Por Betty Ciro

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Uno de los varios golpes que recibió el Partido Centro Democrático en las últimas semanas fue la noticia que copó la prensa de Antioquia: la condena a diez años de prisión al actual alcalde de Bello, Oscar Andrés Pérez, de 5,3 años al asesor jurídico en la anterior alcaldía de Pérez y de 7,5 años al representante legal de la Fundación Semillas de Guadalupe.

Para muchos, esta noticia se esperaba, pues fue ampliamente divulgada la situación jurídica del alcalde actualmente condenado desde que se posesionó como tal el 01 de enero de 2020; cuando inició como primer mandatario de Bello, portaba un brazalete del INPEC. El brazalete electrónico lo portan las personas que, estando condenadas, reciben un beneficio de continuar pagando la condena desde su residencia, o aquellas personas que, como Oscar Andrés Pérez, están en el curso de una investigación penal y a quien el juez no consideró necesario que fuesen recluidos en un centro carcelario.

Precisamente, por no haberse dictado condena en su contra fue que el ya saliente alcalde de Bello pudo ejercer como tal hasta hace pocos días. Solo a finales de 2022 le fue retirado el mecanismo de vigilancia electrónica, al ser emitida en primera instancia una sentencia que absolvía de los cargos imputados al mandatario. No obstante, la dicha no fue muy duradera, pues unos pocos meses más tarde, el Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, revocó la anterior Sentencia y lo condenó a pagar diez años de prisión por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como alcalde en el período 2008-2011.

Los delitos

A Pérez lo condenaron por la celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, delitos cometidos en la firma de un contrato por 180 millones de pesos para la elección del Consejo de Juventud, en al año 2010, durante su alcaldía entre 2008 y 2011. Dicho contrato fue celebrado con la Fundación Semillas de Guadalupe.  Entre otros reproches, se le endilga al mandatario haber realizado un contrato para el cumplimiento de dicha misión cuando lo hubiese podido efectuar con los mismos recursos humanos y técnicos de la alcaldía.

Solo le faltaron a Oscar Andrés 6 meses para terminar el período como alcalde en Bello, no apareció un Marco Antonio Velilla o quizá sus amigos caciques estaban tan ocupados en otros quehaceres que no se percataron que necesitaba un empujoncito o mejor una retardadita del fallo hasta diciembre para   que terminara el período.

El caso de Carlos Alirio Muñoz López

Es imposible no recordar lo sucedido con este otro alcalde de Bello durante el 2012-2015.  El señor Muñoz López, ungido por la casa Suárez Mira para ser el alcalde de Bello inmediatamente después de que en este municipio ganara por primera vez el voto en blanco en las elecciones de octubre de 2011 y por segunda vez en Colombia, violó varias normas del ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que había sido nombrado como concejal y sin renunciar a tal calidad se presentó como candidato a la alcaldía y resultó elegido.

Aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia había decidido desde el 10 de octubre de 2013, en primera instancia, la muerte política del señor Muñoz, solo 3 años después y unos pocos días después de finalizado el período del alcalde, el Consejo de Estado ratificó en segunda instancia lo decidido por el Tribunal Administrativo. 

En el Concejo de Estado este caso le correspondió por reparto al magistrado Marco Antonio Velilla, quien, a pesar de tener 15 días, según la ley, para fallar, no lo hizo, pero sí engavetó el proceso que solo fue resuelto por otro magistrado cuando Velilla salió del cargo. Como quien dice, al exalcalde le hicieron el favor de dejarlo terminar el período y al parecer lo previnieron para que aprovechara el resto de su administración, porque al terminar quedaría inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

El magistrado Velilla después de hacer este tipo de favores desde el Concejo de Estado, pasó a desempeñarse como director de Ética del Centro Democrático; allí archivó la investigación interna que se le adelantaba al excandidato Oscar Iván Zuluaga por haber recibido, presuntamente, dineros de Odebrecht para su campaña política.

Cesar Suárez Mira

Hermano de los caciques Oscar y Olga Suárez Mira, este señor ejerció como alcalde de Bello en el período inmediatamente anterior (2016-2019). Durante su mandato fue destituido dos veces, la definitiva fue el 15 de mayo de 2019, siete meses antes de finalizar su administración. La condena a 6 años y 10 meses le fue impuesta por el delito de falsedad en documento privado, al comprobarse que había presentado un diploma de bachiller falso para acceder al desempeño de varios cargos públicos y para estudiar derecho en la universidad Cooperativa de Colombia.

Los hermanos Oscar y Olga Suárez Mira

Estos dos hermanos, jefes del clan político de Bello, Suárez Mira, también se desempeñaron como alcaldes de Bello, el primero de 1995 a 1997 y la segunda de 2004 a 2008. Aunque en entrevista concedida al periódico El colombiano por Oscar Suárez Mira el 8 de febrero de 2022, y ante la pregunta, si los Suárez Mira tienen secuestrada la democracia en Bello, la respuesta del cacique se ampara en que allí ganó el voto en blanco en 2011 y que este hecho demostraría todo lo contrario.

A pesar de que ambos políticos han sido investigados por vínculos con los paramilitares, incluso Oscar fue condenado por estos delitos, los dos siguen manejando las riendas de la política en Bello y desde el año 2021, mediante Decreto 479 del 12 de mayo, firmado por el presidente Iván Duque y por el ministro de justicia Wilson Ruiz, fue nombrada Olga Suárez como notaria en encargo en la Notaría 27 del Círculo de Medellín.

Corrupción en Bello Ha sido tan evidente la corrupción en Bello que se ha vuelto objeto de estudio de académicos. En investigación realizada por Juan Camilo Galvis Ciro, profesor de la UPB, titulada “Corrupción y delitos en el Municipio de Bello: una aproximación para el período 2012-2021” se demuestra la corrupción en lo atinente al abultado número de contratos, a las adiciones de estos y las relaciones de la corrupción con otros delitos que se viven en la ciudad.