El patrón mono nunca nos negó el trabajo

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Fotos: Ríos Vivos (Antioquia)

Por RAFE y Ríos Vivos Antioquia

200 habitantes de las playas del cañón del río Cauca se movilizan desde febrero en Sabanalarga (Antioquia) para denunciar la vulneración recurrente de sus derechos por parte de EPM y la Gobernación de Antioquia en la ejecución de Hidroituango. La tala del bosque seco tropical, ecosistema característico de la región, es adelantada por Refocosta, compañía contratista del proyecto, como etapa previa a la inundación del embalse. Este proceso ha puesto en riesgo la vida e integridad física de los habitantes de las playas y ha evidenciado, una vez más, las formas agresivas y no participativas en que se desarrolla la obra.

Crónica de un desalojo… siempre violento

Era 12 de febrero y en las playas del cañón llovía con fuerza. Las comunidades campesinas, barequeras, arrieras y pescadoras, ajustaban siete días de encuentro pacífico en defensa de sus derechos como habitantes ancestrales del río y sus márgenes, y en defensa de su vida, indisolublemente ligada a los flujos del Cauca.

Las máquinas de Refocosta llegaron al cañón para desangrar el bosque: la ceiba, el orejero, el cedro y el samán morirán para siempre, ya no serán batea, fruto, ni sombra. No vinieron solas al sepelio pues los escuadrones del miedo garantizaban su avance; la disolución violenta de una concurrencia pacífica amerita la visita de un viejo conocido: el ESMAD. Por tierra rodaron niños y mujeres, a fuerza de golpe y gas los habitantes del cañón fueron arrancados del río y del bosque, ya que, si seguían allí, morirían con ellos. Y no es un eufemismo, funcionarios de Refocosta amenazaron de muerte a los barequeros de la zona. Los troncos y piedras que se desprenden de la tala han caído a las playas, casas y lugares de trabajo, se han llevado la vida de Ovidio Zabala en 2016, ¿cuántas más se llevarán?

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Este despojo violento es uno más de los adelantados de manera ilegal por EPM y la Gobernación de Antioquia. En 2010, barequeros de la Playa El Capitán fueron sacados en helicóptero y arrojados a la plaza de un municipio sin más protección que su ropa; sus herramientas de trabajo fueron lanzadas al río. En 2015, los habitantes de La Arenera, en Toledo, vieron caer la valla que contenía sus códigos de desplazamiento como víctimas del conflicto en un desalojo violento, vieron también su revictimización a manos de un Estado que privilegia intereses privados sobre los derechos de las víctimas. El Alcalde de Puerto Valdivia sugirió a Marta Lucía Rodríguez: “Póngase un lazo, lo amarra a una piedra y se arroja al río, porque yo no puedo hacer nada”, después de que ella le preguntara qué podía hacer para volver a su casa, afectada por la construcción del primer túnel del proyecto en Puerto Valdivia.

Estos y otros desalojos incumplen los lineamientos estipulados por Naciones Unidas para el desarrollo de proyectos de gran envergadura: las comunidades desplazadas por proyectos de “desarrollo” no pueden ser desalojadas sin tener resueltas sus condiciones económicas, de vivienda y de vida. Desde los inicios de la obra, las comunidades ribereñas han expresado su angustia y descontento con el censo realizado por EPM para identificar y reparar la población afectada por la implementación del proyecto. Cristóbal Giraldo, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos -ASVAM ITUANGO, afirma que “la negociación que hizo (EPM) fue muy injusta con algunos de los barequeros que habíamos quedado censados”. Muchos barequeros manifestaron no haber sido informados o enterarse tardíamente del mismo. En reunión preparatoria a la Audiencia Pública Ambiental del 17 de diciembre de 2011, EPM prometió no adelantar la tala de la capa vegetal mientras hubiese barequeros en las playas. Sin embargo, desde febrero, la empresa Refocosta adelanta labores de tala que ponen en riesgo la vida de los habitantes de las playas ante inminentes derrumbes.

La población afectada, agrupada en el Movimiento Ríos Vivos, denuncia la violación reiterada de sus derechos y el incumplimiento de los pactos establecidos con EPM y la Gobernación. Como dice Genaro Graciano, defensor del agua de la vereda Georgia Ituango, “los principios de autonomía y dignidad no los vendemos, y nosotros en el campo siempre los hemos tenido. Lo que estamos pidiendo es que nos ofrezcan otro río para trabajar. Seguiremos luchando a pesar de la incertidumbre, de que al llenar la represa las afectaciones no van a ser reconocidas”.

En Perspectiva…

Por las pendientes escarchadas del páramo de Sotará (Valle del Cauca) resbala el Bredunco, el Patrón Mono, nombre que recibe el inmenso Cauca. Sus aguas se deslizan con ímpetu entre la cordillera central y occidental; 7 departamentos y 150 municipios son alcanzados por su corriente antes de fundirse en las aguas del Magdalena en Brazo de Loba, Bolívar. Sin embargo, el curso del río será interrumpido en el Cauca Medio, en la represa de Hidroituango, el megaproyecto más grande del país, que pretende generar 2400 MW en un embalse de 79 kilómetros y afectará más de 26 mil hectáreas del bosque seco tropical.

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En 2010 se inició la construcción de la obra. Desde entonces los habitantes del cañón del río Cauca han sufrido una trasformación acelerada de sus formas de vida y trabajo, como dice Marta Serna Posada, secretaria de la Asociación de Víctimas de San Andrés de Cuerquia, ASVAM: “EPM dice que la vida nos la ha cambiado, y sí, nos la ha cambiado bastante; nos dispersaron, quedamos sin empleo, porque antes el que sufría necesidades era que tenía pereza de trabajar, pero el Patrón Mono nunca nos negó trabajo”. Para Carlos Mario Rodríguez, integrante de ASOMINAB -Asociación de Mineros de Sabanalarga, “el paro lo hacemos porque nos sentimos muy afectados, ya que obligatoriamente tendremos que salir de estas playas. Yo permanezco aquí la mitad del tiempo, la otra mitad me quedo en la finca cultivando plátano, yuca, maíz. El río es el que nos desembala el tiempo difícil en el campo. Nos van a sacar obligadamente, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Nadie responde”.

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