Nueva cortesana del imperialismo occidental

Por Álvaro Lopera

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La corte penal de carácter internacional que se lanzó con bombos y platillos en el año 2002, mostró tempranamente síntomas de decadencia. Las expectativas puestas por los pueblos del Sur, en especial por aquellos donde la justicia no aplica como en Palestina, Yemen, la República Saharaui, el continente africano, y los distintos pueblos que tienen en su haber nacional cortes tan corruptas como las colombianas, creyeron que ahora sí esta Corte, radicada en la Haya y que no hace parte de la ONU, sería un bastión de la justicia universal. Pero no hubo tal. Al fin de cuentas solo se observa a los países del Sur perseguidos y a muchos de sus líderes políticos y militares señalados como los grandes ogros de los derechos humanos, casi todos provenientes del continente africano.

Origen de la CPI

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la CPI y fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma establece la jurisdicción, estructura y funcionamiento de la CPI, así como los delitos que son de su competencia comoel genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión que son atribuibles a personas, no a Estados. La CPI fue fundada en julio 1 de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor, después de que 60 países lo ratificaran. Actualmente, 123 países son Estados Partes del Estatuto de Roma.

En su portal (www.icc-cpi.int) se lee este postulado: “La Corte participa en una lucha mundial para poner fin a la impunidad y, a través de la justicia penal internacional, pretende que los responsables rindan cuentas de sus crímenes y ayudar a evitar que éstos se repitan. La Corte no puede alcanzar estos objetivos por sí sola. Como tribunal de última instancia, pretende complementar, no sustituir, a los tribunales nacionales. Regida por un tratado internacional denominado Estatuto de Roma, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente del mundo”.

El actual fiscal de la CPI, que es elegido por la mayoría absoluta de la Asamblea de los Estados Partes, es Karim Khan, abogado británico. Asumió el cargo el 16 de junio de 2021 y su mandato es de nueve años y no es renovable. Este sucedió a Fatou Bensouda, que fue elegida por consenso y quien ocupó el cargo de fiscal de la CPI desde el 15 de junio de 2012 hasta el 15 de junio de 2021. Antes lo había ocupado Luis Moreno, argentino, desde el año 2003 hasta el 2012.

En la actualidad, el Tribunal cuenta con más de 900 funcionarios, de aproximadamente 100 Estados.

Actuaciones de la Fiscalía y actitudes norteamericanas

La fiscal anterior a Karim fue la gambiana Fatou Bensouda, la cual se propuso hacer algunas acciones que redirigieran las investigaciones de la CPI, en tanto el reclamo que había hecho África en 2016 era que el comportamiento de la Corte era de carácter neocolonial, pues si bien había pedido a gritos el castigo de tantos crímenes de lesa humanidad impunes en su continente, no había pedido que la CPI se enfocara únicamente allí y se hiciera la de la vista gorda con los crímenes de las grandes potencias.

En la fiscalía de Bensouda, como para salirse un tanto de la mediocridad del argentino Moreno y de la persecución a los africanos, y para evitar que hubiera una retirada masiva de los Estados Partes de África, esta intentó acusar a Estados Unidos, la OTAN e Israel, en cabeza de algunos de sus líderes, por los grandes crímenes de guerra cometidos tanto en Afganistán como en Palestina.

Pero la respuesta no se hizo esperar: en marzo de 2020 Mike Pompeo pronunció una diatriba denunciando a la Corte. “Nos oponemos a cualquier intento de la CPI de ejercer jurisdicción sobre el personal estadounidense. No toleraremos sus intentos inapropiados e injustos de investigar o enjuiciar a los estadounidenses”, y criticó a la CPI como “una vergüenza” y la calificó como “una supuesta corte que se está revelando como un organismo abiertamente político”. Aseguró que “estamos denunciando y confrontando sus abusos”. Ya en agosto de 2002, en el gobierno de Bush II, Estados Unidos había aprobado la Ley de invasión a La Haya, la cual le permitiría a Washington intervenir militarmente en la Haya, Holanda, para liberar a cualquier persona juzgada en la CPI que fuera ciudadano estadounidense.

Asimismo, Blinken, el actual secretario de Estado norteamericano, se pronunció contra los intentos de la CPI de juzgar a los responsables israelíes de crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino, con estas palabras: “La CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto. Israel no es parte de la CPI y no ha dado su consentimiento a la jurisdicción de la Corte, y tenemos serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí”. Israel, recurriendo a su estribillo hijo de la industria del holocausto, tachó el intento de investigación como “antisemitismo”.

En junio de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que permitía a Estados Unidos bloquear los activos de los empleados de la CPI e impedirles entrar en el país, además de amenazarlos con otras medidas represivas. En definitiva, Estados Unidos no ha permitido ni permitirá que la justicia internacional se aplique contra cualquier ciudadano norteamericano e israelí, es decir, exige inmunidad e impunidad.

Colofón

Cuando llegó el fiscal Karim Khan, que extrañamente Israel había promocionado, canceló muy convenientemente las investigaciones contra Estados Unidos e Israel. A lo anterior se sumó esta perla: cuando en marzo del presente año el presidente de la CPI, el polaco Piotr Hofmański, emitió una orden de arresto contra el presidente ruso (Putin) por crímenes de guerra (causada presuntamente por la deportación ilegal de población -niños en este caso- y traslado ilegal de estos de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa), Blinken aplaudió con toda Europa y llamó a que la CPI actuara con todo el rigor de la justicia. Blinken insistió repentinamente, contradiciéndose, en que la CPI debe tomar medidas contra Rusia aunque no es miembro de la CPI, en nombre de Ucrania, que tampoco lo es.

Los niños y niñas de los cuales habla la CPI son infantes de las zonas de población ruso parlante, de la región del Donbass, sometida a bombardeos inclementes de las fuerzas ucranianas desde 2014. Las autoridades rusas ya habían informado previamente que evacuarían hogares con niños hacia zonas seguras, y que les organizarían una reeducación y pondrían prótesis y les entregarían ayuda humanitaria, y así efectivamente se hizo. Todo ello lo pasó por alto la nueva Fiscalía.

El imperialismo norteamericano no solo tiene en su haber una gran cantidad de crímenes contra la humanidad, sino una gran carga histórica de cinismo en sus actuaciones internacionales y para ello cuenta con cortesanos a su disposición en los cinco continentes.