La justicia en Colombia como ayudante de la manu militare

Por Juan Suárez

Imagen tomada de laiguanatv

Todos los que tenemos acceso a una red social quedamos impactados con las imágenes que llegaban de Cali el pasado 28 de mayo. Paramilitares operando con la policía, asesinato de jóvenes y terror generalizado fue lo que se vio aquel día. Ya en la noche, con la expedición del decreto 575 del 28 de mayo de 2021 y como respuesta a lo que había ocurrido en el día, el gobierno nacional ha continuado una larga tradición colombiana donde el conflicto social se convierte en la aparente causa de la creciente militarización, llevando a una lógica donde el estado de excepción se convierte en la respuesta inmediata a los reclamos.

Este decreto, que define la entrada en vigor de la asistencia militar en ocho departamentos y trece ciudades, es una conmoción interior deformada, pues le da al gobierno la ventaja de utilizar legalmente toda la fuerza militar, pero por ser un decreto ordinario no está sujeto a un control constitucional como sí lo están de manera automática las medidas de excepción consagradas en la constitución. El enfrentamiento de cualquier oposición con esta manu militare (Expresión que significa por la fuerza de las armas) hace parte de una larga tradición de estados de sitios, Cortes militares y juicios sumarios que se han seguido en la historia de Colombia. La actual instrumentalización de la justicia, tanto en las instituciones como en el marco jurídico, corresponde a una alianza histórica que los grandes poderes del Estado escenifican cuando se pone en peligro lo que ellos mismos llaman el ordenamiento jurídico.

No es de extrañar que los primeros que acudieron el 6 de mayo al Palacio de Nariño para el diálogo en torno al conflicto, convocado por el presidente Duque, fueran los presidentes de las Altas Cortes. El cierre de filas que se dio con un comunicado conjunto demostró desde el inicio del paro que los poderes del Estado ya se habían rendido frente al embate del gobierno nacional y su manu militare en las calles. Inclusive en este comunicado conjunto, donde se declara que la justicia confía sin ninguna duda, en que el presidente Iván Duque tomará las mejores decisiones, se suma la Jurisdicción Especial para la Paz en cabeza de Eduardo Cifuentes, magistrado que ya había operado previamente en la Corte Constitucional como notario de los actos del gobierno de Álvaro Uribe a principios de este siglo.

En el caso del Congreso, ni siquiera fue necesario llamarlo a someterse en nombre del orden social, porque este primero se autodisolvió desde el inicio de la virtualidad, y lo único que queda del legislativo son algunos memes y anécdotas de congresistas borrachos que se les olvida apagar el micrófono en las sesiones y que insultan a los otros, algo entendible.

Sin embargo, es de resaltar que en el anómalo comunicado conjunto de la Presidencia y las Cortes se hace referencia a que ambos poderes “Condenamos y rechazamos los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana”.Las Altas Cortes se alinean junto al ejecutivo para luchar contra las “vías de hecho”; el escenario es similar a cuando, en el contexto del primer programa de la política de seguridad democrática de los gobiernos de Uribe, se ejecutaron los 6042 falsos positivos y se volvieron comunes las detenciones masivas, cuando en redadas masivas las fuerzas de seguridad detenían cientos de personas a la vez en pueblos y regiones donde los movimientos sociales eran muy activos. Este escenario de colaboración y gobernanza colaborativa entre poderes para aplicar el derecho del enemigo tiene antecedentes, y por ello el bloqueo se ha vuelto el nuevo enemigo interno.

El bloqueo como encarnación última del enemigo interno tiene una justificación jurídica que se escuda paradójicamente en la protección de derechos como fin último, en este caso el derecho a la movilidad y al abastecimiento. A pesar de que la Corte Constitucional había declarado desde el 2017 que los cierres de carreteras y de vías públicas eran consideradas como acciones acordes al derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. En esta declaración de la Corte Constitucional, se parte del principio de que toda protesta es disruptiva, es decir, busca hacer evidentes injusticias acaecidas. Además, las protestas siempre buscan ser “vistas y oídas” por aquellos a los cuales se dirigen, que en la mayoría de los casos son los que tienen cargos de responsabilidad en el Estado o inclusive en la empresa privada.

En una entrevista publicada el pasado 29 de mayo, el ministro de justicia Wilson Ruiz declaró que muchos de los muertos que se han presentado durante las jornadas del paro nacional se deben a riñas callejeras, hurtos y actos aislados que nada tienen que ver con la intervención de la fuerza pública. No importa que un día atrás, el 28 de mayo, hayan sido tomados múltiples videos donde se observa de manera clara la intervención de paramilitares, eufemísticamente llamados civiles armados, que inundaron las calles de Cali y dispararon en operaciones conjuntas con la policía de los sectores residenciales ubicados al sur de la ciudad.

De igual manera, debe resaltarse lo sucedido con el músico y estudiante Universitario Álvaro Herrera, el cual se encontraba en un cacerolazo sinfónico cerca de la Universidad del Valle, también ubicada al sur de la ciudad. Sin mediar palabra fue detenido, despojado de su instrumento musical y golpeado de manera inmisericorde. Posterior a esta detención ilegal, Álvaro fue conducido, junto con otros seis jóvenes, a la estación La María, en el sur de Cali, donde los golpes continuados fueron la preparación para que grabara un video tomado por uno de los policías donde el músico, bajo tortura, confesaba su pertenencia a la modalidad que se ha llamado “los vándalos pagos”. En un video que ha rodado por todas las redes, mientras Álvaro es sujetado por la policía, la gente de bien celebra su captura y le niega cualquier derecho humano fundamental, puesto que ser joven y reclamar sus derechos ya lo hace acreedor a una respuesta represiva salvaje.

Las declaraciones del ministro y las repetidas violaciones a los derechos humanos parten de un principio básico desde donde se ejerce la fuerza: las oligarquías y el alto funcionariado del gobierno se ven a sí mismos como la encarnación del orden jurídico que han regido en el país y que ha configurado a las instancias judiciales como escenarios donde se ejerce el derecho del enemigo. Es parte de la guerra contrainsurgente que ha construido esa mole de arbitrariedades que llamamos el Estado colombiano y ha quedado en evidencia nuevamente con la entrada en vigencia del estado de conmoción interior disfrazado y por departamentos.

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