Lo que se juega la derecha en Tuluá

Por Rubén Darío Zapata

Cortesía: Twitter

Los supuestos vándalos estuvieron merodeando y armando ruido en la ciudad de Tuluá desde muy temprano en la tarde del 25 de mayo. Varios videos de personas que filmaban con sus dispositivos móviles desde las ventanas de sus casas muestran grupos de hombres armados que se pasean a plena luz del día por las calles como si realizaran una redada. Y aunque la Escuela de Policía Simón Bolívar queda apenas a 5 minutos del centro poblado por donde estos hombres exhibían amenazantes sus armas, los agentes del orden nunca intervinieron y los vándalos se pudieron mover a sus anchas, mientras las manifestaciones pacíficas se realizaban al frente de la Alcaldía.

A eso de las nueve de la noche empezó a arder el Palacio de Justicia del municipio, y aunque el puesto de bomberos queda a pocos metros, nunca hubo reacción para combatir las llamas (supuestamente los vándalos no se los permitieron), así que éstas pronto subieron hasta muy alto y consumieron no solo muros, sino los documentos más importantes que allí se custodiaban.

Según muestran las cámaras del lugar, se trató de una acción impecable, sin ningún tipo de obstáculos: se observa cómo llegan tres sujetos en motocicletas, con tapabocas y cascos que no dejan ver su rostro, que arrojar al interior del edificio unos objetos que inmediatamente incendian el lugar.

Al poco rato el ESMAD arremetió contra la manifestación, que se encontraba en el Parque del pueblo, a más de una cuadra de donde habían provocado el incendio, al mismo tiempo civiles armados empezaron a disparar contra los manifestantes.

Siguiendo la versión oficial, los medios tradicionales han señalado que una turba prendió fuego al edificio, y que el acto terrorista sería responsabilidad de comandos del ELN y disidencias de las FARC. La información que presentan, sin embargo, no es muy clara y más bien confunde. Nada dicen, por ejemplo, de las actividades de los civiles armados ni de la negligencia de la policía durante tanto tiempo.

El caso es que después del caos generado por el incendio y el ataque a los manifestantes, decenas de heridos tuvieron que ser atendidos de manera improvisada y dos de las personas que intentaban realizar esta atención fueron impactadas por las balas que parecían llegar de todas partes: Juan Camilo Vargas, quien se encontraba en el puesto de la misión médica atendiendo los heridos y Camilo Arango, un joven estudiante de segundo semestre de derecho que también se estrenaba en aquel momento de enfermero. Ambos murieron al instante.

De carambola

Es cierto que en medio de las protestas que ya completan en Colombia casi un mes, algunos grupos han decidido confrontar violentamente los símbolos del poder del capital, atentando, por ejemplo, contra las instalaciones físicas de algunos bancos e incluso contra edificios de alcaldías, donde identifican el poder opresor que los humilla. En algunos casos también han recurrido al saqueo de algunas grandes plataformas de comercio bajo la consigna de que la riqueza por estos acumulada ha sido robada a la clase trabajadora, la misma que hoy afronta una dura realidad de hambre y miseria. No resulta difícil comprender estos argumentos, sin que sea necesario justificar los procedimientos o legitimarlos. Lo que no resulta fácil de comprender es la quema de juzgados en donde reposan documentos e investigaciones de suma importancia. Tal como denuncian algunas personalidades de Tuluá, en la casa de justicia reposaba una serie de archivos con investigaciones sobre la expropiación de tierras cometida principalmente por el gremio de los ingenios azucareros.

Sin embargo, ya son muchos los videos que muestran a hombres de civil, salir armados de las estaciones de policía e infiltrarse en las marchas para, posteriormente, provocar desmanes y justificar la intervención violenta del Esmad, y, sobre todo, aprovechar la algarabía y el desorden para disparar contra la multitud. Por lo menos, a partir de la información recabada de testigos de primera mano, la Fundación Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, aseguran que la responsabilidad sobre el incendio apunta a grupos de civiles armados (paramilitares), sin ninguna relación con las manifestaciones, que en ese momento se realizaban en la ciudad de manera pacífica.

En este caso, parece que la quema del palacio de justicia responde a intereses inmediatos de algunos poderosos del Valle del Cauca, implicados en el robo de tierras. Pero hay algo más allá de los intereses inmediatos y particulares de estos gremios.

Uno de los tantos vídeos que muestran a civiles armados acompañados por la policía nacional antes del incendio del Palacio de Justicia en Tulua (Valle)

Las enseñanzas nazis

El 27 de febrero de 1933 ardió el edificio del Reichstag (Parlamento) en Alemania, en pleno ascenso de Hitler en su carrera meteórica. De forma sorprendentemente diligente las autoridades capturaron al supuesto responsable, un inmigrante desempleado recién llegado a Alemania, de nombre Marinus van der Lubbe. Después de haber sido sometido a una indecible tortura, el prisionero confesó haber incendiado el edificio y pertenecer a las células del Partido Comunista.

Hitler, que cuatro semanas antes se había posesionado como canciller, había instado al presidente Paul von Hindenburg a que firmara un decreto de emergencia para suspender las libertades civiles de los ciudadanos con el propósito de frenar «la confrontación despiadada del Partido Comunista de Alemania». Después de la firma de dicho decreto, tras el incendio del edificio del parlamento y la confesión forzada del inmigrante comunista, se emprendió una persecución a los comunistas por todo el país hasta lograr el exterminio de su organización. Este hecho, se sabe hoy, fue clave en la consolidación del régimen nazi en Alemania, con la consiguiente supresión del parlamento y la concentración del poder absoluto en la figura del Führer.

No sorprendería entonces que el incendio del palacio de justicia en Tuluá, guardando las proporciones en el orden de importancia, tuviera las mismas pretensiones que tuvo el nazismo en Alemania con la quema del edificio del parlamento. No sorprendería, por lo menos, después de los videos que han mostrado a los policías de civil infiltrándose en las movilizaciones, armando el desorden y disparando. Ni después de ver a la “gente de bien” disparando desde sus camionetas contra la minga indígena o contra otras concentraciones de manifestantes, sin que las instituciones desarrollen diligentemente sus investigaciones para hallar y castigar a los responsables. Con su actitud indolente frente a estos hechos, el gobierno parece legitimar el accionar de estos grupos de civiles armados como parte del aparato institucional que habrá de garantizar el orden público. Hecho este que también es, por demás, característico de los fascismos del siglo pasado.

No sobre recordar que esta práctica ya tiene una historia en los gobiernos de extrema derecha que han pasado por la Casa de Nariño en las últimas décadas. Baste recordar los supuestos atentados organizados por altos oficiales del Ejército, supuestamente, contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, previo al acto de su segunda posesión en agosto de 2006. La intención era venderle a la población la idea de una fortaleza militar de las FARC que ameritaba un fortalecimiento de la seguridad democrática y otorgarle facultades especiales al presidente para que pudiera enfrentar tamaña amenaza al orden público.

Intereses non sanctos

Es posible que nunca sepamos realmente quiénes provocaron el incendio en el palacio de justicia de Tuluá ni en los de Jamundí y Yumbo. Posiblemente a los entes investigadores les resulte más conveniente dejar el asunto en la semioscuridad o atribuírselo a determinados sujetos según la conveniencia política, tal como pasó en la Alemania de 1933 frente a la quema del edificio del Reichstag. Tal vez sería mejor preguntarse, cómo hace el congresista valluno Wilson Arias, a quién le conviene en este momento el incendio de estas edificaciones, con todos los documentos probatorios e incriminadores que albergan en su interior. A todas luces no es al movimiento social que hoy se manifiesta en las calles pidiendo precisamente, entre otras cosas, que los delitos cometidos a ojos vistas por la clase empresarial y política en contubernio con el narcotráfico no se queden en la impunidad.

Todavía queda en el recuerdo el incendio en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, donde no solo ardieron documentos importantes que incriminaban grandes estructuras del narcotráfico (con muchos políticos reconocidos a bordo), sino que desaparecieron o fueron asesinados importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que llevaban los juicios contra altos oficiales del Ejército por violaciones a los derechos humanos. Y tales violaciones no habían sido solo el pan cotidiano durante el Estatuto de Seguridad Nacional instaurado por Turbay Ayala como un verdadero régimen de terror, sino durante los procesos de paz adelantados por el gobierno de Belisario Betancourt con diversas insurgencias, procesos a los que las fuerzas militares les dieron el golpe de gracia, por encima incluso de la voluntad del gobierno. Y por encima de esta voluntad se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia no para garantizar la vida de los que allí se encontraban sino para desparecer jueces, magistrados y evidencias.

A la luz de esta historia, casi parece obligado preguntarse a quién o a quienes les conviene hoy la quema de dichos edificios y los documentos que en ellos reposan. Por un lado, está, por supuesto, el gobierno, que puede justificar su represión contra los manifestantes acusándolos de vándalos y terroristas. Pero también las estructuras narcotraficantes que operan en el suroccidente colombiano y han sembrado el terror en las comunidades durante estos últimos tres años ante la indolencia infinita del gobierno. Para estas estructuras deben ser un tremendo dolor de cabeza los bloqueos que vienen realizando las comunidades en las vías más importantes de esta región.

Laboratorio de la infamia

Por ahora queda claro que Cali y el Valle del Cauca han sido escogidos por la élite de este país como un laboratorio para las prácticas más infames contra las movilizaciones que tienen en jaque al gobierno. Fue allí donde primero vimos a los civiles armados descender de un camión de la Policía para luego disparar contra la multitud de manifestantes; fue allí donde civiles armados, que se presentaban a sí mismos como “gente de bien”, tendieron una emboscada a la Minga Indígena para luego disparar contra ella como si se tratara de una guerra declarada; fue allí donde la Fuerza Pública confrontó a bala una manifestación inerme desde un helicóptero que la sobrevolaba. Es allí donde, desde el principio, se ha intentado levantar a bala los bloqueos, donde se ha naturalizado la práctica de la desaparición forzada, y donde el emporio económico de Almacenes Éxito se transformó en un centro de tortura y posterior desaparición de varios jóvenes manifestantes; es allí donde han empezado a aparecer los cuerpos de jóvenes asesinados flotando en el río o desmembrados y repartidos en distintos sitios de la ciudad.

Es allí donde los vándalos del establecimiento han quemado ya dos edificios de justicia y con ellos varias investigaciones que comprometen a los sectores más poderosos de esta región y es allí donde, seguramente, se inaugurará el estado de conmoción interior que tanto piden hoy los partidos de gobierno en el Congreso, mientras bloquean la moción de censura al ministro de defensa por los desmanes de la Fuerza Pública, por su permisibilidad con los grupos paramilitares, por las decenas de manifestantes muertos, por las centenas de desaparecidos y las muchas mujeres violadas por agentes del Estado. La justificación para el estado de conmoción interior será la supuesta violencia desatada por los manifestantes, cuando a todas luces es una violencia orquestada desde la misma institucionalidad; entre tanto, la violencia estatal sigue desatada, legitimada cínicamente por el lobby del gobierno ante los organismos internacionales y sus autoentrevistas para culpar de toda la crisis a la oposición, al mejor estilo de la propaganda Nazi.

Ilustración: Creativos Latam

2 comentarios en “Lo que se juega la derecha en Tuluá

  1. la verdad compas que la derecha narcoparaca es tan descarada y descarnada , siguiendo los lineamientos del uribismo como siempre, para luego replicar que es gente del pueblo, de la movilizacion, para presentar ante los organismos internacionales que los manifestantes son vandalos, El pueblo se canso de un narcogobierno y del uribismo, siete decadas de oligarquia con asesinatos de lideres sociales, de corrupcion, de narcotrafico, pero ni la OEA, ni la AltaComisionada saldran a condenar esta situacion, porque forman parte del mismo equipode genocidas.

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