La disputa por el reconocimiento político de un crimen

Por Mateo Calderón

Fotos tomadas de Nova Colombia

Han transcurrido 4 años desde aquel 23 de noviembre en el que, en medio de las protestas sociales ocurridas en Bogotá, fue asesinado Dylan Cruz por un integrante de la fuerza pública. Era un joven residente de la capital que, como la gran mayoría de participantes de aquellas protestas, sentía un profundo y legítimo malestar por la situación social y política que ha estado viviendo el país durante los últimos años y que exigía una atención prioritaria por parte del gobierno nacional. Desafortunadamente, la única atención urgente que ha sabido brindar el Estado ha sido la represión. Se antepone la salvaguarda del interés particular de un reducido sector de la sociedad a costa de una amplia mayoría que vive en condiciones de miseria.

El discurso que ha pretendido legitimar este accionar violento por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes proviene de la imagen colectiva que desde el establecimiento se crea sobre ellos. Se les figura como un conjunto de desadaptados que carecen de objetivos organizativos claros y que solo desean sembrar el caos en la sociedad. Esa narrativa que se produce sobre ellos pretende expropiarles toda la potencia transformadora de la lógica social que hay en su expresión del malestar colectivo y convertirlos en individuos no deseables que, debido a su actitud hostil, deberían ser detenidos o eliminados por medio del uso “legítimo” de la fuerza que corresponde al Estado.

Bajo estas circunstancias es que la vida de Dylan Cruz fue arrebatada por un integrante del ESMAD. Este, durante la manifestación social de ese 23 de noviembre, apuntó y disparó directamente al joven manifestante con una escopeta de munición no letal, perforándole el cráneo. La familia del joven, sin embargo, aún hoy se enfrenta a la dificultad del reconocimiento público de lo que realmente aconteció con Dylan: un asesinato a sangre fría. La institucionalidad ha sabido aplicar a este caso, a través del discurso, una justificación de su accionar violento. De ese modo, en la investigación oficial se creó el relato que convierte al joven asesinado en responsable de su propia muerte.

El lenguaje técnico y judicial que se implementa en este tipo de casos, en vez de dar claridad sobre lo que realmente sucedió, lo que logra es limpiar la imagen del perpetrador. Se pretende mostrar que la fuerza pública se ciñe estrictamente a los procedimientos de dispersión que buscan disuadir grupos manifestantes con tendencias violentas y que, ante la imposibilidad de la disuasión, se recurre al uso legítimo de la fuerza, que en este caso específico terminó de manera accidental con la muerte de Dylan.

La “actitud hostil” de la víctima, según la investigación oficial realizada por la Fiscalía, fue la de estar en medio de una turba enfurecida que se encontraba agrediendo a la fuerza pública y haciendo daños en propiedad privada. En ese sentido, ante la situación de violencia y descontrol, el ESMAD, en su “legítimo deber”, utilizó las armas de dispersión para tomar el descontrol y fragmentar la masa anónima que perturbaba el orden social.

En realidad, aquello que sentenció a Dylan Cruz fue haberse atrevido a devolver los gases que la misma fuerza pública arrojaba hacia el grupo de manifestantes. Ni pedreas ni destrozos estaban ocurriendo en ese instante. De hecho, 13 cámaras registraron el momento exacto en que Dylan fue asesinado y ninguna muestra con claridad una situación concreta de hostilidad por parte del grupo de manifestantes.

Aunque existe abundante material visual sobre ese acontecimiento, dicho material fue utilizado de manera poco rigurosa por parte de los investigadores de la Fiscalía, en donde se pretende concluir dos hechos fundamentales: el Primero, que Dylan, al quedar registrado arrojando un gas de vuelta hacia los uniformados del ESMAD, estaba atacando directamente a la fuerza pública, lo que hacía legal la defensa por parte de los uniformados. El segundo, que el disparo que terminó incrustado en el cráneo de Dylan Cruz no fue arrojado directamente hacia él, sino que estaba direccionado hacia la multitud que había en el sitio con la finalidad de dispersarla. De ese modo, se pretende cerrar el caso como un incidente no deliberado y categorizar el asesinato como un accidente.

Pero una agencia de investigación extranjera, llamada Forensic Architecture (FA), de la Universidad de Londres, se interesó por este caso en específico e implementó su tecnología de modelación 3D, usando el material audiovisual disponible del crimen para recrear, en tiempo real, lo que sucedió exactamente en el asesinato de Dylan. Así lograron contradecir el informe oficial de la Fiscalía y demostraron con alto grado de precisión que el uniformado del ESMAD que disparó el arma asesina sí apuntó deliberadamente a Dylan Cruz. El disparo nunca estuvo dirigido hacia una supuesta turba enfurecida que se encontraba agrediendo a la fuerza pública.

Se logró registrar el momento en que el joven llamó la atención del oficial y posteriormente este apuntó con su arma en la dirección de Dylan, para posteriormente impactarlo, quedando demostrada la pretensión de hacer daño a un sujeto particular. También se demostró con precisión matemática que los gases lacrimógenos que el joven manifestante arrojó hacia los uniformados y que, supuestamente, volvía legal el uso de la fuerza contra él, no podía significar una vulneración a los mismos porque se encontraba alrededor de 20 y 27 metros de distancia del primer uniformado cerca. Además de que los uniformados estaban dotados con trajes especiales, a diferencia del manifestante que carecía de todo tipo de protección.

La decisión judicial sobre el caso de Dylan Cruz sigue sin resolverse. Los resultados de la modelación 3D realizada por FA fueron presentados ante la Justicia para ser tenidos en cuenta con la finalidad de lograr un dictamen real sobre lo sucedido, uno que no se oriente a limpiar la imagen institucional, legitimando ciegamente el actuar de la fuerza pública. Ojalá esto logre devolver la dignidad a la víctima, al menos quitándole el estigma de vándalo, que el informe oficial pretende atribuirle, para brindarle el reconocimiento como un joven más que fue víctima de las lógicas hostiles de un sistema social que se niega a toda posibilidad de transformación por fuera de los intereses que rigen la clase social dominante.