Persecución estudiantil en el Tecnológico de Antioquia

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Fotografía: Cortesía del Colectivo Alternativa Estudiantil T. de A.

Por Jhon Mario Marín Dávila – Andrés Muñoz Marín

Según las declaraciones emitidas por el ENEES (Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior) realizado del 14 al 16 de septiembre de 2018, la educación en Colombia atraviesa una crisis producto del modelo neoliberal, que se evidencia en la desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior, en el desmonte progresivo del bienestar institucional, la falta de garantías para la permanecía estudiantil, la poca inversión en infraestructura, el bajo presupuesto para los docentes de planta y la poca formación investigativa en el interior de las universidades públicas. El déficit, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), es de 16 billones de pesos, y va en aumento, ya que su presupuesto se ajusta anualmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los gastos de estas instituciones por nómina e inversión en sus programas misionales y aumento de cobertura se incrementa alrededor del 10% anual.

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), por medio del acuerdo 2034 de 2014, debilita la educación superior en Colombia, porque la concibe como una mercancía y no como un derecho fundamental, y afecta la financiación que requieren los establecimientos universitarios públicos, buscando fortalecer alianzas con entidades crediticias como el ICETEX. Es pertinente resaltar que en dicho Consejo participan 16 integrantes, de los cuales 3 son estudiantes y profesores universitarios que tienen voz, mientras que los otros 13 son del gobierno central; de esta manera se niega la participación política estudiantil y profesoral, principales protagonistas del proceso educativo.

Alrededor de esta crisis, se han manifestado y movilizado miles de estudiantes en defensa de la educación pública y por el derecho a la misma. En este caso se hará énfasis en la represión que se da sobre los estudiantes del Tecnológico de Antioquía, pertenecientes al colectivo “Alternativa Estudiantil T de A”. Por evidenciar en asambleas, reuniones informativas, panfletos, campamentos estudiantiles y redes sociales la crisis financiera, de corrupción, de bienestar institucional e inversión en el área de investigación, han sido víctima de medidas represivas por la administración universitaria, llegando incluso a sanciones disciplinarias contra de los estudiantes.

A los estudiantes Brean Acosta, de trabajo social, y Jorge Zapata, de administración pública, la Administración les realizó proceso disciplinario el jueves 13 de septiembre de 2018, por pegar publicidad y convocar a asamblea general de estudiantes para conversar sobre la coyuntura nacional y local que vive la educación. El mismo 13 de septiembre, cuando fueron citados por la Administración, recibieron la noticia de la suspensión por dos periodos académicos. Jorge Zapata afirma que, “se saltaron el conducto regular, aplicándonos la pena máxima y ni siquiera nos hicieron el llamado por escrito, ni nos notificaron, sino que fue directa la suspensión”. Entre tanto, los directivos les han expresado a los demás estudiantes lo siguiente: “No les hagan caso a los anarquistas que quieren volver el Tecnológico de Antioquia como otras instituciones”. Esto se constituye en un claro desconocimiento del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”; y del artículo 20 de la CPC que reza: “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”.

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Fotografía: Cortesía del Colectivo Alternativa Estudiantil T. de A.

El colectivo “Alternativa Estudiantil T de A”, que existe hace más de año y medio, en su mayoría está conformado por estudiantes de trabajo social. Desde su creación ha generado cuestionamientos por la crisis educativa y por la forma como se han venido manejando los recursos de la institución. Por ello sus integrantes han recibido una serie de señalamientos por parte de la Administración, que afirma, incluso, como si fuera motivo de censura, que dichos estudiantes son “jóvenes rebeldes anarquistas”. De hecho, sus señalamientos no se han dirigido solo contra los integrantes del colectivo, sino también, en algunas ocasiones, contra el programa de Trabajo Social.

Numar Lopera, estudiante de Trabajo Social, afirma que “de una u otra manera, es una estigmatización supuestamente por ser ‘rebeldes’. Tan poco les importa la calidad de la profesión de Trabajo Social, que en el momento solamente contamos con un profesor vinculado, que no es trabajador social sino sociólogo. El resto de los profesores son de cátedra”. En la actualidad, el programa de Trabajo Social cuenta con cerca de 60 profesores, de los cuales 14 son trabajadores sociales. “Teníamos un semillero de investigación –cuenta Numar–, pero a la docente que lo orientaba no le renovaron contrato, sin justificación alguna”.

Los estudiantes del Tecnológico han cuestionado, además, los 10 años o más de cargo que lleva el rector Lorenzo Porto Carrero y las celebraciones de contratos de la Universidad con entidades como Constructora Colpais S.A.S, inmersas en escándalos de corrupción. Por esta razón también han sido víctimas de persecución dentro de la Institución. Juan Aristizábal, estudiante de trabajo social, afirma que “ya se empieza a evidenciar una vigilancia constante (a los estudiantes que quieren promover movilizaciones y asambleas) por medio de las cámaras y rondas del cuerpo de vigilantes en el espacio donde se reúnen para dialogar. En el marco de un campamento estudiantil que se realizó hace poco, los celadores anotaron el nombre de los estudiantes que organizaron dicho campamento, anexándoles en el nombre ¡estudiante rebelde!”

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Fotografía: Cortesía del Colectivo Alternativa Estudiantil T. de A.

Otro líder estudiantil, que ha pedido omitir su nombre, afirma que “por el miedo, callan los estudiantes y dejan de actuar. Pero este colectivo va hasta las últimas consecuencias, sin importar las persecuciones, ya que no estamos haciendo nada ilícito, estamos siguiendo al pie de la letra la Constitución Política de Colombia, ejerciendo nuestro derecho a la manifestación, justicia, libre expresión y agremiación”.

Según comentan los estudiantes, esta persecución institucional es grave, pues estamos en medio de una cultura dominada por paramilitares y actores estatales que convierten en objetivo militar a todo liderazgo que promueva el cambio social. Por eso, el colectivo “Alternativa Estudiantil T de A” ha denunciado este suceso ante la Corporación para los Derechos Humanos de Colombia (CORDEHCO), para garantizar la seguridad y la integridad de los estudiantes.

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