Por Fredy Márquez Véliz

Imagen: picture alliance/dpa/E. Arias

Hemos escuchado con atención el discurso de toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori y, al concluir su lectura, la impresión que deja es que el país no ha recibido anuncios de verdadera trascendencia. Más bien, se ha advertido la reafirmación de un modelo económico y político cuya continuidad se sustenta en la Constitución de 1993, presentada por la mandataria ultraderechista como la norma que velará por los intereses de las mayorías pauperizadas del Perú. Como es conocido, esta Carta Magna fue concebida para garantizar la permanencia de un modelo primario exportador que, durante más de tres décadas, ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas estructurales del país. Las elevadas tasas de informalidad laboral, entre las más altas del mundo, y las permanentes exoneraciones tributarias concedidas a los grandes grupos económicos evidencian que el crecimiento económico no ha significado desarrollo para las mayorías. No se ha hecho un balance autocrítico de este aspecto medular de nuestra vida económica.

Tampoco pasó inadvertido el retorno de personajes estrechamente vinculados al régimen de Alberto Fujimori, como Martha Chávez y Alejandro Aguinaga, por ejemplo. Su presencia en las más altas responsabilidades nos hace pensar que este gobierno apuesta por la continuidad del viejo orden represivo antes que por una verdadera renovación política. Son los mismos actores que garantizarán la mano dura necesaria para preservar un modelo que beneficia a los sectores históricamente privilegiados.

El tono hipócritamente conciliador del mensaje presidencial contrasta, además, con un silencio imposible de justificar. La presidenta no dedicó una sola palabra a las más de setenta personas asesinadas durante las protestas producidas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. No hubo reconocimiento de que hay pendientes responsabilidades judiciales y penales para los autores de las masacres. No hubo pedido de perdón ni anuncio alguno de reparación para las víctimas y sus familias. Esa omisión debilita cualquier convocatoria a la reconciliación nacional. Los nombres de la expresidenta Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Otarola fueron silenciados clamorosamente. De esta forma, la deuda entre cómplices ha quedado por el momento saldada, sin embargo, el pueblo no olvida.

El anuncio más relevante fue, sin duda, la decisión de solicitar un estado de emergencia que permita la participación permanente de las Fuerzas Armadas en el patrullaje de las calles, acompañado de una fuerte inversión para equipar a la Policía Nacional y de un ambicioso programa de construcción de establecimientos penitenciarios. Incluso ha reiterado su propósito de levantar más cárceles que las construidas por Nayib Bukele. Esta estrategia aborda únicamente los efectos del problema. El crimen organizado, en todas sus expresiones, no constituye la causa de la crisis social, sino la consecuencia de un país que no ofrece empleo digno, oportunidades ni perspectivas de progreso para millones de ciudadanos. Sin una política decidida de modernización e industrialización capaz de transformar nuestra estructura productiva, difícilmente podrá enfrentarse de manera sostenible la inseguridad. Acá debemos detenernos para denunciar que esta disposición de controlar el crimen involucra solapadamente a los luchadores sociales defenestrados por el fujimorismo como delincuentes terroristas.

En materia laboral, el anuncio de elevar la remuneración mínima a S/ 1.300 resulta claramente insuficiente frente a una canasta básica que bordea los S/ 2.000. Más preocupante aún fue la escasa importancia otorgada a los derechos laborales. Apenas se formuló una exhortación para que los empresarios respeten las normas vigentes, sin mencionar la negociación colectiva, la estabilidad en el empleo ni las múltiples formas de contratación precaria que afectan a millones de trabajadores de los sectores público y privado, muchas de ellas incompatibles con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

También llamó la atención la composición de la delegación internacional presente en la ceremonia. La presencia del rey de España, a quien reiteró su vasallaje, contrastó con la ausencia del presidente socialista español, Pedro Sánchez, mientras que entre los invitados destacaron varios presidentes identificados con posiciones ultra conservadoras en la región, como los de Argentina, Bolivia y Ecuador, además de Uruguay y algunos otros de la misma laya. Una imagen reveladora de la orientación política que este gobierno busca proyectar en el escenario internacional. La ausencia de personalidades de los gobiernos progresistas del mundo que no se hicieron presentes se puede interpretar como que no van a convalidar un fraude electoral y menos las posiciones económicas y geopolíticas de este gobierno sometido a los dictámenes de la Casa Blanca.

En definitiva, el mensaje presidencial ha sido un discurso pensado para obtener el aplauso inmediato de las galerías, antes que para impulsar las transformaciones profundas que el Perú reclama. Se han renovado promesas que otros gobiernos también formularon sin cumplirlas. Entretanto, continúan intactos los problemas estructurales que condenan a millones de peruanos a la informalidad, la desigualdad y la falta de oportunidades.

El pueblo peruano está advertido.