La violencia en la era del “post-conflicto”

Por Julio Rubio

Francia Márquez simboliza la resistencia por la cual han muerto centenares de líderes sociales en todo el país. Foto: Juan Pablo Gutiérrez

El foto-montaje realizado por Juan Pablo Gutiérrez, que ilustra el informe especial de la Revista Semana ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales (5/13/2019), es la expresión de la compleja realidad que padece un sector de la sociedad colombiana, que bajo la nominación de “líderes sociales”, ha sido objeto de una sistemática persecución, agresión y muerte, antes y luego de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC-EP. El foto-montaje pone en primer plano el rostro de Francia Márquez, reconocida y aguerrida líder del norte del Cauca, defensora de los derechos y territorios de las comunidades negras, y quien recibió el premio ambiental Goldman por su lucha contra la minería ilegal. Rostro que tiene sobre-puesto, en tono de grises, pequeñas fotografías de otros/as líderes sociales que han padecido la violencia. Foto-montaje que funge como una huella en la memoria colectiva, que sigue remarcando la presencia de un síntoma que se resiste a abandonarnos.

El rostro con su sonrisa, como metáfora de la esperanza asediada, es la expresión de la violencia cíclica que no cesa de reproducirse, dejando al descubierto los mitos de la guerra en Colombia. Sobre todo, aquel que adjudicaba a la violencia insurgente y/o guerrillera, el origen de los males y dramas del país, planteando como solución el siguiente algoritmo: eliminar o desmovilizar a la insurgencia traería consigo la paz. Este mito del origen de todos los males ha quedado sin relato que lo justifique, porque los beneficiarios de la guerra no han dejado de hacerla, mucho más ahora que sin la presencia de una insurgencia y la ambigua presencia estatal (inoperante y cómplice), sus poderes locales se expanden a través del miedo, la muerte y el control territorial. La era del “post-conflicto” ha develado, de manera trágica para las poblaciones, las razones de esta guerra que se reproduce sin tregua.

En algo tenía razón el señor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, al plantear que la búsqueda de la paz tenía como centro la restitución y la defensa de los derechos, pero “para avanzar en esa dirección, hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz”. Pero los territorios priorizados obedecieron a las lógicas de ocupación y confrontación que el Estado sostuvo con la guerrilla de las FARC-EP, identificadas como zonas donde los efectos de la guerra habían sido más álgidos y, por tanto, se requería mayor intervención en todos los niveles y sectores sociales. Al punto de proponer curules especiales para estas zonas, como una forma de “reparación”.

Si bien esta decisión fue fundamental dentro del proceso de paz, no solo en los territorios controlados o en disputa por las FARC-EP se expresaba la confrontación, ello porque no solo esas zonas fungían como estratégicas para el control insurgente y prácticas de guerra asociadas, sino otras zonas o territorios controlados por grupos ligados al negocio del narcotráfico, la minería ilegal y a la expropiación de la tierra. Lo importante de subrayarlo es que mientras se negociaba la desmovilización, con la “guerrilla más antigua del mundo”, se consolidaban y expandían estos grupos que, combinando bandidaje y relaciones políticas, su propósito era y es el control territorial, la eliminación o desplazamiento de poblaciones y los negocios ilegales. En ese contexto se inscribe la sistemática agresión a los/as líderes sociales quienes, como defensores de los derechos humanos, el medio ambiente, las diversidades sexuales, los patrimonios culturales y la participación política, quedan a merced de quienes poseen las armas y los negocios.

La consigna o principio de la paz territorial, entonces, tiene una razón anterior, y es la guerra territorial o la guerra por la tierra y el territorio. De fondo, ese es el gran problema que aún pervive, por tres razones básicas. La primera es que sin tierra no es posible el cultivo y las condiciones logísticas para su transformación y distribución, lo que obliga a su consecución a toda costa. La segunda razón es que la tierra, expropiada o controlada, también es una mercancía para las lógicas de acumulación del capital ilegal. Y tercera, la concentración de la propiedad de la tierra por vía legal o ilegal, crea las condiciones de pobreza, desigualdad e iniquidad propicias para cooptación de personas o la exacerbación de conflictos con las comunidades que habitan estos territorios y exigen mejoras en sus vidas. Lo delicado y recurrente, en este caso, ha sido la expropiación ilegal y violenta de las tierras de las comunidades, lo que ha obligado su defensa pública y cívica, pero en la indefensión frente a estos grupos armados y con fuertes lazos políticos y clientelares en las zonas de conflicto.

Los datos sobre la muerte de líderes sociales, posterior a los acuerdos, son la evidencia fáctica de la sistematicidad de los hechos. Ello, a pesar de las continuas negaciones del anterior y actual gobierno, de funcionarios, algunas Ongs y políticos, pero es innegable la existencia de un plan para asesinarlos, tal como queda confirmado por la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que “ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales (incluidas 12 mujeres) ocurrieron en 2019” y cerca de 100 en lo que va corrido del 2020. Si estos datos no demuestran la sistematicidad, lo que sí es evidente, es la sistemática omisión de los hechos como una política de ocultamiento de los responsables y las causas, junto a una connivencia con los actores e intereses que continúan apropiándose de la tierra y sus recursos.

Adenda.

El caso del departamento del Cauca es una de las evidencias.

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