Mineros en Amalfi, afectados por obras de proyecto hidroeléctrico

Por Yeison Camilo García

Fotos: Yeison Camilo García

Desde el año 2014, la empresa Generadora Luzma S.A.S. inició las obras de construcción de un proyecto hidroeléctrico ubicado en jurisdicción de las veredas La Manguita y Salazar del municipio de Amalfi, Antioquia. Ahora, los mineros asentados en la orilla del río Riachón –cuyo caudal será aprovechado para producir energía– denuncian afectaciones a sus condiciones de vida y al medio ambiente.


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Amalfi es un municipio de tradición minera que se encuentra ubicado sobre la cordillera central, en la subregión del Nordeste de Antioquia. Su único corregimiento y sus 54 veredas se extienden a lo largo de la margen derecha del río Porce. Aquel define su paisaje, marcado por un cañón profundo en el cual desembocan otros afluentes y montañas cubiertas con bosque primario.

Esas condiciones geográficas y geológicas convirtieron al municipio en objetivo para la construcción de proyectos de generación hidráulica de energía. Una de las empresas que se interesó por ese potencial fue la Generadora Luzma, que está construyendo dos pequeñas centrales hidroeléctricas denominadas Luzma I y Luzma II. Una vez entren en operación, cada una generará 19,9 megavatios.

Aquellas pequeñas centrales estarán localizadas entre las veredas Salazar y La Manguita, y aprovecharán la fuerza de caída del río Riachón en su cuenca media y baja. En la primera vereda, la empresa SP Ingenieros está construyendo las obras correspondientes a la zona de captación del caudal, mientras que en la segunda construye las correspondientes a las casas de máquinas I y II. Ambas veredas estarán conectadas a través de un túnel de conducción del líquido que atravesará la montaña.

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Para que las obras iniciaran entre marzo y agosto de 2014, el Ministerio de Minas y Energía avaló dicho proyecto hidroeléctrico a través de la Resolución 157 de marzo de 2011. En efecto, declaró “de utilidad pública e interés social” al proyecto hidroeléctrico y los “terrenos indispensables” para la construcción y operación del mismo: 640 hectáreas. No obstante, esa área incluye varias fincas de campesinos y mineros en las dos veredas.

Las obras han avanzado alrededor de un 50% y la meta es que el proyecto entre en operación en 2017. El terreno de La Manguita, que antes estaba cubierto por vegetación y fauna silvestre, ahora parece un laberinto de carreteras y depósitos de tierra colorada. Además, ya hay tramos de tubería de presión enterrada para transportar el agua cuando salga del túnel (1,9 kilómetros) y hacer que descienda hacia la casa de máquinas I –de la cual ya existen cimientos– y, posteriormente, la II.

Esas obras, sumadas a las que se adelantan en la zona de captación en Salazar, que incluyen la construcción de un tanque de recarga y parte del túnel de conducción, han empezado a generar impactos negativos para las comunidades asentadas en las zonas de influencia y el medio ambiente. Así lo denunciaron los campesinos y mineros ante este medio, durante una visita realizada a Amalfi entre el 20 y 23 de abril.

Ranchos sin cultivos y mineros sin minería

A 40 minutos en moto desde el casco urbano de Amalfi se halla la vereda La Manguita. Y transitando por la carretera hacia las casas de máquinas I y II, que solía ser un camino de herradura usado para ir hasta el río Riachón, se llega a la finca La Esperanza. Desde hace aproximadamente diez años, cuando esa propiedad aún pertenecía a los socios de Inversiones Ruíz Muñoz S.A.S., estos le permitieron a un grupo de mineros permanecer cerca del afluente y establecer condiciones para vivir.

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Allá, en dos sectores de esa finca denominados por los habitantes como Desemboque Riachón, donde están asentadas alrededor de 28 familias –unas 56 personas–; y La Platanera, del cual aún no hay censo, ellos echaron raíces. Unos cerca de otros, construyeron sus ranchos con tablas de madera y techos de plástico negro, sembraron cultivos de pancoger: plátano, yuca y árboles frutales, y se dedicaron al barequeo como actividad económica de subsistencia.

Sin embargo, Inversiones Ruiz Muñoz le vendió esa finca a Generadora Luzma. Y eso afectó a los mineros porque implicó un cambio de dueño y de uso del terreno en el cual se encuentran sus familias. En diciembre, la empresa ganó una demanda de expropiación judicial sobre 5,8 hectáreas, donde se encuentra un lote que los mineros denominan La Vega y donde está una parte de sus cultivos y seis ranchos.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJosé Darío Tapias, habitante de Desemboque Riachón desde hace doce años, contó que debido a las presiones de la empresa tuvo que vender los cultivos de pancoger que tenía en La Vega. Como él, varios mineros cedieron sus sembrados sin que existiera una tabla de valores unitarios con precios justos. El pasado 14 de abril, una máquina excavadora tumbó sus cultivos y los de algunos vecinos. Otros, se opusieron con abogado e impidieron que continuara el procedimiento.

Respecto a los ranchos, Humberto de Jesús Galeano, líder minero, comentó que por ahora Generadora Luzma les ha permitido seguir habitando indefinidamente en ellos. Sin embargo, tienen prohibido cultivar y cazar, cortar árboles para cocinar –porque no tienen conexión eléctrica– o ampliar los ranchos… Pero, “¿cómo puede uno vivir en esas condiciones?”, se pregunta; también lo hacen sus vecinos del sector de La Platanera, quienes tienen las mismas restricciones.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMaría Margoth Jiménez trabaja como barequera desde hace catorce años en la zona donde desemboca el río Riachón al Porce, y vive con su hija menor en el sector La Platanera. Según afirmó, le preocupa que le prohíban la minería porque sin esa actividad y sin cultivos de pancoger no tendrían de qué subsistir. Pero aun si le permitieran continuar ahí, el oro será más difícil de hallar artesanalmente cuando la empresa desvíe el río y su caudal disminuya.

Antes de llegar al grado de tensión actual entre Generadora Luzma y quienes estaban asentados en la finca La Esperanza, hubo un intento de conciliación amigable a mediados del año pasado, pero no llegaron a acuerdos. En ese momento, los mineros propusieron ceder las mejoras realizadas en el terreno –durante más de una década de posesión– a cambio de ser compensados con una vivienda digna y una indemnización por motivo de pérdida de la actividad minera.

Según Humberto, la empresa no ha cumplido a cabalidad los artículos 10 y 2 de la Ley 56 de 1981 del Congreso de la república. Allí se establece que para pagarles a los propietarios de los predios donde se desarrollan obras públicas de generación eléctrica, y a los poseedores por las mejoras, se debe constituir una comisión tripartita, integrada por un representante del proyecto, otro de la comunidad y uno más del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Ellos tres, cuya experiencia en avalúo de inmuebles debe ser comprobada, tendrían como función elaborar un manual de valores unitarios, aprobado por el Ministerio de Minas y Energía. Y a partir de ese documento, que de existir aún no ha sido socializado por la empresa, se establecería la base para pagar los cultivos, los ranchos y la pérdida de la actividad económica, y resolver futuros conflictos de intereses.

En todo caso, los mineros intentarán nuevamente convenir mecanismos justos para ceder las mejoras que han hecho en el territorio. Para ello, cuentan con la asesoría de la abogada Luz Estela Buriticá, quien es la apoderada de casi todos. Ella aseguró que la primera semana de mayo radicará una acción de grupo con el objetivo de conseguir una conciliación o, en últimas, una indemnización por “los perjuicios materiales, morales y de otro tipo” que les ha ocasionado Generadora Luzma.

Mineros solicitan nuevamente audiencia ambiental

OLYMPUS DIGITAL CAMERALos mineros asentados en Desemboque Riachón y La Platanera, así como los propietarios de fincas vecinas en La Manguita y Salazar, señalaron que las obras de construcción de Luzma I y Luzma II han generado perjuicios ambientales. Destacaron la contaminación de los nacimientos de agua con sedimentos de tierra y su secamiento progresivo debido a la tala de árboles.

Además, enumeraron otras consecuencias relacionadas con la apertura de vías de acceso y la construcción e instalación de infraestructura hidroeléctrica, como la contaminación producida por el ruido y el polvo, y presuntos daños geológicos ocasionados por las explosiones controladas y el tránsito de maquinaria pesada, que habrían generado agrietamientos en algunas viviendas.

Por eso, 127 mineros y campesinos que se sentían afectados por la ejecución del proyecto de generación eléctrica le solicitaron el año pasado a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) una audiencia ambiental. Humberto precisó que esa entidad admitió el trámite en octubre y lo declaró iniciado, pero en diciembre declinó y respondió sin haber escuchado a la comunidad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALa respuesta que obtuvieron de la Oficina Territorial Zenufaná, añadió el líder, se redujo a dos visitas de funcionarios de esa dependencia al proyecto hidroeléctrico. Supuestamente no identificaron anomalías en el cumplimiento de la licencia ambiental. Según el documento a través del cual notificaron esa decisión, Generadora Luzma estaba cumpliendo a cabalidad las pautas de cuidado ambiental durante la ejecución de sus obras.

Insatisfechos –y preocupados– con esa respuesta, los mineros están gestionando nuevamente una solicitud de audiencia ambiental, a la cual pueda asistir cualquier habitante del municipio. Pero esta vez requieren enfáticamente ser escuchados, según lo manifestó Luis Eduardo Velásquez, líder comunitario de la vereda Salazar. En su opinión, “Corantioquia se está prestando para que ellos –los dueños de la empresa– hagan aquí el proyecto como quieran”.

En últimas, los mineros coinciden en que la licencia ambiental, y la veeduría de Corantioquia, debería ser una garantía para que en las comunidades mejoren las condiciones de vida –o al menos no empeoren– durante y después del inicio de la operación del proyecto. Pero les preocupa que hasta ahora ni siquiera han socializado el plan de contingencia para mitigar y remediar los impactos negativos. Y, de hecho, dudan de su existencia.

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