Salud en la Asamblea Nacional Popular

Por MESSSA-Movimiento por la salud y la seguridad social de Antioquia

Imagen de la portada del informe de la Defensoría del Pueblo

A quienes por años hemos intentado defender la salud y la seguridad social como bienes comunes y derechos fundamentales de todas y todos, a menudo nos ha inquietado la pregunta del por qué la reivindicación de estos derechos no ha provocado mayor consenso para intentar enfrentar unos intereses inmensamente poderosos y que están en la base del modelo neoliberal. Por eso celebramos con mucho entusiasmo que la constelación de organizaciones sociales que se involucraron en el Paro Nacional que inició el 28 de abril hayan tomado la salud como una de sus banderas, impidiendo que el proyecto de ley 010 siguiera su curso, pues hubiera significado una mayor consolidación del modelo nefasto de la ley 100.

Las organizaciones sociales entendimos que esto significó solamente detener una nueva vuelta de tuerca contra los intereses populares, pero no la derrota completa de la maquinaria corporativa que confisca los recursos de la salud de todos para el beneficio de unos pocos. Para derrotar este entramado de empresas e intereses políticos hará falta mucha deliberación y movilización de un pueblo cada vez más organizado y empoderado.

El Pacto por la Salud y la Vida estuvo entre los cientos de organizaciones que participaron en la Asamblea Nacional Popular que, a pesar de tanta(o)s Claras Luces, Dilian Franciscas, policías, paramilitares y cuanto obstáculo se puedan imaginar, se realizó en las instalaciones de la Universidad Del Valle, patrimonio público que los estudiantes lucharon por poner al servicio del pueblo en resistencia.

Al momento de escribir este artículo, aun no había salido la declaración política oficial con las conclusiones referentes al tema de salud, pero por ser de gran importancia y actualidad, y gracias a que contamos con conclusiones de primera mano por nuestra participación en el evento, nos proponemos en este escrito difundir algunas de las reflexiones más relevantes.

Para la Mesa de Salud de la Asamblea Nacional Popular, la salud debe ser un derecho para todos los ciudadanos, que debe ser prestado de manera universal, garantizado a través de una infraestructura pública (si bien se puede complementar con prestadores privados). Para que ello sea posible se considera urgente eliminar las EPS (actualmente denominadas EAPB), pues han convertido la prestación de servicios sanitarios en un negocio lucrativo, en el que los intermediarios obtienen ganancias de la enfermedad de las personas, por lo tanto, tienen un gran énfasis en el modelo asistencial, en detrimento de la prevención.

En la Asamblea se ratificó que la salud es un derecho fundamental, y que como tal debe ser garantizada a todos los habitantes del territorio por parte del Estado y mediante un sistema de prestación público que debe asegurar la suficiencia y la calidad. Esto no niega que instituciones privadas puedan participar para complementar la atención a los pacientes, que en todo caso debe ser integral y sin barreras de ningún tipo.

Hubo consenso en el considerando que las EPS no han significado ningún beneficio para la salud, y que, por el contrario, parasitan el sistema, negando la atención de los pacientes para poder apropiarse de los recursos, y se convierten en una traba para el disfrute efectivo del derecho por parte de los ciudadanos. De ahí que sea urgente salir de ellas y avanzar hacia un modelo sin intermediarios privados con ánimo de negocio.

Otra medida primordial es el cambio del enfoque actual de tipo asistencial hacia uno preventivo. Es indispensable la promoción de una vida digna que haga posible el mantenimiento de condiciones favorables para la salud de la mayor parte de la población. Así lo sostienen la Ley Estatutaria en Salud y los tratados internacionales sobre derechos humanos que Colombia ha firmado y ratificado. Para ello es indispensable no solo el acceso a servicios sanitarios, sino también a la educación, al agua, a nutrición saludable y suficiente, ambiente sano, etc.

Estos tiempos de pandemia han demostrado la importancia de que el Estado garantice la gobernanza sobre el sistema y la soberanía sobre todos los recursos necesarios para atender la tragedia sanitaria, incluyendo medicamentos esenciales, insumos médicos, tecnologías y producción de vacunas, capacidades estas que el país solía tener pero que fueron desmanteladas por años de gobiernos subordinados a grandes corporaciones, casi siempre extranjeras.

La pandemia del COVID 19 solo se superará en nuestro país cuando las condiciones para cumplir las medidas sanitarias, la educación y las vacunas sean proporcionadas a la inmensa mayoría de los colombianos, mientras tanto el virus se seguirá cebando sobre nuestra gente. La población no confía en este gobierno envuelto en corrupción del que solo espera atropellos, por lo que muchos no están predispuestos a vacunarse hasta tanto no se restablezca la confianza a través de hechos concretos.

Las vacunas deben ser un bien al servicio de la humanidad, y el gobierno de Colombia, al no estar a favor de su patente, impide el acceso de la población a las vacunas, va en contravía de los recursos del país y favorece los bolsillos de grandes transnacionales farmacéuticas, olvidándose también de que muchos países pobres, como el nuestro, también son afectados por el apetito voraz de las grandes corporaciones capitalistas.

La denominación de la salud como derecho inexplicablemente no fue consagrado en la constitución del 91, pero fue conquistada con la Ley Estatutaria en Salud del 2015 gracias a la movilización de miles de personas, pacientes, académicos y trabajadores. Sin embargo, esta denominación por sí misma no nos garantiza el disfrute del derecho, ya que en Colombia se sigue aplicando la nefasta ley 100.

La lucha sigue, y todas las fuerzas sociales que despertamos en este Gran Paro Nacional que está renovando al país, estamos empeñadas en ganar definitivamente este derecho a través de la derogación de la ley de salud de Alvaro Uribe para materializar una nueva ley que realmente satisfaga los anhelos de justicia social en lo relacionado con la salud para toda la población.

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