Informe de HRW empuja la guerra imperialista en el Catatumbo

Foto: ceg.org.co

Por Equipo Jurídico Pueblos

Recientemente estuvo de visita en Colombia José Miguel Vivanco, director de la Ong Human Rights Watch (HRW), lanzando el informe La guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, el cual ha alcanzado un amplio despliegue mediático. El 8 de agosto fue recibido en la Casa de Nariño por el presidente Iván Duque, hecho que pasaría inadvertido si no fuera porque el mandatario –que representa la extrema derecha– difícilmente recibe a organizaciones de derechos humanos colombianas que se atrevan a denunciar el terrorismo de Estado promovido por las clases en el poder.

El documento La Guerra en el Catatumbo no es un simple informe de derechos humanos realizado por una organización independiente y neutral. El documento tiene una intencionalidad clara de legitimar –tras la “narrativa” de la crisis humanitaria– la guerra de agresión de los Estados Unidos contra el pueblo colombiano y el gobierno de Venezuela. HRW ya lo ha hecho en otras latitudes y ahora pretende calcar su técnica en esta región fronteriza.

Por eso el 12 de mayo de 2014, la irlandesa Mairead Maguire y el argentino Adolfo Pérez Esquivel ―ambos premios nobel de la paz―, junto con un centenar de profesores de Estados Unidos y Canadá, solicitaron a Human Rights Watch que tomara «medidas concretas para afianzar la independencia» de la organización, ya que sus más altos directivos tenían relación directa con el Partido Demócrata, con el Gobierno de Estados Unidos y también con la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

Volviendo al contenido de las 70 páginas del informe –que posa de ser una rigurosa investigación– hay que decir que no es gratuito, y debe ser analizado en el escenario nacional en el que se enmarca y presenta:

El primer mandatario recibió a Vivanco en horas de la mañana; luego sostuvo una reunión con un grupo de fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que reafirmó una alianza para “desmantelar al ELN” y otras amenazas; en horas la tarde viajóa Tumaco (Nariño) para lanzar la estrategia Zonas Futuro, que supuestamente permitirá “al Estado intervenir de manera integral, con seguridad, justicia e inversión social, las regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza”.

El lanzamientode la estrategia integral de Zonas Futuroes un decir, porque de novedosa nada tiene. Es la vieja política de seguridad de Uribe con las Zonas de Orden Público denominadas posteriormente como Zonas de Consolidación. Es tal el calco, que son básicamente las mismas regiones priorizadas: Pacífico nariñense, El Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete -Parques Nacionales Naturales aledaños.

Lo descarado del sainete de este recordado 8 de agosto es que al finalizar el día, el empresario ministro de defensa Guillermo Botero en entrevista con un medio televisivo informó como un hecho novedoso que en la nueva estrategia de seguridad se pasa “del control territorial al control institucional”, definición consignada desde hace dos años en la doctrina Damasco, mediante la cual el Estado colombiano redefinió el enfoque estratégico, dando el salto del control militar del territorio al control institucional del territorio.

Preciso lo que HRW solicita a Duque en el Catatumbo: mayor presencia institucional del Estado, más exactamente se reclama mayor presencia de fiscales y policía judicial (pg. 49 y ss.) Considera el informe que no son suficientes los 800 policías que permanecen en los cascos urbanos de la región y guarda silencio ante la excesiva presencia de fuerza pública representada en el FUDRA, XXX Brigada, Fuerza de Tarea Vulcano. También omite pronunciarse sobre la presencia de tropas extranjeras en la región o la utilización de tecnología avanzada de los EE.UU. para labores de inteligencia técnica y operaciones ofensivas. Tampoco advierte el informe sobre la presencia militar-paramilitar en varios cascos urbanos de municipios de Norte de Santander, en especial la Brigada 30 del Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Vulcano bajo el mando del general Villegas, quien manifestó haber realizado alianzas con un sector del EPL para combatir al ELN, evidenciando sus vínculos paramilitares e incluso promoviendo el “sicariato”.

El informe tiene la particularidad de que usa de manera genérica y abstracta el término grupos armados para referirse indistintamente a algunos actores en conflicto en la región: El EPL y el ELN. La guerra en Catatumbo a la que se refiere HRW la restringe al conflicto entre estas dos organizaciones. Esa lectura de la realidad catatumbera deja por fuera el papel del Estado y sus agentes, y oculta su política de seguridad sustentada en la violación sistemática de los derechos humanos. No es ingenua esa omisión. Abordar con ligereza la actuación de la fuerza pública es igual que negar el proceso genocida contra el movimiento popular colombiano.

Por otro lado, como en el juego de tres bandas, el informe tiene un capítulo denominado venezolanos en el Catatumbo en el que plantea que esa población está en peligro, por el accionar de los grupos armados que operan en la región; luego HRW contribuye a reforzar la idea de que la crisis humanitaria en Venezuela se extiende más allá de la frontera. Discurso que compagina con la última amenaza proferida en Lima –Perú el pasado 6 de agosto por el asesor en seguridad de la Casa Blanca John Bolton cuando afirmó que EEUU usará “todas las herramientas” para acabar la “dictadura” en Venezuela. Cualquiera espera que una bomba inteligente caiga en Caracas o en la frontera colombo-venezolana, lo que no se espera es que se lance un informe aparentemente imparcial y neutral sobre la problemática de derechos humanos, que legitima una guerra de agresión.

Por esto, no sorprende que Vivanco entre los detalles narrados a los medios sobre su entrevista con Duque, resaltara la receptividad del presidente destacando que “no estuvo a la defensiva”. Tampoco sorprende que el director de la ONG gringa, no presente objeción alguna a la política gubernamental de militarizar la región, bajo el supuesto de concretar el plan de control (operaciones cívico-militares) institucional Catatumbo sostenible.

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