Líderes sociales, ¿a los que no mató la guerra los matará la paz?

Por Diego Pérez

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Foto: confidencialcolombia.com

En los últimos meses han arreciado los asesinatos contra líderes y lideresas sociales y populares en diversas regiones del país. La situación tiene en alerta a las organizaciones sociales, desde defensoras de derechos humanos y reclamantes de tierra, hasta las  plataformas nacionales y la comunidad internacional.

Según el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado a mediados de marzo de este año, “en 2015 se registraron 295 ataques en contra de un total de 885 defensores, incluidas 310 mujeres”. El Programa Somos Defensores y la Oficina del Comisionado documentaron el asesinato de 63 defensores. La Oficina verificó 41 de estos casos y sigue monitoreando los demás. Las cifras superan el promedio de homicidios de los últimos 20 años. Además, la Oficina del Alto Comisionado también registró 20 tentativas de homicidio, incluidas nueve en contra de sindicalistas, 151 amenazas de muertes individuales y colectivas y 80 denuncias de vigilancia ilegal.

En 2015 se conocieron 39 panfletos amenazantes contra 211 mujeres, 298 hombres y 47 organizaciones sociales. Los elementos comunes de lenguaje, mensajes, personas y organizaciones mencionadas en los panfletos revelan, según el informe, un alto nivel de organización de los perpetradores.

En un comunicado firmado por más de 20 organizaciones sociales, enviado a los negociadores en La Habana el 15 de marzo de este año, se señala que en los tres primeros meses del año se han cometido 111 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre ellas, 54 que incluyen 28 asesinatos, fueron en el último mes (marzo). Las 15 regiones mayormente afectadas por estos hechos son: Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Sucre, Sur de Bolívar y Buenaventura.

Lo paradójico es que dicha situación se presente justo cuando se avanza en los últimos puntos de la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC-EP. La explicación más común, y en cierto sentido aceptada por muchos, es que cuando se acerca la firma de un acuerdo de paz y en los primeros meses (años) del posconflicto, la violencia tiende a agudizarse por la disputa de otros actores armados ilegales y las fuerzas del Estado sobre los territorios dejados por la guerrilla.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia, “es posible prever (de acuerdo con la experiencia internacional) que el fin de las hostilidades y la desmovilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas: ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras”. Según esta oficina, diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva.

Sin desconocer el argumento presentado, es importante ahondar en un análisis más sistémico de la situación: primero, el gobierno nacional y demás entidades del Estado responsables de garantizar la protección, se empeñan en mantener un modelo que ha mostrado su agotamiento e ineficacia para prevenir los riesgos y amenazas y para investigar y castigar a los responsables. Así, las políticas públicas de protección, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, no tienen otra finalidad que mantener y administrar el estado de cosas sin transformaciones de fondo.

Segundo, el gobierno y las FARC-EP han dicho que los acuerdos que se logren en la mesa tendrán un enfoque territorial y de derechos humanos. Lo que está demostrando la situación actual, que se convierte en un mal augurio de lo que será el “posconflicto”, es que estos dos enfoques se han traducido en modalidades para atacar a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Indígenas y afrocolombianos que reivindican sus derechos territoriales han sido asesinados y amenazados; líderes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, también han sido asesinados por exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos tras el paro nacional agrario, igual que reclamantes de tierras y desplazados.

Además, se están presentando reiteradas amenazas contra representantes de víctimas y miembros de ONGs defensoras de derechos humanos: seguimientos, robos de información y registros fotográficos coinciden con momentos claves de los procesos judiciales en los que se inculpa como responsables a agentes del Estado. Finalmente, los defensores de derechos humanos y trabajadores por la paz han sido amenazados por exigir el cese bilateral al fuego y hostilidades y por apoyar el proceso de negociación.

Tercero, el gobierno no debe ocultar más que las llamadas bandas criminales (BACRIM) son la nueva oleada paramilitar, que no solo se han expandido en el territorio nacional sino que están mostrando un grado creciente de sofisticación ideológica y organizacional. Para Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación (consultado en Semana.com| 2016/03/12), las bandas criminales actúan en tres modalidades: Algunas de ellas son grupos similares a las antiguas autodefensas, casi siempre comandadas por exmiembros de las AUC, que tienen relaciones con políticos, mandos de tropas gubernamentales, e incluso disputan territorio en combate con las guerrillas u otras bandas. Estos grupos cuidan intereses de testaferros de los negocios ilícitos y corresponden, según el analista, al 40 por ciento de lo que hoy son las bacrim.

Un 30 por ciento son grupos regionales que están solo para cuidar las rentas ilícitas, cada vez más jugosas. Pero el 30 por ciento restante, según Ávila, es el más delicado. “Son mercenarios y asesinos a sueldo, cuyo principal negocio es ‘vender’ violencia al mejor postor. Estos se prestan para matar a líderes sociales que resultan incómodos para los intereses de algunos grupos de poder en las regiones”.

El Clan Úsuga –o Urabeños–, la más grande de las nueve bandas que hay en el país, emplea, según afirma Ávila, las tres modalidades según la zona. “Así como en Chocó entran en combate con las FARC y el ELN; en Buenaventura o Barrancabermeja controlan bandas locales pequeñas y fragmentadas. Y cuando se trata de hacer limpieza social o guerra sucia contra la izquierda, se hacen llamar Águilas Negras”.

Cuarto, la guerra sucia ha sido la estrategia que el establecimiento y los distintos gobiernos de turno han utilizado para mantener el poder cuando lo han visto amenazado, bien sea por la insurgencia armada, por la izquierda política o por el movimiento social y popular. Parece que ahora sienten amenazado su poder por los acuerdos de La Habana y por la paz que comunidades y organizaciones sociales se aprestan a construir, autónomamente, en sus territorios.

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