La propuesta del PND 2018-2022 en materia laboral: Ni es un pacto ni es por la equidad

Teoría del Octeto I /Milton A. Ramirez Giraldo

Las propuestas para la “mejora de las condiciones laborales de los trabajadores” en el PND del gobierno de Iván Duque se han evidenciado como una nueva forma de desangre para los trabajadores, una especie de reforma laboral, pensional y sindical disfrazada que se pretende llevar a cabo sin ninguna concertación.

Por Anyela Heredia

¿Cuál pacto social?

En primer lugar, el PND plantea sus diferentes estrategias como verdaderos pactos sociales; estos se entienden en el argot político como procesos integrales de concertación entre diferentes actores: gobierno, empresarios, sindicatos, etc. Pero lo cierto es que los famosos pactos consignados allí no han sido discutidos ni acordados con nadie y, por lo tanto, no merecerían llamarse así.

Aunque reiteradamente el presidente ha expresado que su compromiso como gobernante “es buscar mejores condiciones para los trabajadores en nuestro país”, el PND plantea que para potenciar el tejido económico es necesario el fortalecimiento de “un entorno favorable a la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo” que a su vez reducirá la informalidad y apoyará el emprendimiento. Así, la apuesta por el empleo se basa en la rebaja de los costos laborales, el emprendimiento y el empresarismo con la propuesta de crear 1.600.000 nuevos empleos, de los cuales solo un millón serían empleos formales y el resto informales (38%). Todo apunta a la formalización gradual de los trabajadores por cuenta propia (43,1% de los ocupados urbanos y 52,57% de los rurales), de aquellos con ingresos por debajo de un salario mínimo y de los trabajadores rurales, pero con la disminución de garantías laborales fundamentales como la seguridad social.

Tal cual explica el analista Jaime Alberto Rendón: “con esta estrategia se pretende legalizar propuestas que antes han sido presentadas ante el Congreso y no han sido aprobadas, como la contratación por horas o por días, y crear el paso automático del régimen subsidiado al contributivo generando aportes al sistema general de seguridad social con solo una hora de trabajo remunerado”.

Beneficios para el empleador no para el empleado

En la actualidad, por un trabajador que devenga un salario mínimo y trabaja 48 horas semanales, el empleador está obligado a pagar el 20,5% de aportes a la seguridad social y entre el 0,5 y el 6,9% de riesgos profesionales. En la propuesta del PND las empresas, en el mejor de los casos, podrán contratar por horas a dos o más empleados para que desarrollen el mismo trabajo y, por tratarse de salarios inferiores al mínimo legal establecido, estos empleados se incluirán en el sistema de salud subsidiada –SISBEN y en el sistema de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS. A los empleadores solo les correspondería pagar el 15% de aportes.

Pero si, en lugar de establecer un vínculo laboral, las empresas contratan por prestación de servicios (estos contratos no tienen horario estipulado) se ahorrarían el 100%, pues en ese caso es al trabajador independiente a quien le corresponde pagar el 100% de los aportes a la seguridad social y riesgos profesionales. Esta última es hoy la forma privilegiada de contratación en Colombia. Además, la propuesta incluye un aumento en los aportes de los trabajadores independientes que pasarán de cotizar sobre el 40% del ingreso recibido a cotizar sobre el 55%.

Una reforma disfrazada

Aprovechando el acto legislativo 01 de 2005 que reformó el artículo 48 de la Constitución Política donde se intentaba garantizar la pensión a los trabajadores, el PND se centra en el fortalecimiento de supuestas “alternativas” como los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), que no pueden entenderse en ningún caso como un sustituto de la pensión, pues no garantizan un mínimo ingreso para llevar una vida digna cuando se es mayor.

La propuesta incluye la eliminación de la posibilidad de heredar la pensión y que quienes no alcancen a cotizar el mínimo de semanas para pensionarse dejen de recibir lo ahorrado para recibir los BEPS. El artículo 117 del PND dice que lo que la gente ha ahorrado mediante el pago de sus aportes mes a mes pasa al sistema de los BEPS, es decir, que su “ahorro personal” pasa a hacer parte de un fondo común desde el cual se distribuirán los beneficios periódicos cuyo monto se calcula a partir del capital ahorrado, la esperanza de vida y un aporte de 20% que entrega el Estado. El promedio, según la congresista Angélica Lozano, es de 40.000 pesos mensuales.

Lo anterior constituye una violación a la Constitución Política y a numerosos pactos internacionales de los que el Estado colombiano hace parte y que son vinculantes, pues es una reforma pensional que se desarrolla, como quien dice, por debajo de cuerda y sin ninguna concertación.

En este sentido, Alberto Orgulloso, director de la Escuela Nacional Sindical (ENS) afirma que el gobierno de Duque también pretende invadir la autonomía sindical e imponer de un tajo una reforma laboral y sindical, cuando propone “adoptar las medidas pertinentes para regular la multiafiliación y fragmentación sindical”. De lo que se trata es de un cambio sustantivo que debe ser producto de la concertación con el sindicalismo.

¿De emprendedores a empresarios?

Otra propuesta inquietante es la de convertir a los emprendedores en empresarios, prácticamente por decreto. El PND reconoce en su diagnóstico que los emprendimientos son poco sostenibles porque se basan en la necesidad y falta de condiciones de mercado y por ello es mejor formalizarlos. Pero, según la ENS, la mitad de las Mipymes del país se quiebra después del primer año y solo 20% de ellas sobrevive después del tercero. Una de las causas de esa alta mortalidad sería la falta de acceso y los elevados costos de los créditos financieros. Por tanto, se prevé que la tasa de informalidad se mantenga por encima del 53%.

Lo anterior son apenas algunos ejemplos de cómo el PND actúa en detrimento de los derechos de los trabajadores. Afortunadamente, hasta ahora este es solo un “Plan”, que deberá ser ampliamente debatido en el Congreso y que cuenta con muchos detractores en todos los sectores sociales y políticos. La invitación es a informarnos bien, a estar atentos a todas las propuestas legislativas y a continuar defendiendo la democracia en las calles y en todos los escenarios de movilización en contra del desmonte de los pocos derechos que aún conservamos.

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