máquina de la polarización, y no en un llamado a la reconciliación que tanto necesitamos.

El desafío está ahí, y nos involucra a todos: aprender a honrar a los muertos sin usarlos como armas, sin violar sus cuerpos, y a recordar que la dignidad de una vida no se mide por su utilidad política, sino por el impacto humano que dejó en quienes la conocieron.