Portada: Sin Título – Marco Ramos Trujillano (Perú)

Por momentos estamos tentados a sentir desilusión por lo que ha ocurrido con las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República: La reforma a la salud quedó prácticamente paralizada, después de una serie significativa de amputaciones y deformaciones en procesos de conciliación con los partidos tradicionales, que al final ni siquiera se dieron por satisfechos y rompieron la coalición de gobierno; la reforma pensional apenas cojea, víctima de una campaña tremenda de desinformación, y la reforma laboral ni siquiera pudo ser sometida a debate por el sabotaje de los partidos de oposición. Pero un análisis juicioso tiene que llevarnos a entender por qué ocurrió eso, aun cuando la elección de Gustavo Petro estuvo precedida por una serie de movilizaciones efervescentes de los sectores populares que reclamaban justicia social, algo que supuestamente debería materializarse, al menos en parte, en las reformas que acabamos de mencionar.

En este análisis debemos evitar respuestas fáciles que nos tranquilicen o nos paralicen, convenciéndonos de que definitivamente las cosas funcionan así y que no hay nada qué hacer. Por ejemplo, es una respuesta fácil aquella que asume que las reformas estaban condenadas al fracaso porque el gobierno no tenía mayoría en el Congreso y tuvo que armar una coalición con las víboras tradicionales de la política nacional. Tampoco había mayorías en el Congreso en el 2021, y el gobierno era del todo contrario a los intereses de los sectores populares, cuando tumbamos, a través de la movilización sostenida, la reforma tributaria y la reforma a la salud que proponía el gobierno Duque para profundizar el modelo neoliberal y hacer todavía más precaria la vida de los más vulnerables, que son las mayorías en Colombia.

También es una respuesta fácil endilgarle el fracaso de las reformas a equivocaciones del presidente Petro (que las hay) o a su falta de inteligencia política para negociar con la oposición. Difícilmente registra la historia colombiana un presidente tan ignorante y torpe como Duque, y, sin embargo, hizo prácticamente lo que le dio la gana en el gobierno con el respaldo de los poderes económicos y políticos del país. El presidente Uribe se salía de casillas todos los días, gobernaba con un nivel de arbitrariedad sorprendente y generaba un escándalo cada semana, pero siempre caía parado, salvado por la prensa comercial que se puso desde el principio a su disposición, y respaldado por el poder legítimo e ilegitimo que controlaba los hilos de toda la institucionalidad. Todos ellos no hacían más que gestionar los intereses de los poderosos, por lo tanto, nadaban con la corriente.

Lo que habría que preguntarse realmente es por qué un pueblo que se moviliza para tumbar una reforma que le parece injusta muestra tan pocos ánimos para movilizarse por una reforma que supuestamente encarna su anhelo de justicia. La distancia que separa la lucha contra la injusticia de la lucha por la instauración de un orden justo es la misma que separa la indignación de la acción política propiamente dicha. En la primera, la movilización está animada por la emotividad, por la indignación ante lo que nos parece intolerable y apunta a la destrucción de aquello que produce la injusticia, mientras la segunda se mueve en la perspectiva de construir sobre las ruinas de un mundo pervertido, un orden social que haga posible la realización de los más altos valores de la humanidad: libertad, solidaridad, justicia. En una palabra, dignidad humana.

No son incompatibles estas dos luchas, sino más bien complementarias. La injusticia que provoca nuestra indignación, solo puede superarse si avanzamos, más allá de la respuesta emotiva, en la planeación y construcción racional de un orden social que garantice plenamente la justicia en todas sus dimensiones. Pero en los últimos años hemos asistido en casi todo el orbe a una serie de movilizaciones multitudinarias provocadas por la indignación ante alguna injusticia concreta, sin que trascienda en un movimiento sistemático de construcción de un orden nuevo.

Por ejemplo, hoy asistimos a las movilizaciones en Francia en rechazo al asesinato a manos de la policía de un inmigrante negro, igual que ocurrió en Estados Unidos en 2020 tras el asesinato brutal, por parte de un policía, del afrodescendiente George Floyd y en Colombia después del asesinato alevoso, también por parte de la policía, de Javier Ordoñez. En un marco un poco más amplio podemos decir que fue la indignación ante evidencias sistemáticas de injusticia intolerable lo que provocó las multitudinarias movilizaciones en varios países africanos entre 2010 y 2012, en lo que luego fue considerado como la primavera árabe y que, finalmente, fue instrumentalizado por los poderes internacionales para mantener y naturalizar de nuevo el orden de injusticia.

La construcción de un orden justo implica la construcción de un sujeto que se reconozca como agente político. Las reformas que harán posible un acercamiento a un orden más justo no se cocinan en el Congreso, sino en las calles. Y el sujeto que las hará posible no son los senadores sino las organizaciones que agrupan a los miembros de los sectores populares en sus múltiples luchas y reivindicaciones. Pero la movilización no garantiza automáticamente el paso de la indignación a la construcción política; este paso solo es posible cuando la movilización consolida procesos organizativos y propicia la articulación de múltiples sujetos y múltiples reivindicaciones.

Por lo demás, la movilización no debería limitarse a las marchas de protesta, sino llevarse de manera permanente en barrios y veredas, en escuelas y universidades, a través de procesos pedagógicos de formación, de procesos económicos de autogestión, de colectivos que piensan y ponen en práctica nuevas formas de relacionamiento (relaciones intergeneracionales, de género, raza, sexo, cultura).

En estos escenarios debemos estudiar a profundidad los asuntos que nos afectan como individuos y como colectivo, poner en debate las reformas que propone el gobierno para comprender el impacto que estas realmente tienen sobre nuestra vida, si realmente apuntan a superar las injusticias o las perpetúan y nutrir esas reformas con nuestras propuestas emanadas de nuestras experiencias colectivas. En todo caso, se trata de combatir la ignorancia y la desinformación con formación política. Así se construye, en la cotidianidad de la vida política, el sujeto que encarna en su propia disposición la necesidad objetiva de las reformas. El sujeto sensible, capaz de indignarse con la injusticia cotidiana igual que con la extraordinaria y que se compromete con la construcción de un mundo realmente justo. Esto implica paciencia y perseverancia para potenciar los logros y superar los retrocesos, pues la construcción a la que nos avocamos es siempre de muy largo plazo, por más urgentes que sean los cambios que demandamos.

Contraportada: Sin Título – ERNESTO GUERRERO CELIS (CHILE)