Editorial No 37: No pedimos limosna, exigimos justicia

Pintura de Federico Boyd Sulapas
Pesadilla, de Federico Boyd Sulapas

En editoriales anteriores hemos reivindicado el principio del bien común como parte de nuestra utopía. No es posible la utopía de un mundo mejor si persiste la propiedad privada sobre los bienes comunes, esa que fundamenta y legitima todas las formas de opresión y dominación existentes. No obstante, la construcción de la utopía se realiza en condiciones históricas concretas en las que dichos ideales parecen imposibles, desmesurados, inconmensurables. Por eso se realiza en medio de diversas condiciones de adversidad que hay que ir superando gradualmente. En el caso de la sociedad capitalista hablamos no solo de los bienes comunes convertidos en mercancías,cuya producción se realiza para el enriquecimiento de unos pocos y mediante la explotación de la mayoría, sino de un Estado que dice representar el bienestar general y el bien común. Las luchas actuales que se realizan en Colombia por la financiación de la educación superior pública evidencian cuál es realmente el papel del Estado en esta dinámica social: el interés general que dice defender es el del gran capital y lo público es una categoría eufemística para disfrazar la transformación de lo común en privado.

No es casual el desfinanciamiento gradual que durante las últimas décadas han sufrido la educación y demás servicios sociales que eran obligaciones constitucionales del Estado, mientras los gastos militares se mantienen en niveles astronómicos e incluso tienden a aumentar cada año. Y es mucho menos casual que los gobiernos neoliberales de las últimas décadas se hayan concentrado en unas políticas de transferencia de los fondos públicos al sector  privado, cuando se supone que estos tendrían que destinarse a la atención de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que no pueden satisfacer con sus pírricos ingresos sus necesidades básicas.Algunas de las pruebas más fehacientes de esta política son la ley 100 de 1993 y la ley 50 de 1991, con las que se inauguró la“política social” neoliberal en Colombia. También el programa de Agro Ingreso Seguro del gobierno de Uribe y el programa ser pilo paga del gobierno Santos.

Hoy el gobierno Duque se niega no solo a destinar los recursos públicos necesarios para la educación, y no solo la superior, sino que condiciona esta posibilidad a que en el Congreso se apruebe su proyecto de reforma tributaria, eufemísticamente llamada ley de financiamiento. Lo que en el fondo se argumenta es que no hay recursos públicos ni para la educación ni para la salud y que para conseguirlos hay que hacer esta reforma que, sin tocar al gran capital, incluso bajándole impuestos, pretende que los mismos pobres y la clase media, que demandan más recursos para las políticas sociales, las paguen de su propio bolsillo. Y ni siquiera la aprobación de la famosa ley de financiamiento garantizará una financiación adecuada y estable de la salud y la educación, porque es una salida coyuntural que no toca para nada las políticas sociales en sus fundamentos, es decir, los modelos neoliberales de salud y educación.

¿Por qué no se condiciona el gasto militar a dicha reforma? Se supone que en un contexto de pos acuerdos, donde la guerrilla de las Farc ha sido desarmada e insertada en la sociedad civil, el gasto militar debería reducirse ostensiblemente en favor de la inversión social. Pero el gobierno se niega a ello con los argumentos más rebuscados, cuando lo que hay de fondo es la necesidad de sostenerlos privilegios de las fuerzas militares para que protejan a una clase dirigente cada vez más cuestionada e ilegítima. ¿Por qué no se condicionan a esta ley de financiamiento los gastos en la infraestructura que exige la OCDE para que el gran capital pueda hacer su agosto en nuestros territorios? Ni siquiera los escándalos de corrupción en torno a las concesiones de estas obras, que le han costado al Estado ingentes recursos ni la ineficiencia técnica que han mostrado los contratistas y que han producido tragedias enormes en términos humanos y económicos, como en los casos del puente de Chirajara y la hidroeléctrica de Ituango, han puesto en cuestión estas inversiones.

Comprobar que el Estado no representa el interés general y que en sus manos los recursos públicos no se destinan necesariamente a garantizar derechos sociales de los más pobres, no implica resignarse y aceptar que las cosas tengan que ser así. La riqueza social es producida con nuestro trabajo y apropiada por los capitalistas con el Estado como garante. Por eso la lucha por la gestión y destinación de los recursos públicos es una lucha por la dignidad de los individuos y las comunidades en las condiciones actuales de existencia y un paso obligado en el camino hacia la construcción de una sociedad justa y humana. Porque, entre otras cosas, la revolución que haga innecesaria la figura del Estado como instrumento de poder no caerá del cielo como un milagro.

Esto constituye la columna vertebral de lo que se llama lucha de clases, una expresión que hoy produce pánico en buena parte de la población, a pesar de que en la práctica se vive permanentemente.La estrategia de los representantes del establecimiento es negar la realidad de la lucha de clases mientras utilizan su poder para profundizar la guerra contra los pobres. Por eso insistía Iván Duque en su campaña electoral en que otros candidatos estaban exacerbando los odios de clase, al mismo tiempo que anunciaba sus políticas en favor de los dominadores y contra los pobres.

Por eso debemos mantener la pelea en las calles. No solo por la financiación de la educación o la salud o la vivienda o cualquier otro programa social, sino por una participación plena en la destinación del presupuesto y sus fuentes de financiación, que hasta hoy son asuntos exclusivos del gobierno y los congresistas. Incluso debemos ir más allá y avanzar en la formación política que nos cualifique en la gestión de nuestros propios recursos, y todo el universo de los bienes comunes, como camino hacia la autogestión y para no caer en los mismos problemas de corrupción aprendidos de las instituciones. O para no dejarnos engañar por estrategias eufemísticas como las del presupuesto participativo en Medellín, que por mucho tiempo ha puesto recursos públicos en manos de grupos paramilitares y de mafias locales en las comunas. Se trata de cualificarnos como sujetos colectivos capaces de dar cuenta de una gestión transparente, no solo de recursos sino también de los afectos, ideales y necesidades, en función de la comunidad y del bien común. Algo que no podremos esperar del Estado sin una lucha denodada y permanente.

Libertad/Federico Boyd Sulapas

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