En Colombia, la justicia cojea y no llega: A propósito del caso de Omar Leonardo

Álvaro Lopera

Es la tercera vez que viene Lucero Carmona después de que le dieron traslado del caso de su hijo, de Bogotá a Medellín. Arribar de nuevo al edificio donde se encuentran los juzgados penales representa para todos aceptar filas e incomodidades, pero también, esperanza de que haya justicia. Desde el primer momento solo espera que los asesinos de su hijo, muerto en el marco de los falsos positivos que se desataron en todo el país en el gobierno de Uribe Vélez, digan la verdad y que haya una reparación a su memoria, pues fue presentado en agosto de 2007 como un miembro de una banda criminal.

“Llegaron en un taxi, dos uniformados y Omar Leonardo, a la vereda Monteloro del municipio de Barbosa, ese 15 de agosto. Se bajaron del carro y le dijeron a Omar que caminara por ahí. Él se veía tranquilo, de acuerdo a la versión de los militares. Más adelante, y a sangre fría, le dispararon a corta distancia varios hombres”, comentó el nuevo agregado al expediente, Sergio Ocazionez, abogado de la madre demandante y perteneciente a la Comisión Colombiana de Juristas.

Si bien hay confesiones, no están todos los detalles de cómo fue engañado para llegar a esa vereda. Era un joven con preparación en muchas artes y gran conocedor del inglés, por lo que hacía traducciones que le ayudaban a su manutención. También vendía artesanías después de que se trasladó de Bogotá para Medellín. Su sitio de habitación era cercano a la Universidad de Antioquia.

Según el abogado, cuando se desató la cacería en todo el país para reclutar las futuras víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, muchas de las personas que ayudaron a esos muchachos a llegar a la muerte temprana eran amigos, o por lo menos conocidos en su entorno. Él se movía en el centro de la ciudad: ¿cómo fue reclutado para, tal vez, ir a trabajar en el campo cercano? Su madre había hablado del nerviosismo en su voz, un día antes de su asesinato.

Lucero, su madre, le perdió la huella por más de 4 años, hasta que supo que había sido asesinado por miembros del Batallón Pedro Nel Ospina, en un supuesto combate contra una banda criminal. Eso fue en 2011. Desde entonces no cesa de buscar justicia para su hijo y para ella.

Paso de la justicia especializada a la JEP

El proceso continuó en la sala 42 del piso 21. Era la tercera sesión. Vimos entrar a un joven juez (antes había sido una jueza) para dar paso a las solicitudes de la Fiscalía, el abogado representante de la familia de la víctima y el defensor de oficio de los dos criminales que en la pasada sesión se habían declarado inocentes, y que no están detenidos. Ya habían ingresado, con la misma actitud de la segunda sesión del mes de marzo de este año: a nadie miraron.

La secretaria del juzgado, muy acuciosa, nos ordenó no tomar fotografías, y posteriormente el juez ordenó bajar las pancartas que mostraban a Omar, tanto niño como joven, mirando la supuesta justicia impartida, pues aseguró que “esas fotos podrían prestarse para influir en la decisión del juez, la cual debe ser neutral y únicamente apegada a la justicia”.

El fiscal hizo la exposición de por qué se tiene que pasar este caso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en tanto prima sobre la justicia ordinaria y la justicia militar, alegando que ese crimen se cometió en el marco del conflicto armado. Recordó que la base de los acuerdos de La Habana consultaba la situación de guerra interna que entonces se vivía en el país.

Ocazionez contraatacó y denunció que la CCJ no estaba de acuerdo con ello, en tanto Omar no puede ser visto como persona protegida, pues el hecho no se dio en medio del conflicto, sino que, más bien, fue un engaño que llevó a un asesinato, y él fue presentado como un miembro de una banda criminal. Solicitó que este juzgado especializado conservara la potestad de juzgar a los asesinos de Omar y a su cadena de mando.

La defensa oficiosa, por su parte, estuvo de acuerdo con el fiscal, en tanto adujo que, si la persona no era protegida entonces al no proceder el juicio en el marco del Derecho Internacional Humanitario, debería de trasladarse éste a un juzgado común, cosa que no tiene presentación. Solicitó traslado a la JEP.

El fallo inapelable

El juez pidió 10 minutos de receso. Nos tomamos un respiro. Lucero se dio el espacio para lagrimear, pues veía que la decisión ya estaba tomada de antemano y que todo iba a desembocar en un fallo anunciado.

El joven juez regresó, leyó el supuesto constructo de 10 minutos cargado de decretos, leyes, considerandos constitucionales y de artículos del acuerdo de paz; toda una carga jurisprudencial que lo noquea a uno, pero que deja claro que la decisión ya existía antes de empezar a hablar y que todo lo de este viernes 27 de septiembre era una formalidad.

Ordenó, sin posibilidad de apelación, trasladar el caso a Bogotá, concretamente a la JEP. Lucero se sintió apesadumbrada pues, no sabía qué iba a suceder y, peor, ya no podríamos entrar a esas sesiones, salvo ella, lo cual es un paso más para actuar en soledad frente a un aparato de justicia transicional al que le llueven enemigos.

Teme no solo que le alarguen demasiado el caso, sino que se diluya en las formalidades de uno entre miles. Quedan las acciones internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las denuncias desde el arte y las organizaciones sociales.

– ¡No perderé la esperanza, a pesar de tanto tropiezo! –fue lo que mejor pudo agregar.

Los criminales salieron, seguramente llenos de satisfacción, pues nada ha pasado. Tal vez, para ellos, nada de lo que sucedió en esa primera década los toca en su integridad, pues solo fue “obediencia debida” y nada más.

Para arribar a la impunidad existen mil caminos en este país, y la renca justicia aplicada a los más pobres tiene toda la paciencia para recorrerlos con suficiente tranquilidad.

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