Ríos Vivos cada vez más caudalosos

Por Juan Raúl Muñoz Tejada

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Foto: Movimiento Ríos Vivos

El pasado 14 de marzo, día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, aproximadamente 450 integrantes del Movimiento Ríos Vivos y habitantes provenientes del Norte, Occidente y Bajo Cauca antioqueño, afectados por el proyecto HidroItuango, decidieron volver a Medellín para la Movilización en Defensa del Agua y de los Territorios.


Juan Pablo Soler, integrante de la coordinación nacional de Ríos Vivos, recuerda que en marzo de 2013, 500 familias campesinas (más de 700 personas) llegaron a Medellín y permanecieron por 8 meses hacinados en el antiguo coliseo de la Universidad de Antioquia, intentando que se escucharan sus protestas frente a cómo la construcción de Hidroituango afectaba su forma de vida. Pero fueron prácticamente olvidados por las autoridades locales.

Soler, quien ha acompañado el proceso en Antioquia, le contó a El Colectivo para qué regresaron, qué han logrado en estos años de oposición al megaproyecto, cómo se alcanzó y lo que se viene para el Movimiento y las comunidades afectadas.

¿Por qué regresaron a Medellín?

Juan Pablo Soler: La principal razón es que nuestras demandas se encuentran vigentes. Hicimos una jornada de diálogo con la ciudad, recordándole que la crisis del agua es fundamentalmente incentivada por la gran minería y las grandes represas. Es necesario replantear el modelo económico y energético que se implementa a partir de estos megaproyectos.

Informamos que algunas obras del proyecto han sido suspendidas. En este caso, la construcción de una vía que conduce de la represa a Puerto Valdivia y ha vertido sobre el Río Cauca grandes cantidades de escombros. Esto termina sedimentando las aguas del Río; los peces migran, y si no hay peces no hay pesca. Puerto Valdivia, Valdivia y Caucasia  son poblaciones de pescadores y barequeros. Con los sedimentos se dificultan más las posibilidades de éxito en su trabajo.

¿Cómo los recibieron?

J.P.S.: Hubo bastante acogida. Había delegaciones del Bajo Cauca antioqueño que nunca habían salido a una movilización o actividad de Ríos Vivos. Nuestra apuesta de venir a la ciudad no es para bloquear vías ni pelear con la policía, sino para hacer nuestras reclamaciones pacíficamente.

Una consigna común es que si a nosotros nos desplaza una hidroeléctrica, no tiene sentido que haya desconectados en la ciudad. Por eso venimos articulando y fortaleciendo una posibilidad de encuentro entre los procesos rurales y los urbanos, diciéndole a la autoridad, a partir de esta experiencia, que no puede seguir planteando que este es un proyecto requerido por la ciudad cuando no se le está dando esa energía a quienes realmente la necesitan.

¿Qué harán cuando se levante la suspensión de esas obras?

J.P.S.: La suspensión se levantaría si se llegan a cumplir los requerimientos que hace la autoridad ambiental.

La lucha la hemos pensado a largo plazo, porque sabemos que la vida útil de Hidroituango, según Empresas Públicas de Medellín, son 50 años. No sabemos si después se va a demoler o se van a retirar los lodos, ni con qué dinero. Lo que sabemos es que también en ese momento las comunidades aledañas al río Cauca volverán a ser  afectadas.

Continuaremos haciendo un irrestricto seguimiento a la licencia ambiental del proyecto. Estamos haciendo alianzas y abriendo algunos espacios de participación con la autoridad ambiental, también con los promotores del proyecto. Porque no pueden seguir vendiendo el proyecto como de energía limpia, cuando la licencia ambiental se viene incumpliendo; tampoco pueden hablar de proyectos de desarrollo, cuando benefician solamente a pequeños sectores de la población.

¿Cuál ha sido la clave de este proceso?

J.P.S.: Desde mi percepción, la principal preocupación de la gente era la indemnización económica. Así que hablamos con la verdad para despertar conciencia. Pudimos mostrar que la indemnización, si lográbamos tenerla, era algo que nos iba a resolver la vida por pocos meses; pero de fondo, lo que estábamos perdiendo era el territorio donde iban a estar nuestros hijos y nietos. Los arrieros, barequeros, cocineras, agricultores, ya vemos este espacio (Ríos Vivos) como una forma de vida. Hemos hecho un ejercicio de transformación social, nos preocupamos por el otro, por ayudarle a solucionar los problemas personales y familiares.

¿Qué aprendieron de la ciudad?

J.P.S.: El olvido del campo. Hubo algunas organizaciones sociales que nos tendieron la mano, pero otras, a pesar de trabajar en derechos humanos, nos dieron la espalda.

Hay una desconexión abismal frente al saber de dónde vienen los alimentos y cómo se construye la economía en la ruralidad.

Aprendimos que las autoridades locales son indolentes, a pesar de tener una emergencia humanitaria por el hacinamiento que había en la Universidad de Antioquia. Nunca atendieron a los campesinos que no tenían colchonetas ni condiciones de un espacio seco para habitar.

Aunque hay esperanza: hubo sindicatos que apoyaron permanentemente nuestra comunicación, organizaciones de estudiantes, personas a título propio que estuvieron pendientes. Con ellas sabemos que contamos.

¿Cómo están los municipios en cuestión de orden público?

J.P.S.: El orden público se ha afectado sobre todo en Briceño. Es de público conocimiento que los asesinatos y también los retenes de paramilitares en esta zona se han venido incrementando. Han llegado amenazas a San Andrés de Cuerquia por parte de grupos al margen de la ley. Exigimos al gobierno que atienda este fenómeno, porque se nota una agudización del conflicto.

¿Qué se viene?

J.P.S.: Nos queda seguir fortaleciéndonos. Y que los más afectados por el proyecto sepan que Ríos Vivos es una de las posibilidades para agruparse y reclamar por sus derechos. El ejercicio de luchar por un ambiente sano y tener el agua en buenas condiciones y en cantidad suficiente, beneficia también a los afectados que están en cada uno de los cascos urbanos de los municipios, y a los trabajadores de la empresa a quienes les decimos que deben organizarse.

El gobierno departamental adquirió varios compromisos; el más importante tiene relación con la firma de un decreto por medio del cual nosotros esperamos constituir un espacio para dar seguimiento permanente al proyecto. Allí se tratarán las reivindicaciones, las demandas que hemos hecho, y en este caso, la Gobernación, que es el principal accionista del proyecto con el 53% de las acciones, se comprometió a dar atención a todas estas demandas sociales, entre las que sobresalen la inclusión de todos los afectados por el proyecto en el censo de EPM, el derecho a un ambiente sano y el reconocimiento del barequeo como una práctica amigable con el medio ambiente.

Nos toca seguir invitando a la gente para que vaya al campo y a nosotros seguir viniendo a la ciudad para reconstruir relaciones.

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