Aumenta el asesinato de líderes indígenas y la resistencia en el norte del Cauca

Fotos: elsonajero.com.co

Por Rubén Darío Zapata

El norte del Cauca, y concretamente las comunidades indígenas que lo habitan, ha sido de los más afectados en los últimos años con el flagelo de asesinatos a líderes sociales, disparado precisamente después de la firma de los acuerdos de paz. La situación es sencillamente dramática: después de la firma del acuerdo se han asesinado en el país a 170 líderes indígenas y más de la mitad, 95, han sido en el Cauca. En solo un año que lleva de gobierno Duque van ya 36 líderes indígenas asesinados en el Cauca.

Según Jhoe Sauca, indígena del pueblo kokonuko y coordinador de derechos humanos del CRIC, esto se debe a la persistencia del conflicto armado en la región. “La violencia contra los pueblos indígenas -dice-, tanto contra los individuos como contra el territorio siempre ha estado. Hay que hacer memoria de que, en ciertos momentos de la historia de Colombia, cuando se ha agudizado el conflicto (por ejemplo, en los 80 y 90 con el auge del narcotráfico), se han afectado profundamente los territorios. La guerrilla desarrolló una guerra abierta contra el Estado en las zonas rurales donde hay mayor presencia de población indígena, campesina y afro y el Estado militarizó el territorio y fortaleció los grupos paramilitares”. Ese conflicto, en el que convergen diversos actores (Fuerza pública, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes) por el control del territorio no solo ha significado, para los indígenas y demás comunidades rurales que lo habitan, la muerte de muchos de sus integrantes, sino también desapariciones, reclutamiento forzado y la violación de sus mujeres como botines de guerra.

Las comunidades rurales del norte del Cauca esperaban que las condiciones que han generado violencia sobre su población y sus territorios desaparecieran gradualmente con la firma del acuerdo de paz, pero, al contrario, la violencia se ha recrudecido. Y tiene que ver, según Sauca, con la incapacidad o falta de voluntad política del Estado para implementar los acuerdos de paz en el territorio. “Porque, si bien el acuerdo se firmó y la guerrilla obtuvo con eso unos beneficios, había unos acuerdos que impactaban directamente los territorios; por ejemplo, en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito y la redistribución de la tierra como respuesta a flagelos históricos que han determinado en buena medida la emergencia del conflicto armado en Colombia”.

Conflicto armado y narcotráfico

Sauca asegura que la falta de implementación de los acuerdos se relaciona con el asesinato de líderes indígenas porque, en la medida en que no hay la voluntad política del Estado para implementar estos acuerdos y destinarles el presupuesto necesario, se les ha dado justificación a las disidencias de la guerrilla, pero también al fortalecimiento del paramilitarismo que campea en el territorio. “Además, están los cultivos de uso ilícito, sobre todo en el norte del Cauca y Morales, y eso anima una disputa por el control de estos territorios y de sus cultivos. Si se hubiera actuado de una manera más rápida frente al tema de sustitución, no tendríamos la presencia de estos grupos en los territorios”.

Como no hay voluntad por parte del gobierno, según Sauca, estos grupos entran a disputarse el control de los negocios y los cultivos de uso ilícito. Y eso choca de frente con las dinámicas de las comunidades indígenas que, en sus luchas históricas, han puesto en el centro la defensa del territorio y siempre han combatido la presencia de los actores armados allí. “Es aquí donde entramos a fortalecer el control territorial por parte de las comunidades, en principio con una guardia indígena que ya venía fortalecida. Ese control implica la no presencia de grupos armados, pero también el control sobre el tráfico de armas, sobre los hurtos, extorsiones y demás. La idea es que nuestros territorios no sean usados más para esas dinámicas”. Esta es, según la entienden los indígenas, una lucha desde lo civil, con una guardia que no es armada, pero sabe que no puede permitir que estos flagelos vuelvan a los territorios. “Por eso hemos tenido en el último tiempo ataques indiscriminados a la guardia indígena, y ya en el norte del Cauca nos han asesinado a varios guardias e incluso a una autoridad espiritual. Eso muestra que estas estructuras no tienen una cabeza política, sino que están defendiendo solo sus intereses en el narcotráfico y por eso disparan indiscriminadamente y han establecido una persecución sistemática a la guardia indígena y a los líderes de los territorios”.

Recientemente fueron asesinados dos guardias indígenas, y las comunidades del norte del Cauca exigieron del gobierno una política seria para detener este fenómeno. Y, efectivamente, el gobierno asumió una política para confrontar el fenómeno, pero solo desde la militarización del territorio.

El Estado ha acusado en varias oportunidades a las comunidades indígenas y a los campesinos de obstaculizar el ingreso de la fuerza pública a los territorios cuando van a combatir a los traficantes. Pero eso parece, a los ojos de los indígenas, una estrategia del Estado para evadir su responsabilidad frente a los problemas estructurales que tendría que enfrentar en los territorios. De hecho, el Cauca tiene siete bases militares, la mayoría en el norte y en territorios habitados por estas comunidades, entonces la pregunta obligada que plantea Sauca es: ¿qué sentido tiene militarizar lo que ya está militarizado. Además, la efectividad de dicha estrategia deja serias dudas: “Si la guardia indígena ha destruido armas, ha capturado disidentes con las autoridades, ha destruido cargamentos de drogas, ha recuperado motos robadas, y el Ejército está en todo el territorio, ¿Qué está pasando entonces con la producción de droga, de hoja de coca y demás que sale de estos territorios? ¿Por dónde sale si la fuerza pública tiene el control de las vías y los puntos estratégicos?”

Según Sauca, el gobierno puede atacar al grupo amado, al cartel o lo que sea que exista en esos territorios, pero si no atiende el tema estructural que, según los indígenas, es la falta de tierra para la siembra y la necesidad de una política de sustitución de los cultivos de uso ilícito, no se hace nada. Y es que, según advierten las autoridades indígenas, en el norte del Cauca la gente está hacinada, hay viviendas donde habitan hasta cinco familias. “Si lo único que se hace -concluye Sauca- es atacar al grupo armado, se genera más violencia, pero no se llega a la solución de los problemas estructurales que la están generando”.

Sauca llama la atención sobre el hecho que en el Cauca ya se firmó, en el marco de los acuerdos de paz, un pacto sobre el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito y ahí las comunidades rurales establecieron una propuesta para un tránsito gradual hacia cultivos legales. “Pero el gobierno está diciendo que la erradicación tiene que ser inmediata y total. Hay que recordarle que el acuerdo de paz no dice eso, sino que plantea un proceso de transición para ir sustituyendo gradualmente los cultivos de uso ilícito por otros productos e ir también evaluando los compromisos del gobierno”.

Según las comunidades rurales del norte del Cauca, es un hecho que el gobierno no tiene ningún compromiso real con la sustitución de cultivos de uso ilícito. No tiene planes de inversión productiva para que las comunidades o familias que viven de estos cultivos puedan transitar hacia otros cultivos. “El PND -die Sauca- prácticamente dejó sin presupuesto las estrategias de implementación de los acuerdos en los territorios. Lo único que tiene a la mano hoy el gobierno es la erradicación forzada y fumigación con glifosato. Pero lo que nosotros estamos buscando con la sustitución es garantías de sostenibilidad para las familias. Eso no significa que se hagan dependientes del gobierno, sino que se promuevan, con recursos públicos, proyectos productivos, formas de asociatividad, etc., y que se garantice el comercio de la producción”. Si eso no ocurre, concluye Sauca, si el gobierno se limita a llevar proyectos de 10 o 20 gallinas u otras especies menores, lo único que hace es mitigarles el hambre ahora e incrementar las condiciones hambre para después.

Campaña de movilización

Frente a esta situación, las comunidades indígenas están desarrollando todo un plan de movilización que ponga fin no solo a la ola de asesinato de líderes, sino a las condiciones que alimentan el conflicto hoy en el territorio. En ese sentido, la figura que evocamos vuelve a ser la de la Minga.

Siempre que se habla de Minga indígena en el norte del Cauca y de movilización se piensa en el taponamiento de la vía Panamericana. Pero para los pueblos indígenas la Minga también es de pensamiento, de construcción de estrategias; hay Minga educativa, o por la salud o por la alimentación o por la liberación de la madre Tierra. “En estos momentos -explica Sauca-, como temas estratégicos estamos repensando la manera en que podemos juntarnos los pueblos indígenas del Cauca, cómo nos cuidamos identificando quiénes somos los que habitamos el territorio, analizando también de manera interna los problemas que generan los cultivos de uso ilícito, y el reagrupamiento que debe haber no solo de la guardia, porque cuando suceden estos hechos tenemos que hacernos conscientes de que guardias somos todos y por eso tenemos que activar el cuidado y autocuidado en todas las comunidades”.

Según Sauca, los indígenas avanzan hoy en el encuentro con los otros sectores sociales, lo cual hay que considerar como el primer paso. La Minga del Suroccidente que realizaron el año pasado les permitió un encuentro amplio con otras organizaciones sociales de la región. Ahora están proyectando un escenario de encuentro con organizaciones sociales de todo el país. “Creemos -explica Sauca- que lo que nos tiene que juntar hoy es la exigencia de la implementación de los acuerdos para alcanzar de verdad una paz definitiva, que sea el resultado de la realización de una sociedad con justicia social. Eso es lo primero que tiene que pasar para acabar con esta ola de asesinatos”.

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