Por Fredy Marquez

En la foto: Roberto Sánchez busca la nulidad de las elecciones en Perú.Fuente: CNN

Toda democracia descansa sobre un principio elemental: la confianza ciudadana en que el voto será respetado. Cuando esa confianza se deteriora, el resultado electoral, cualquiera que sea, deja de representar un punto de encuentro para convertirse en el inicio de un nuevo conflicto político. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el Perú tras las elecciones generales de 2026, pues han transcurrido 75 días desde el 12 de abril, fecha de la primera vuelta, y hasta el presente no se emite el resultado final. Es un hecho insólito en el mundo, y el sentimiento de recelo se acrecienta porque en los resultados de boca de urna de la segunda vuelta dieron como ganador al representante izquierdista. Luego, y con disimulo, anunciaron que la señora Fujimori igualaba y superaba levemente el primer anuncio. Se mantuvieron en sus trece y ahora tenemos presidenta.

La elección preparada soterradamente desde hace años para perpetuar el modelo neoliberal ha dado sus frutos. La lentitud del conteo oficial, en un contexto de avances tecnológicos que permiten procesar grandes volúmenes de información en tiempos reducidos, es interpretada como un intento descarado de amañar delictuosamente estas elecciones. Aunque una demora no constituye por sí misma una prueba de fraude, sí puede convertirse en un factor que debilita la credibilidad institucional cuando las autoridades no logran explicar de manera convincente las razones del retraso.

La desconfianza no nació durante el escrutinio. Es el resultado de varios años de confrontación entre los poderes del Estado, de denuncias sobre el debilitamiento institucional y de la percepción de que determinados grupos políticos de ultra derecha han incrementado su influencia sobre organismos cuya independencia resulta indispensable para el funcionamiento de una democracia. Cuando las instituciones dejan de ser vistas como árbitros imparciales y pasan a ser consideradas actores políticos, cualquier resultado electoral será cuestionado por una parte de la sociedad.

En ese contexto llega al poder una figura política profundamente controvertida como es la señora Keiko Fujimori. Sus promesas de campaña incluyen mano dura contra la delincuencia, lucha frontal contra la corrupción, promoción de la inversión privada y continuidad del modelo económico vigente. Sin embargo, existe una evidente contradicción entre esos compromisos y la trayectoria política del partido que representa.

La sombra del gobierno de Alberto Fujimori continúa proyectándose sobre la política peruana. Su condena por violaciones a los derechos humanos y corrupción marcó un antes y un después en la historia republicana. Por esa razón, muchos ciudadanos consideran paradójico que el principal discurso anticorrupción provenga precisamente del sector político heredero de ese legado. A ello se suman las investigaciones fiscales que durante años alcanzaron a la hoy presidenta electa por presuntos aportes irregulares a campañas electorales. Aunque en un Estado de derecho toda persona conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme, esas investigaciones han contribuido a alimentar la percepción de que la lucha contra la corrupción suele aplicarse con distinta intensidad según el peso político de los involucrados.

El papel desempeñado por el Congreso durante los últimos años también ocupa un lugar central en el debate nacional. Diversas leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria han sido cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil, especialistas y juristas, quienes consideran que algunas de ellas reducen los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos o dificultan la investigación de determinados delitos. Otras normas relacionadas con la actuación de las fuerzas del orden durante manifestaciones sociales han abierto una intensa discusión sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales.

En materia económica, probablemente no existan cambios sustanciales respecto del modelo aplicado durante las últimas décadas. Es posible que continúe el crecimiento de algunos indicadores macroeconómicos, impulsado por la inversión privada y la actividad minera. Sin embargo, el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza bienestar para toda la población. El Perú continúa siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad territorial de la región. Mientras algunos sectores acumulan riqueza, millones de ciudadanos siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos de salud, educación, agua potable y empleo digno.

Persisten, además, desafíos estructurales que ningún gobierno ha logrado resolver. La minería ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones, generando graves impactos ambientales y fortaleciendo economías criminales. La tala indiscriminada sigue afectando extensas zonas de la Amazonía, mientras numerosos ríos permanecen contaminados por actividades extractivas desarrolladas sin ningún control ambiental. La seguridad alimentaria y la transición hacia una mayor autosuficiencia energética siguen siendo tareas pendientes en un país que posee enormes recursos naturales, pero mantiene profundas brechas de desarrollo.

El panorama laboral tampoco resulta alentador para quienes esperan una mejora significativa de las condiciones de trabajo. Diversos sindicatos y organizaciones sociales expresan preocupación por la posibilidad de un debilitamiento de la negociación colectiva y por reformas que podrían flexibilizar aún más las relaciones laborales. También existe debate respecto de propuestas orientadas a elevar la edad de jubilación hasta los 75 años, medida que para muchos resulta difícil de justificar en un país cuya esperanza de vida presenta importantes diferencias entre regiones y grupos sociales.

Más allá de las fronteras nacionales, estos acontecimientos se presentan dentro de un escenario geopolítico más amplio. Desde esa perspectiva, América Latina atraviesa una nueva etapa de disputa entre las grandes potencias por el control de recursos estratégicos como el litio, el cobre, el agua dulce y las denominadas tierras raras, indispensables para el desarrollo tecnológico y la transición energética mundial. Estados Unidos busca preservar con la persuasión o con la fuerza de las armas, su influencia histórica sobre la región mediante alianzas políticas, económicas y militares. En ese marco suelen mencionarse referencias históricas como la Doctrina Monroe, formulada en 1823, cuyo principio de «América para los americanos» ha sido invocado en distintos momentos de la política exterior estadounidense, así como la idea del Destino Manifiesto, desarrollada a partir del año 1945 para justificar la expansión territorial de ese país invocando el mandato divino.

El mayor desafío para el Perú no consiste únicamente en aceptar el resultado de unas elecciones. El verdadero reto será reconstruir la confianza en el frente interno, actualmente dividido y sin capacidad de movilización. Ningún gobierno podrá ofrecer estabilidad si una parte significativa de la población considera ilegítimo el proceso que le dio origen. La democracia no se fortalece solamente mediante el voto; también requiere transparencia e independencia de los poderes del Estado.

Por los antecedentes violentos del partido ganador, existe un marcado rechazo de la población debido a que, frente a la denuncia de fraude, han manifestado que defenderán en las calles lo que llaman su democracia. Pueblo contra pueblo, luego llegará el aparato policial y los militares. Es la secuencia histórica de la lucha de clases instigada por el fascismo fujimorista.