El Paro y la solidaridad internacional

Por Rubén Darío Zapata

La manera como el gobierno de Iván Duque ha enfrentado este paro, que ya completa más de 40 días, hace pensar en la necesidad de una veeduría internacional para obligar al gobierno a respetar los derechos de los manifestantes y atender sus reclamos por la vía del diálogo. A propósito de este tema, hablamos con Alberto Yepes, de la Coordinación Colombia Europa y Estados Unidos, quien nos hace su lectura de la coyuntura y de lo que ha pasado y podemos esperar de la solidaridad internacional.

Un breve panorama

Sin título, ilustración de Juan Pablo Gaviria

Según Yepes, el actual paro es realmente la continuación de una movilización que se venía desarrollando desde finales del 2019 y que se vio apagada un poco por la pandemia a mediados del 2020, sin que sus demandas fueran atendidas. Dichas demandas, por lo demás, tenían su origen en la desatención del actual gobierno a los Acuerdos de Paz, firmados por el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en la Habana a finales de 2016.

En realidad, los Acuerdos ya estaban heridos de muerte desde el principio, al menos en lo tocante a la justicia con las víctimas y la garantía de no repetición. Según Yepes, el sometimiento de dichos Acuerdos a un plebiscito le permitió a la extrema derecha reorganizarse. En su reacción, el uribismo logró articular a los máximos responsables de la criminalidad estatal, que veían en los acuerdos el riesgo de una posible rendición de cuentas ante la justicia nacional o internacional. Y lograron que en el plebiscito ganara el no a los acuerdos, sustentados en una campaña de mentiras y desinformación en los medios de comunicación para sembrar miedo y terror ante una posible incursión de las FARC en la política.

“Finalmente -asegura Alberto Yepes-, en las negociaciones con el gobierno para mantener los acuerdos, la extrema derecha logró que los expresidentes fueran eximidos de la obligación de comparecer ante la JEP. Detrás de ellos se colaron también los empresarios, denominados aquí como terceros, los financiadores del paramilitarismo. Y, como si fuera poco, la cláusula logró incluir, a última hora, a los propios mandos militares, con lo cual se viola de frente los estatutos de Roma y de la Corte Penal Internacional”.

Eso dejó cojos los Acuerdos, pues finalmente los únicos obligación a comparecer ante la JEP eran los guerrilleros. No contentos con ello, la campaña de Duque a la presidencia se montó en principio sobre la bandera de hacer trizas los Acuerdos. “Y una vez en la presidencia -explica Yepes- Duque ha venido trastocando lo poco valioso que quedó de ellos y terminó cambiando el espíritu mismo de los Acuerdos por lo que él ha llamado Paz con legalidad, que nada tiene que ver realmente con los acuerdos firmados en la Habana”.

En este empeño de no implementar las reformas contempladas en los acuerdos, que pudieran aliviar la situación de la mayoría de colombianos pobres, el gobierno no ha garantizado el acceso a la tierra para los campesinos sin tierra, ni la reforma rural integral ni los programas de sustitución de cultivos ilícitos; más bien ha recurrido a la política de guerra contra las drogas, que realmente se reduce a la guerra contra los campesinos cultivadores, a quienes se les debía brindar las oportunidades para la sustitución de cultivos. “Tampoco se cumplió con la ampliación de la democracia, haciéndoles conejo a las víctimas con las curules en el congreso que demandaban para ellas los acuerdos”.

Según Yepes, Duque ha consolidado un gobierno corporativo que opera en favor del 1% de la población. “Así fue como contrajo un déficit fiscal de 10 billones de pesos por año, que fue el gran responsable del deterioro de los servicios sociales del Estado. Ya en el primer año de gobierno, mucho antes de la pandemia, los índices de pobreza se habían incrementado en cerca 2 o 3 puntos. Eso desmiente la idea de que el empobrecimiento y el deterioro se deben a la pandemia, cuando realmente son resultado del modelo prorricos que venía implementando desde el primer día de su gobierno”.

Y ese problema lo quiso resolver con la reforma tributaria, bajo el mismo principio de reorientar el gasto social a favor de los más pudientes. Esa fue la gota que derramó la copa y provocó el estallido social que vivimos actualmente. “En ello también contó la mala gestión de la pandemia, donde el gobierno le entregó los recursos para enfrentar las crisis a las EPS (5.3 billones de pesos) y al sector financiero, en vez de a los hospitales, donde muchos médicos dejaron de recibir sus salarios y otros fueron despedidos por falta de recursos. Como si fuera poco, 2 de los cuatro billones de pesos destinados por el gobierno para el pago de nóminas terminaron en manos de las grandes corporaciones”.

Las prácticas represivas

Otro combustible, y no el de menor importancia, para la indignación que ha movido a la gente durante este último mes fue la brutalidad policial, que llegó a niveles intolerables con el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez en septiembre de 2020. Frente a la reacción de la comunidad en la calle, la policía reaccionó disparando sus armas como si estuviera en un campo de guerra, asesinando a 14 civiles en Bogotá y Soacha. Antes había ya ocurrido la masacre de 24 internos que protestaban por la falta de medidas sanitarias en la cárcel La Modelo, y ya en 2019, en el marco del paro de noviembre, el asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD había despertado una gran indignación.

Por lo demás, desde ese paro de 2019 el gobierno tuvo en su poder el pliego de peticiones del movimiento social, pero nunca le dio respuesta. Entre esas demandas estaba una renta básica para cerca de 9 millones de familias que padecían hambre y cuyo sufrimiento se multiplicó con la pandemia; y la matrícula cero para los estudiantes. Al no concretarse esta demanda en tiempos de pandemia, cerca de 400 mil estudiantes de educación superior tuvieron que abandonar los estudios, a parte de los que tuvieron que retirarse por falta de conectividad.

A pesar de todas las razones que explican el inconformismo de la gente, la respuesta del gobierno ha sido una violencia desproporcionada de la Fuerza Pública en connivencia con grupos paramilitares que disparan indiscriminadamente contra los manifestantes. “El gobierno -explica Yepes- apostó a aplastar desde el primer día el paro, pero toda la violencia desatada le dio otro rumbo a las protestas. Por eso, cuando se animó a retirar la Reforma que supuestamente había originado el paro, esta ya no era el centro de las movilizaciones”.

La violación tan recurrente y brutal de los derechos humanos despertó también la solidaridad internacional, sobre todo de organizaciones defensoras de derechos humanos. Y es que en tan solo un mes de protestas ya se contabilizaban más de 1.500 personas detenidas arbitrariamente, entre 700 y 800 personas heridas, cerca de 50 personas que han tenido mutilación en los ojos, decenas han sufrido abusos y ultrajes sexuales, más de 100 defensores de derechos humanos, que trataban de verificar la situación de los detenidos y los heridos, han sido golpeados, y ya hay más de 800 personas desparecidas.

Expresiones de la solidaridad internacional

Todo esto empezó a generar alarma en la comunidad internacional, que inicialmente creyó en el gobierno, pero a medida que se multiplicaban los abusos, que la resistencia de los jóvenes se volvía indoblegable y que el gobierno duplicaba la dosis de represión hasta el punto de generar 5 o 6 muertos por día, muchos gobiernos y organizaciones se decidieron a expresar sus preocupaciones y reconvenciones. “Primero fueron las preocupaciones de 1 o 2 congresistas de los Estados Unidos, especialmente el representante McGober, luego otros 15. Hasta que 55 congresistas suscribieron una declaración pidiéndole al presidente Biden que haga un llamamiento expreso al gobierno de Colombia para que frene el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, y le piden que se suspenda los suministros de equipos, municiones, armamentos a la Fuerza Pública, que no se entregue asistencia de ningún tipo al ESMAD”.

Después vinieron las reacciones más fuertes y las reconvenciones del gobierno de Alemania, y detrás de ellas reaccionaron muchos gobiernos de América Latina. A todo ello se sumaron declaraciones del Parlamente europeo, expresando preocupación y rechazo a las violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta”.

La solidaridad se ha expresado también en los territorios donde la represión ha sido más violenta. Por ejemplo, una misión argentina de 21 líderes de la sociedad civil, encabezados por el premio Nóbel de paz Adolfo Pérez Esquivel, estuvieron aquí por más de una semana, en las zonas donde las protestas han tenido las expresiones más fuertes.

Finalmente, se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había recibido varias peticiones de organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia y de congresistas de la oposición.

Todo esto ha obligado al gobierno a salir con una estrategia internacional, enviando a su canciller a hacer lobby en los Estados Unidos y en Europa, vendiéndoles la idea de que aquí se respetan las libertades, que el derecho a la protesta está garantizado, que las instituciones funcionan, que las investigaciones de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría sobre los excesos de la Fuerza Pública y los civiles armados están en marcha. “Pero creo que con el tiempo se va a demostrar que eso es absolutamente falso. A pesar de que no ha sido todo lo vigorosa y fuerte que se esperaba, la solidaridad de la comunidad internacional sí ha provocado hechos importantes, como las últimas declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los derechos humanos, que expresó también preocupaciones fuertes por la falta de garantías al ejerció de la protesta, por la militarización de la respuesta oficial al paro, y reclamó garantías plenas para la vigencia de los derechos humanos en el marco de la protesta”.

Un momento culminante de esa solidaridad es la visita que se realiza entre el 7 al 10 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno se resistió todo lo que pudo a autorizar esta visita, pero tuvo que reconocerla finalmente ante las presiones internacionales. De todas maneras, el gobierno intenta redireccionar esta visita y ponerle una agenda, tratar de que las reuniones sean básicamente con entidades del gobierno o con organizaciones de la sociedad gobiernista. “Sin embargo, eso no va ser tan fácil, siempre habrá un margen importante de encuentro de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos con la Comisión, que seguramente va a hacer que el gobierno morigere algunas medidas”.

“De hecho -continúa Yepes-, esa visita ya ha tenido consecuencias importantes. Por ejemplo, todos los casos de violencia policial estaban siendo tramitados por la Justicia Penal Militar, la Fiscalía había declinado su obligación de investigar esos crímenes, incluido los asesinatos, la violencia sexual, las torturas. Pero al saber que la Comisión viene a pedirles cuenta, el Fiscal general le pidió al ministro de Defensa que le enviara todos los procesos de graves violaciones de los derechos humanos que estaban siendo tramitados por la Justicia Militar en el marco del paro”.

También la Procuradora, que había dicho que no tenía investigaciones disciplinarias, ahora empieza tímidamente a abrir algunas. “En el caso de ella es más significativo, porque venía actuando de manera todavía más descarada -comenta Yepes-. Hasta ahora se ha dedicado a abrir investigaciones contra los congresistas que han apoyado a las comunidades en el paro y que han buscado impedir desapariciones y evitar la violencia contra los manifestantes. También las ha abierto contra los alcaldes que han impedido que el ESMAD sea el que dé respuesta a las poblaciones. Esa es la gente que está investigando la señora procuradora, pero ahora tendrá que investigar, aunque sea por apariencia, algunos funcionarios del gobierno y, sobre todo, a la Fuerza Pública”.

No hay que hacerse ilusiones

Según comenta Yepes, tampoco es mucho lo que se puede esperar de la Comunidad Internacional para la superación de la actual coyuntura, en tanto el gobierno les garantiza a las grandes corporaciones trasnacionales importantes intereses económico y políticos. “No hay que olvidar, por otro lado, que Colombia ha sido históricamente como un patio trasero de los Estados Unidos. A pesar de la presencia de trasnacionales y capitales europeos y chinos, aquí el patrón que pisa más duro es los Estados Unidos; las demás naciones van tímidamente detrás de lo que Estados Unidos vaya planteando”. El problema es que el presidente de esa nación, a pesar de las presiones de algunos congresistas, ha decidido respaldar ciegamente a Duque en su tratamiento al paro. “Sin embargo -continúa Yepes-, yo creo que hay algunos cambios en la administración de los Estados Unidos que son importantes para Colombia. A diferencia del gobierno de Trump, el gobierno de Biden por lo menos ve la necesidad de que el Acuerdo de Paz se implemente, así no sea en todas sus líneas. Y eso tiene influencia en sectores que toman decisiones, las Cortes, por ejemplo”.

En todo caso, Alberto Yepes sostiene que la solución de nuestros problemas tendremos que afrontarla nosotros mismos. Aunque, movidos por la visita de la CDIH la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Puelo asuman algunas investigaciones sobre la violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, sus comandantes y los ministros, poco puede esperarse de estas investigaciones, pues es un hecho que estas entidades están hoy al servicio del gobierno y no funcionan como órganos de control.

“De hecho -comenta Yepes-, a diferencias de ocasiones anteriores, no acompañaron el paro ni han vigilado el comportamiento de los funcionarios. Por eso hemos visto que, ante la falta de compromiso de los órganos de control, son las organizaciones de la sociedad civil quienes han tenido que a sumir el papel del Ministerio Público, registrando los casos, documentándolos, informando sobre el número de desaparecidos o heridos, de torturados, de gente golpeada”. Que ahora estas entidades asuman las investigaciones de cara a la visita de la CDIH es apenas una fachada que no cambiará de fondo su comportamiento subordinado al gobierno. De hecho, hay que recordar que las investigaciones por la masacre de 14 civiles asesinados por la policía en las protestas del 9 y 10 de septiembre del 2020 no han ido a ningún lado, ni las investigaciones por la masacre en La Modelo.

“Seguramente la CDIH vendrá -comenta Yepes-, reclamará rendir cuentas sobre algunos de los crímenes más graves y hará algunas recomendaciones sobre algunas cosas que no deberían volver a suceder. El gobierno tratará de cumplir en alguna medida, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la práctica de las desapariciones forzadas o el uso de armas de fuego en contra de los manifestantes. En otros definitivamente el gobierno no cumplirá. De pronto tratará de morigerar la represión social a la protesta. Pero el enfoque militarista y represivo a la protesta se va mantener porque es un hecho que el gobierno está dispuesto a negociar muy poco de las demandas que le están haciendo en el paro”.

Según Yepes, hay que empezar a construir estrategias de desapego con el gobierno nacional, darle la espalda, reconocer que este gobierno ya no representa a nadie ni le interesa. Y volcarse entonces a los espacios locales donde se pueda fortalecer el movimiento social en diálogos con estos gobiernos locales a propósito de ciertas políticas públicas que están en su poder. “Se trata de tomar un nuevo aire hacia la batalla definitiva, que será en 2022. Hay que buscar acumular fuerzas para el 2022, sobre la base de cobrarle el desgaste al gobierno, y empezar a dar discusiones de reformas que no se van a dar ahora; por ejemplo, la reforma a la Policía y el tratamiento a la protesta social, creo que eso va a marcar una línea importante del debate público”.

De hecho, según Yepes, la Policía es una de las entidades más desacreditadas, con menos confianza. “Creo precisamente que uno de los logros más importantes de este paro es ese, que el uribismo sale desgastado en su imagen, que sus instrumentos de dominación salen absolutamente deslegitimados, que la represión policial, a pesar de que prevalezca, no tiene el consentimiento y el consenso de la población. Por eso creo que hay que jugar audaz e inteligentemente hacia esas batallas del 2022”. La tarea es, según Yepes, arrinconar al uribismo. “Y en eso tenemos que ser hoy abiertos y acumular fuerzas con sectores de la política tradicional, algunos de ellos muy clientelistas, pero decididamente antiuribistas. Porque solos no podemos. Para lograr reformas sociales estructurales, necesitamos zafarnos primero de las huestes fascistas”.

Sin título/Sin autor

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