Sumar voces en defensa del río Samaná

La cuenca del rio Samaná del Norte, ubicada en las estribaciones de la cordillera central, comprende 2656 kilómetros cuadrados. Va desde el páramo de Sonsón y abarca los municipios de Sonsón, Argelia, el Carmen de Viboral, San Francisco, SanLuis, San Carlos, Caracolí y Puerto Nare. Es uno de los pocos ríos del planeta que permanecen libres de represas o canales que se interpongan en su cauce natural; además, constituye un paraíso de biodiversidad con un alto grado de endemismo. Según un estudio del departamento de biología de la Universidad de Antioquia, los bosques de la zona poseen tal diversidad de especies que asombra a investigadores y visitantes.

Foto del río Samaná. Tomada de kavilando.org

Por Carlos Olaya

Hoy, este valioso patrimonio ambiental se encuentra amenazado por las empresas del sector eléctrico. Celsia pretende construir la hidroeléctrica Porvenir II e ISAGEN la hidroeléctrica de Palagua. EPM mantiene el proyecto Guayacanes en el río Santo Domingo, uno de sus principales afluentes, e inversionistas privados disponen de licencias para múltiples hidroeléctricas en el área.

Sobre esta situación, el 18 febrero de 2017 el periódico El Espectador, en su sección ambiental publicó: “La bella durmiente del Samaná”, donde advierte que el río Samaná, uno de los más espectaculares de Colombia, por su belleza y conservación, se encuentra en peligro por la construcción de represas.

En el cañón del Samaná hay 35 especies de reófitas, entre las que se destacan helechos, palmas, anturios y cordoncillos. Algunas de estas especies no pueden encontrarse en ningún otro lugar del mundo; una de ellas es la Cuphea fluviatilis, una hermosa hierba de hojas pequeñas y angostas, con atractivas florecitas blancas, descubierta apenas en 2009. Otra es una palmera pequeña y delgada, desconocida para la ciencia hasta el año pasado; su hábitat está reducido a una franja de 15 metros de ancho en cada orilla del río y a lo largo de 30 kilómetros, es decir, una extensión menor que el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Estas especies, que tardaron millones de años en evolucionar y están confinadas a este pequeño rincón del planeta, adaptadas a las condiciones particulares del río, pueden desaparecer de un momento a otro si se permite la construcción de represas en el río.

Por otro lado, los ingenieros Alejandro Franco, Kelly Marcela Cantón y Adriana Ávila, funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), declararon en una entrevista concedida a Blu Radio, que intervenir el río Samaná era inconveniente, no solo por el impacto ambiental, sino por las consecuencias sociales y económicas de este tipo de intervenciones.

Los tres funcionarios de la ANLA emitieron concepto negativo para el proyecto Porvenir II, indicando que el 50% de la población económicamente activa en el área de influencia depende directamente de los recursos del rio (de la pesca y minería artesanal). También señalaron que el 59 % de habitantes del área son víctimas de la violencia que han retornado a sus tierras y que el represamiento del rio Samaná los obligaría a desplazarse nuevamente. Asimismo, notificaron que existían procesos de restitución de tierras en el área de influencia directa del proyecto que, según la Unidad de Restitución de Tierras, aún no habían sido resueltos.

Luego de entregar el concepto negativo, el contrato de ninguno de los tres funcionarios fue renovado. Al ser cuestionado el hecho, los directivos de la ANLA indicaron que tenían la potestad de renovar o no los contratos de sus funcionarios.
Ese mismo año (2014), el Gobierno declaró que Porvenir II era un “Proyecto de Interés Nacional Estratégico”. A pocos meses de esta decisión, el 13 de febrero de 2015, la ANLA otorgó la licencia que permite la construcción de Porvenir II, pese a que desde el 2012 los habitantes del territorio realizaron foros, seminarios, encuentros y participaron en una audiencia pública donde presentaron argumentos que demuestran la inconveniencia de este tipo de obras.

Sobre esta decisión y la declaratoria de utilidad pública que hiciera el gobierno nacional de 10.075 hectáreas de terrenos, existe una demanda de nulidad y una acción popular en espera de la actuación judicial. Señalamos de paso que transcurrido más de tres años y medio de haber sido otorgada esta licencia, Celsia todavía no inicia la construcción de la obra. A falta de licencia social, tendrían que construir esta represa por encima del querer de las comunidades, lo cual se espera que nunca ocurra.
Pero las amenazas sobre el rio Samaná reaparecen con la aprobación de la licencia otorgada por Cornare el 24 de agosto de 2018, en la cual se autoriza a ISAGEN, mediante resolución 112-3635-2018, la construcción de la hidroeléctrica Palagua.
Ante esta decisión los habitantes del sector hacen un llamado urgente a las organizaciones sociales para que envíen notas de protesta a Cornare e instituciones de control ambiental, en donde se les exija centren sus acciones en garantizar los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales en los territorios. Las entidades públicas no pueden seguir siendo los facilitadores en la entrega de los bienes comunes naturales a las empresas extractivas.

A las entidades que han otorgado estas licencias hay que aclararles que la decisión de construir una hidroeléctrica ya no se desprende únicamente de un acto administrativo. El asunto ha pasado a ser un tema de análisis a profundidad sobre la conveniencia o no de este tipo de obras, dado sus impactos evidentemente negativos, tanto en lo social y ambiental como en la economía de las regiones y del país mismo. Lo anterior se corrobora claramente con lo que pasa con Hidroituango.

Invocando el “Principio de Precaución” que está contemplado en la Ley y en acuerdos internacionales sobre el cuidado y la protección del medio ambiente, los habitantes de la cuenca del Samaná norte, agrupados en las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, exigen la revocatoria de la resolución 0168 expedida por la ANLA el 13 de febrero de 2015, así como la derogatoria de la resolución 112-3635- 2018 expedida por Cornare.

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