Por Ruth Esther Laguado Zafra. Coordinadora Comité de Tierras de las Juntas de Acción Comunal.

En San Francisco de Asís, Acandí, Chocó, cariñosamente llamado “San Pacho”, nos zarandea la complejidad de la Vida. Este lugar es perfecto para conocer nuestro real tamaño como personas, porque aquí la naturaleza nos demuestra que la realidad no se desplaza sobre una línea recta y que la vida no obedece a la lógica binaria del sí o no, del bueno o malo, del blanco o negro.

Mucho se habla de la belleza de este paisaje, entre el Mar Caribe y la Selva del Darién, pero poco se dice acerca de todas las riquezas y ventajas estratégicas que lo convierten en una zona de interés geopolítico.

Es oportuno que visibilicemos la tragedia que se avecina para una población campesina mestiza, que habita una zona donde, milagrosamente, los grupos armados no despojaron a nadie de sus terrenos, y, paradójicamente, ahora está sentenciada al destierro por cuenta de la violencia institucional.

El problema empezó en junio del año 2002, cuando cinco funcionarios del INCODER crearon el marco legal perfecto para dejarnos sin tierra: indujeron al error a 31 vecinos para que conformaran un “consejo comunitario”, obviando decirles que legalmente se convertían en “comunidad negra”, y que eso implicaba la titulación colectiva del territorio. Con treinta y una firmas nos quitaron, a más de doscientas familias campesinas, el derecho constitucional de acceder a la tierra que habitamos.

Primero, impusieron la Ley 70, que fue interpretada como un permiso para la xenofobia en contra de los “no negros”, y poco a poco nos dividieron entre “los que se van a quedar” y “los que se tienen que ir”, creando un conflicto por la propiedad de la tierra.

Luego, incrementaron los impuestos prediales en más de mil por ciento, eso es una expropiación de hecho, solo tienes dos opciones: o vendes la finca para pagar los impuestos, o acumulas la deuda junto a las multas, intereses y recargos, entonces no podrás ni rentarla ni heredar ni venderla, y, finalmente, la embargan para rematarla y cobrar la deuda. Sí o sí, la pierdes.

Después, negaron la titulación individual a decenas de familias que habíamos iniciado el proceso, el argumento era “presunción de que el predio se encuentra en territorio de negritudes”.

Finalmente, el pasado 12 de julio de 2023, un equipo interinstitucional del Estado vino a contarnos que había una demanda de restitución de tierras que adelantaba COCOMASUR –Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Tolo y la Zona Costera del Sur-, en contra de nosotros.

En algunos documentos de COCOMASUR se dice que la Zona Sur de Acandí tiene “población afrodescendiente”, pero ese es un término muy ambiguo que abarca a las “personas de origen africano que viven en las Américas y que conservan prácticas culturales propias que las distinguen del resto de la población”. También se refiere a la herencia de la sangre africana, que, a la hora de hacer un examen de ADN, la llevaríamos prácticamente todos los colombianos. COCOMASUR no menciona la existencia de una población mayoritariamente mestiza que, además, exige la propiedad individual de sus predios.

Reconocemos y aprobamos que se proteja a las diversas comunidades, culturas y etnias que sobreviven en Colombia en estado de vulnerabilidad; sin embargo, no podemos aceptar que se busque reparar a unas víctimas causando un daño a otras víctimas. Históricamente las comunidades indígenas, negras y campesinas han sido las que siempre pierden en Colombia: nuestros derechos fundamentales se violan una y otra vez, ya sea a manos de los actores armados o en el cumplimiento de leyes que se dictan desde las ciudades sin tener en cuenta la realidad de los territorios.

No somos nosotros quienes diseñamos las guerras, los campesinos somos víctimas de la guerra, aunque no estemos registrados en la Unidad de Víctimas: nuestros hombres han sido carne de cañón, nuestras mujeres han sido violadas y asesinadas, hemos sido desarraigados con cada ola de violencia. Fue la guerra, en la “Época de la Violencia”, la que nos empujó desde Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, hacia esta zona del país, vinimos a tumbar la selva con la promesa de vivir en paz en nuestra tierra.

Reclamamos derecho de primeros ocupantes, hemos enfrentado multitud de dificultades, con el sueño de tener una tierra propia. Desde el principio, el poblado se conformó con chilapos (oriundos de Córdoba), con paisas (como se conoce en la región a todos los procedentes del interior del país), y con negros (originarios de la Costa Caribe), todos somos legítimos propietarios, ya sea que tengamos documentos de propiedad o no.

No conocemos casos de despojo o de abandono forzado en San Francisco, en nuestro territorio no ha existido confrontación armada (nada de bombardeos ni de balaceras). Si alguna persona dice que fue desplazada de San Francisco por la violencia de las armas, entonces, las Instituciones del Estado deben buscar a los responsables de esas violencias, para hacer justicia y reparar a las supuestas víctimas. Pero no seremos nosotros quienes paguemos los platos rotos: jamás hemos empuñado un arma contra un vecino para quitarle su tierra.

Para los campesinos la tierra es todo: refugio, alimento y trabajo, nuestra salud depende del contacto directo con la naturaleza, respiramos aire limpio y bebemos agua pura. Cuando nos quitan la tierra, nos quitan la vida.

Es imprescindible realizar las debidas caracterizaciones para establecer la historia real de estos poblados. Es urgente detener la demanda de restitución de tierras de COCOMASUR porque va en contra de nuestros derechos humanos y de nuestros derechos constitucionales. En la medida en que se les entreguen nuestros predios a los supuestos dueños, nuestras familias se verán forzadas a abandonar el campo y a migrar a las ciudades. Tenemos derecho a permanecer en el sitio que escogimos para vivir. El Estado no puede convertirse en otro agente del despojo, en un actor más de la violencia contra el pueblo: cuando nos quitan la tierra por medio de las armas y cuando nos la quitan por la ley, se nos están violando exactamente los mismos derechos.