Democracia participativa y resistencia comunitaria en México

Por Roboán Rodríguez Carrera

Ilustración tomada de elindependientedegranada.es

La necesidad de regular la convivencia del hombre en sociedad ha conducido al género humano por un vasto panorama de experiencias político-antropológicas, cuyo objetivo ha sido siempre el intento por asegurar los intereses de cada grupo social.

Esta propuesta nos invita a dilucidar dos elementos que han estado presentes a largo de la existencia de cada sociedad: por un lado, la diferencia de intereses entre grupos sociales pertenecientes a una misma extensión territorial y, por otro lado, la constante lucha entre los intereses opuestos de dichos grupos sociales. Esto significa que los intereses dentro de una misma sociedad no solo son diferentes, sino, también, antagónicos. Por esta razón, es atinado sostener que la historia es la ciencia que estudia los acontecimientos pasados más trascendentales, los cuales, en términos sencillos, representan la lucha entre grupos sociales que comparten un mismo tiempo y un mismo territorio; pero, a pesar de esto, son motivados por intereses divergentes.

Cuando pensamos en conflictos sociales, involuntariamente estamos haciendo alusión a una lucha de intereses opuestos, por lo que, el concepto de leyes obligatorias viene a nosotros como una consecuencia natural para gestionar dicha confrontación. En este punto, conviene recordar que el Derecho, es decir, el conjunto de normas de carácter coercitivo que cada sociedad establece para regular la conducta externa de las personas, es una creación humana que responde a la necesidad de mantener un determinado orden en dicha sociedad.

No me refiero a un orden ideal, en el sentido de un funcionamiento moralmente correcto o justo para todos, sino a un estado de posiciones jerárquicas, donde cada quien sirve, de manera casi autónoma, a intereses predeterminados, seleccionados y apartados, en la gran mayoría de los casos, de los propios intereses conscientemente elegidos.

Es precisamente esta intención de mantener un “orden social”, lo que da el origen y la forma al Derecho, y con ello, a su correspondiente sistema de impartición de “justicia”. El engañoso y confuso concepto de “orden social” es la razón de ser de todo el aparato social; sus instituciones, sus órganos de poder, la división de funciones del Estado, y, principalmente, la distribución de la riqueza en función del lugar que ocupamos en la jerarquía social.

Atendiendo a esta secuencia de ideas, podemos comprender el talante seductor por el cual la forma de gobierno denominada democracia cautiva tanto a quienes se adentran en el contenido de su significado teórico: soberanía del pueblo para elegir y controlar a sus gobernantes; coloquialmente expresado como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Desde el enfoque político-jurídico, nuestra Ley Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

La realidad cotidiana y práctica del ejercicio del “Poder” hace del significado teórico de la democracia algo sumamente difícil de materializar, ya que, como lo mencioné al inicio, el pueblo mexicano, al igual que los pueblos de muchas otras naciones, no es un ente homogéneo de intereses compartidos; por el contrario, es una compleja suma de intereses divergentes y antagónicos. Cada sector social lucha por satisfacer sus intereses; muchos, incluso, a costa de los intereses de otro, u otros sectores sociales. ¿Cuál de todos los sectores sociales que integran nuestra fraccionada sociedad ejerce, en verdad, la soberanía de nuestra nación?

Un claro ejemplo de lo anterior se encuentra en el sector de la industria minera que ha operado en nuestro país desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Para ser más preciso, me refiero a la industria minera extranjera. El profesor de derecho económico y comercio exterior de la UNAM, Jorge Witker, ha manifestado de manera contundente la hiriente realidad que se oculta en esta falsa idea de soberanía popular mexicana. Su artículo titulado “La actividad minera, el nuevo TLCAN y los derechos humanos”, publicado por la revista jurídica de la UNAM en el año 2018, demuestra tajantemente que el ideal democrático de nuestra Constitución se ha quedado empolvado.

Primeramente, el profesor demuestra que, a partir del TLCAN, la actividad minera cubre cerca de 25 mil concesiones y permisos de exploración y explotación minera, de las cuales el 80% pertenece a las sociedades canadienses, mientras que el resto se comparte con Estados Unidos, Inglaterra, China, Japón, Perú, etc.

Lo más absurdo de estas negociaciones radica en el hecho que, a pesar de ser una actividad que genera cerca de 200 mil millones de dólares, solamente tributa anualmente 18 millones de dólares. La trascendencia de estas cifras amerita la trascripción de las palabras mismas del Profesor Jorge Witker, al abordar la insulsa realidad de la democracia en los negocios de interés nacional: “Estas cuantiosas inversiones, que reditúan ingresos colosales en la exportación de oro, plata, hierro, zinc, etc., deja exiguos dividendos a favor de las regiones y municipios donde operan. A esta tragedia social y ambiental se suma el premio que el gobierno de México otorga a las empresas canadienses, las que, desde la administración de Felipe Calderón, gozan del convenio bilateral para evitar la doble tributación (firmado el doce de septiembre de 2016 en la Ciudad de México), exención de impuestos generados por el subsuelo mexicano, que no tributa ni beneficia en nada a los pueblos perjudicados y al erario”.

Cuando un grupo social se descubre vulnerable e indefenso ante esta falsa soberanía democrática, surge, también, en la consciencia colectiva de dicho grupo, la posibilidad de reconocer las arbitrariedades y violaciones que se deben afrontar, así como los intereses compartidos sobre los cuales es factible construir un sentido de identidad para la cohesión colaborativa. Si la causa en común permea en lo profundo de las fibras sensibles de los integrantes del grupo social, y subsecuentemente motiva la organización colectiva para la suma de sus fuerzas individuales hacia un mismo objetivo, entonces, estaremos en presencia del nacimiento de una comunidad.

Si la comunidad analiza y concluye que la defensa de sus derechos exige mucho más que una cómoda acción pasiva y enajenada, tal y como lo promueve el sistema político ordinario de votar y esperar que la persona electa resuelva todo por los demás, entonces, se reconocerá que la única vía para el verdadero desarrollo social es actuar organizadamente en equipo, sumando voluntades, y revolucionando el pensamiento desde una visión comunitaria. Encontrándonos en este nivel, afirmo que dicha comunidad habrá dado el gran salto que va de la sumisa resignación a la acción política real: la democracia participativa.

La legítima defensa del desarrollo sostenible de los pueblos demanda una actitud proactiva, perseverante y valerosa. En ello, la guía para caminar hacia este ideal reluce en la esencia del principio que sustenta que toda persona es un fin en sí misma, y jamás un medio para obtener un fin. Mantener esta sólida postura colectiva contra el abuso del poder y la explotación de quienes se encuentran en una condición de vulnerable desventaja, es lo que llamo “resistencia”.

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