Por Rubén Darío Zapata

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En ningún país serio se presenta una reforma laboral como estrategia para generación de empleo; las reformas laborales son, en esencia, políticas que resultan de la presión de los movimientos obreros para proteger sus derechos frente a la avaricia e inhumanidad del gran capital y para garantizar la dignidad de los y las trabajadoras. Pero a Colombia, y a toda América Latina, el neoliberalismo trajo el discurso de que la reforma laboral tenía como propósito generar empleo, aunque eso realmente no pasaba del discurso: el real objetivo era flexibilizar las formas de contratación laboral y abaratar el trabajo para beneficio de los empresarios.

La ley 50 de 1991, cuyo ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, cumplió a cabalidad con este propósito: impuso la flexibilización de los contratos laborales, hasta el punto que los contratos a término indefinido se convirtieron en especie en vía de extinción; desde entonces lo natural es que el trabajador tenga un contrato máximo de un año y hay extremos en que los contratos no exceden los dos y tres meses: las entidades públicas son campeonas en esto. Así, las empresas no tienen que despedir al trabajador que les resulta incómodo, sino que, simplemente, no le renuevan el contrato.

Además de eso, se normalizó la tercerización laboral por medio de cooperativas de trabajo e incluso de sindicatos, de tal manera que parte del salario del trabajador pagado por la empresa se quedaba engordando a los dueños de las intermediarias, que nunca fueron realmente ni cooperativas ni sindicatos. Y tal vez lo peor de esta tercerización es que se llevó a cabo a través de contratos de prestación de servicio ilegales, pues el trabajador que firma este contrato aparece en su condición de empresario ofreciendo un servicio a otra empresa, con lo que tiene que asumir de su propio bolsillo toda la seguridad social. Además de eso, la ley eliminó la necesidad del preaviso cuando el empresario quería despedir a los trabajadores y abarató descaradamente los costos por despidos sin justa causa; así que, en la práctica, el empresario te puede despedir cuando le dé la gana.

No contento con esto, durante sus dos periodos de gobierno, Uribe Vélez promovió nuevas reformas que arrinconaron todavía más al trabajador en su dignidad: hizo que el recargo nocturno no se pagara desde las seis de la tarde, cuando realmente empieza la noche, sino desde las diez. Y redujo el recargo al trabajo en los días festivos del 100% al 75%. Con todo ello lo que se hacía era abaratar los costos laborales para los empresarios, con el argumento engañoso de que así los empresarios podrían contratar a más trabajadores. Es decir, se esperaba generar más empleo, aunque en condiciones más miserables. No obstante, los resultados de esta política laboral durante sus tres décadas de aplicación no soportan ninguna prueba empírica: solo profundizaron la miseria de los trabajadores y sus condiciones precarias de trabajo, sin mejorar para nada la cobertura del empleo.

Con todo y ello, los promotores y defensores de este remedo de reforma laboral le objetan a la propuesta que el gobierno presentó ante el Congreso el hecho de que no generará nuevos empleos, sino que acabará con una buena cantidad de los existentes. Esto porque, supuestamente, en las nuevas condiciones laborales que propone el gobierno a los empresarios no les resultaría rentable contratar trabajadores o sostener los que tienen y, por eso, preferirían declararse en quiebra o reducir sus niveles de producción. Detrás de este argumento queda claro que, desde hace muchas décadas, las ganancias de las empresas no se sostienen en la productividad sino en la superexplotación y humillación de los y las trabajadores. Sus argumentos son tan endebles que ni siquiera se arriesgaron a someterlos a debate en el Congreso, sino que optaron por sabotear la discusión, negándose a asistir al debate.

Y, sin embargo, esa es la publicidad que se ha replicado en los medios de comunicación y en las redes sociales, con tanta eficacia que muchos trabajadores o desempleados hoy se oponen a la reforma porque supuestamente los va a dejar sin empleo o sin la posibilidad de conseguir uno. Es el caso vergonzoso, pero comprensible, de los trabajadores de Rapi, una empresa que se abrió con un capital simbólico y ha multiplicado en poco tiempo sus ganancias de manera fantástica gracias a que sostiene con sus trabajadores una relación en donde ni siquiera les reconoce vínculo alguno, por lo tanto, opera mediante la ley del embudo. Pero ahora dice que, si se ve obligada a vincular a los domiciliarios con contratos laborales, ya no resultará rentable el negocio y, por tanto, preferiría irse del país. Es la política del miedo aplicada sin ambages.

La reforma laboral propuesta por el gobierno de Petro no se propone como una estrategia para generar empleo; ella es más bien un compromiso moral de este gobierno para recuperar algunas condiciones de dignidad de los trabajadores que les fueron arrebatadas por quienes hoy se le oponen. En eso ha insistido reiteradamente la ministra de Trabajo. Y es que la generación de empleo no se puede imponer por ley, ni siquiera a punta de incentivos. El único incentivo al que responden las empresas para generar empleo consiste en una economía dinámica, fortalecida y en expansión, que las impulse a contratar más trabajadores para producir más y ganar más. Por eso exige la reindustrialización, la reforma agraria, una mayor inversión en programas de ciencia y tecnología, etc., asuntos que hacen parte del proyecto del gobierno y están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, algunos de ellos en plena ejecución. Pero la dignidad de los trabajadores, en un país civilizado, no puede depender del vaivén de estas variables económicas, sino que tiene que ser un fin en sí mismo.

Por eso esta reforma insiste un recuperar el contrato a término indefinido como derecho de los trabajadores, eliminar la tercerización o reducirla a su mínima expresión, demandar nuevamente la obligación de preaviso cuando el empresario pretenda despedir a un obrero, y recuperar el recargo nocturno desde las seis de la tarde y el recargo de 100% para el trabajo en días festivos. Eso, aparte de garantizar efectivamente el derecho de asociación sindical, la equidad de género en el ámbito laboral y la dignidad del trabajo rural.

Por supuesto que ello implica una mayor carga en los costos laborales para los empresarios. Pero no se van a quebrar por eso, porque más bien sus ganancias en estas décadas de neoliberalismo cerrado han sido desbordadas a causa de la superexplotación del trabajo, de ahí la concentración de riqueza tan descarada que registra nuestra economía. En todo caso, la reforma solo será posible si los trabajadores no nos dejamos intimidar por la campaña de miedo y desinformación emprendida por la élite empresarial y política y buscamos espacios propios para debatir y enriquecer la propuesta, y nos movilizamos para defenderla.