Protestas de trabajadores y pobladores en Castilla La Nueva y Acacias (Meta)

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Por José Abelardo Díaz Jaramillo

Desde hace varios días un tenso conflicto social y laboral se registra en las poblaciones de Castilla La Nueva y Acacias (departamento del Meta), en donde están ubicados importantes campos para la extracción de petróleo. La situación es delicada, al punto que Ecopetrol debió suspender las actividades en numerosos pozos. Trabajadores y pobladores locales han presionado a las autoridades del departamento y a representantes de la empresa, para entablar un diálogo que divise soluciones a sus reclamos: vinculación de mano de obra local para laborar en los campos petroleros, mejores salarios y condiciones dignas de contratación.

Los hechos

En la madrugada del pasado 11 de febrero, un grupo de personas (entre 90 y 200) con los rostros cubiertos, ingresó a los Campos Castilla, Chichimene y CPO-9 2. Allí prendieron fuego a los equipos de perforación y de regulación de la producción de petróleo, y destruyeron una línea de 115 voltios en el Centro de Disposición Castilla, obstruyendo la energización del campo. Los daños ocasionados obligaron a parar las labores en la estación Castilla 1 y Castilla 2, lo que impidió la extracción de 200.000 barriles diarios en los días siguientes, cerca del 23% de toda la producción del país. Las pérdidas, según estimativos de Ecopetrol, se calculan en 60.000 millones de pesos.

En los días siguientes la situación empeoró. A la quema de dos retroexcavadoras de un proveedor local de Acacías al servicio de una empresa contratista y de los contenedores donde se ubicaba un laboratorio de pruebas, se sumó el bloqueo de las vías de acceso a los campos y la quema de interruptores eléctricos de las estaciones. Además, se unieron a las protestas los habitantes de los dos municipios, quienes realizaron marchas por las calles, que terminaron en enfrentamientos con el Esmad, de lo cual resultaron heridos miembros de la policía, trabajadores y ciudadanos.

No es la primera vez que ocurren hechos de este tipo en los campos de extracción mencionados. En agosto de 2017, Ecopetrol denunció actos contra la infraestructura petrolera allí establecida, y meses atrás (mayo), puso en conocimiento que, por una “ola de actos de violencia” en el Campo Chichimene, se debieron suspender las actividades de extracción. Con esas acciones, personas vinculadas a la Corporación Comunitaria de Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa San Isidro de Chichimene (CJAID), quisieron expresar sus molestias porque las políticas de contratación de Ecopetrol discriminaban a los habitantes de la región. Así desconocía lo estipulado en el Decreto 1668 de 2016, que señala la priorización de la contratación de mano de obra local en los lugares donde se extrae el crudo.

Inconformidades

En las protestas recientes el factor detonante fue el traslado de 16 personas -empleados directos, como lo reconoció José Cotello, vicepresidente de Ecopetrol Regional Orinoquia-, a laborar en los campos de explotación petrolera, lo que despertó la indignación de los pobladores locales que anhelan engancharse a través de alguna empresa contratista. Según Ecopetrol, la caída de los precios del crudo a escala mundial ha ocasionado un decaimiento en la inversión petrolera, afectando la contratación de mano de obra en las regiones donde están ubicados los campos de extracción. Por eso mismo, para los pobladores es incomprensible entender por qué, si hay problemas para la contratación, Ecopetrol vincula a personal de otros lugares del país a los campos de Castilla y Acacías.

Sin embargo, ha habido otros motivos para protestar. Por ejemplo, las condiciones en que son contratados los trabajadores o las obligaciones que deben contraer para permanecer en sus puestos. La Unión Sindical Obrera, al respecto, ha denunciado las medidas que, tomadas de manera unilateral por las empresas contratistas y de servicios, cercenan a los trabajadores derechos y garantías, despidiendo sin justa causa y sin indemnización a quienes se oponen.

Además, muchas familias que han construido formas de sostenimiento económico en torno a la dinámica de los trabajadores en los campos de extracción (hoteles, restaurantes, vestuarios, transporte, etc.) se han visto afectadas por la crisis petrolera. Este hecho suele asociarse al dinamismo económico (bonanza) que estimula la extracción de petróleo en las regiones. Al decaer la producción del crudo, se contratan menos trabajadores, lo que altera las cadenas económicas que están asociadas a su presencia como consumidores, perjudicando a quienes dependen de aquellas.

Los sentidos de la protesta

La dimensión que tomó la inconformidad social obligó al Estado y a los gobernantes locales a intervenir para garantizar el funcionamiento de los campos petroleros y reestablecer el orden. Se realizó un consejo de seguridad con autoridades civiles y militares, para “controlar los desmanes y devolver la tranquilidad”. Para ello elaboraron y difundieron una interpretación contrainsurgente de las protestas. Para Ecopetrol, por ejemplo, lo de los últimos días no fueron más que actos de vandalismo y sabotaje, e incluso pretendió conectarlos con el paro nacional armado que decretó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en días pasados. Los presidentes de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, y de Asobancaria, Santiago Castro, por su parte, condenaron las acciones y reclamaron más autoridad y judicialización para quienes participaron en esos hechos.

Los promotores de las acciones, sin embargo, dieron una dimensión política diferente a lo ocurrido, poniendo sobre la mesa las angustias que padecen sectores de la población que no cuentan con posibilidades de trabajo y sostenimiento diario en actividades distintas a las que giran en torno a la producción de petróleo. La fiebre del petróleo, por años, confundió o desorientó a la población, y hoy, municipios como Castilla La Nueva no están preparados para afrontar la crisis económica que padecen. Consecuente con esa lectura, los inconformes lograron instituir una mesa de diálogo con representantes de Ecopetrol y autoridades nacionales (Ministerios de Gobierno y de Trabajo), departamentales y locales, para buscar soluciones a la crisis social.

Que pobladores y trabajadores de dos municipios hayan logrado detener las actividades de extracción de campos petroleros de importancia estratégica para el país es un hecho significativo. Da cuenta de las complejas contradicciones que acompañan la fiebre estatal del extractivismo. Por lo pronto, la mesa de diálogo entre los inconformes y las autoridades aún sigue abierta, lo que quiere decir que, luego de quince días de iniciado, el conflicto no se ha resuelto.

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