Por Laura Isabel Cadávid

Pintura de Alberto Jerez

Este año presenciamos, algunos en redes, otros en vivo, la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y excandidato a la presidencia, asesinado en medio de un meeting organizado en Bogotá. El país quedó sacudido, no solo por la violencia del hecho, sino por el despliegue mediático y político que lo siguió. Durante días, todos los canales transmitieron homenajes, discursos de indignación y llamados a la unidad nacional.

Sin embargo, la avalancha de honores revela más de lo que oculta: mientras la élite política se enlutaba, centenares de asesinatos de líderes sociales, campesinos, sindicalistas, jóvenes de barrio y militantes populares pasaban —como siempre— en silencio. La muerte, en Colombia, también es una cuestión de clase: unas vidas merecen duelo nacional, otras apenas figuran “en la crónica roja de la prensa local”, como dice Eduardo Galeano en El libro de los abrazos.

Los grandes medios quisieron instalar la idea de que Uribe Turbay pertenecía a una tradición de lucha. Nada más lejos. Ni él ni su familia fueron víctimas por enfrentar al poder económico o al narcotráfico. Por el contrario, su apellido carga con la sombra de esas complicidades históricas.

Documentos desclasificados por el National Security Archive y la DEA señalan que Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia y abuelo de Miguel Uribe, tuvo presuntas vinculaciones con el tráfico de cocaína mientras aspiraba a la presidencia en 1978. Y su madre, Diana Turbay, no murió por enfrentarse al narcotráfico desde el periodismo, como repite la versión oficial, sino en medio de un secuestro ligado a disputas del mismo negocio.

En medio de esta discusión vale recuperar un escrito titulado “Unos muertos valen más que otros”, que circuló en redes y fue compartido por el fotógrafo y reportero Henry Agudelo Cano:

“En Colombia, el dolor y la memoria parecen tener estrato, apellido y conveniencia política. La bala que mató a Dilan Cruz, un joven que solo pedía un país más justo en una protesta pacífica también fue una bala perdida: perdida para la justicia, perdida para la verdad, perdida para un Estado que decidió mirar hacia otro lado.

Y la muerte de Rosa Elvira Cely… esa fue un crimen tan atroz que todavía debería estremecer al país entero. Fue golpeada, violada y empalada en pleno Parque Nacional, en el corazón de Bogotá, en una muestra de la violencia más salvaje y deshumanizada que puede existir. No murió por una bala, pero sí por la misma impunidad, la misma indiferencia y el mismo sistema podrido que decide qué muertes se lloran y cuáles se olvidan. De su tragedia nació una ley contra el feminicidio, pero no un compromiso real de esta sociedad para proteger a sus mujeres.

Hoy, mientras la muerte del senador Miguel Uribe ocupa portadas, programas especiales y discursos oficiales, vale la pena preguntarnos por qué no hubo la misma cobertura, la misma indignación ni las mismas cadenas nacionales para Dilan, para Rosa Elvira o para los líderes sociales, indígenas, policías militares, campesinos y periodistas asesinados en silencio. Nadie dice que la muerte del senador no importe. Lo que indigna es que aquí unas muertes se eleven a categoría de tragedia nacional y otras sean tratadas como estadísticas incómodas.
En Colombia, cada vida arrebatada —ya sea por una bala disparada en una protesta, por un ataque armado en el campo o por un crimen brutal en una ciudad— debería tener el mismo valor. Mientras sigamos permitiendo que el dolor se administre según la utilidad política de la víctima, seguiremos viviendo en un país donde la justicia es ciega, pero la memoria es selectiva y obediente… tomado de redes sociales”.

Este señalamiento nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda: en Colombia, los muertos tienen precio. La violencia no solo se ejecuta con balas, machetes o cadenas de impunidad; también se administra en la memoria pública. Unas muertes se elevan a tragedia nacional, mientras otras —las del pueblo, las de abajo— quedan condenadas al olvido.

Se trata de la sistematización de la violencia y la jerarquización del valor de los cuerpos según su raza, género, clase social o posición en el mundo. Porque sí, hay cuerpos que no importan, y no porque no deban importar, sino porque en este sistema, donde todo adquiere un valor mercantil, no todos valemos lo mismo, no todos importamos, no todos somos visibles.

El desafío está en desclasificar la memoria, romper con la obediencia de los medios, arrebatarles a las élites el derecho de decidir quién merece ser llorado y quién no. Porque aquí la muerte tiene estrato, la justicia se vende al mejor postor y la memoria se administra como mercancía.

No nos engañemos: mientras a los poderosos se les rinden homenajes nacionales, al pueblo lo entierran en fosas comunes de silencio. No es olvido: es estrategia. No es indiferencia: es política de exterminio. Y si dejamos que nos acostumbren a ella, terminaremos siendo cómplices de un país donde la vida de los pobres no vale nada y la muerte de los ricos lo vale todo.

Por eso, la memoria no puede seguir siendo un archivo obediente ni un altar reservado para las élites. La memoria debe ser trinchera, debe ser herramienta de lucha. Recordar a nuestros muertos es pelear contra su invisibilización, es arrancarlos del silencio que les imponen y devolverles la dignidad que el sistema les negó en vida. Porque mientras recordemos sus nombres y sus historias, este país no podrá seguir normalizando la impunidad.

No basta con indignarse; debemos organizarnos, hablar, visibilizar lo invisible y construir una sociedad donde la justicia no dependa del estrato, del apellido o de la conveniencia política.