Por Stiven Calderón

Imagen elaborada con IA

Que la comunidad universitaria, y en general la ciudad de Medellín, se entere a través de un medio hegemónico afín a las derechas, por declaraciones de Mauricio Alvear, exrector y actual secretario departamental de educación, de que la meta es eliminar al 50% de los docentes de cátedra de la Universidad de Antioquia como respuesta a la crisis financiera que atraviesa la institución; que mencione, además, el beneplácito del Consejo Superior Universitario ante tal propuesta, y que, días después, nos enteremos por el mismo medio, por comentarios de pasillo o por comunicados de algunas facultades, que dicha medida ya se empezó a implementar, evidencia el menosprecio por el consenso abierto y democrático en relación con decisiones que afectan al Alma Mater. Pero, sobre todo, evidencia el poco compromiso de la actual gobernación para con la que es considerada la segunda universidad más importante de Colombia.

Y es que, si bien es sabido —y de esto da cuenta el secretario— que la crisis financiera es estructural y tiene que ver con la necesaria reforma que requiere la Ley 30 de 1992, las decisiones tomadas hasta el momento recaen, de manera arbitraria, sobre los docentes.

Cabe mencionar que los “mal llamados” docentes de cátedra —pues tal término, si se examina su real significado, resulta irónico e impreciso, y para algunos de ellos denota y refuerza la precariedad laboral de los educadores que no cuentan con una plaza estable en la universidad frente a quienes sí la tienen—, además de ser mayoría dentro del campus, representando casi el ochenta por ciento del total del cuerpo docente, han librado durante años diversas luchas para que no se les reconozcan garantías laborales básicas, fuero sindical y el reconocimiento como empleados públicos, entre otros. Su papel, además, ha sido determinante para el normal funcionamiento y operación de las labores académicas durante más de dos décadas.

Asimismo, que Alvear atribuya al nivel de especialización de los profesores vinculados parte de la responsabilidad en la actual crisis, a su producción académica e investigativa, o al aumento en la cobertura de estudiantes, y que a la vez plantee propuestas como reducir el tiempo en las carreras universitarias, envía un mensaje desalentador. Y no solo a quienes, desde la academia, abogan por una universidad preparada y competente, sino también a quienes aspiran a acceder a una educación superior que no solo brinde oportunidades a todos, sino que, además, sea sinónimo de calidad.

Con respecto a la desfinanciación y a la actual coyuntura, el nuevo sindicato de la universidad que los agremia, ASIPROUA, señala que, siendo la Universidad de Antioquia la segunda más importante del país, cuya misión profesoral es formar a nuevas generaciones y cuyo alcance se extiende a nueve regiones del departamento, debe mostrar preocupación frente a la situación de cerca de 5600 docentes, según datos institucionales. A la vez, invita a una conversación amplia, honesta y objetiva con la comunidad de Antioquia y el gobierno nacional frente a una problemática que, más que nueva, viene presentándose los últimos 25 años.

El profesor Rodolfo Viana, actual vicepresidente del sindicato, expresa la necesidad de que toda la comunidad universitaria y los demás sectores sociales en general se comprometan con alternativas rápidas, objetivas y coherentes, que permitan que la universidad tenga viabilidad y proyección histórica en beneficio del estudiantado, no solo de Medellín, sino de todas las subregiones de Antioquia. “No es posible que la comunidad de profesores de cátedra, durante más de 25 años, haya sostenido sus funciones en calidad y cobertura, y hoy simplemente se pretenda acabar con nuestro eje misional y contractual”, afirma.

Viana también señala que hace aproximadamente dos meses propuso llevar dicha problemática al gobierno nacional para que este garantice un condonable de doscientos setenta mil millones de pesos, los cuales, sumados a la venta de algunas propiedades de la Universidad y a un plan de reajuste, permitirían reunir algo más de cuatrocientos mil millones en dos años y medio. Sin un compromiso de tal magnitud, asegura, es casi inminente —como ya parece estar en marcha— una verdadera masacre laboral.

Por otra parte, el docente Giovanny Restrepo, miembro de la junta del sindicato, considera «irresponsables, descontextualizadas y vergonzosas» las palabras de Alvear. Restrepo recuerda que, en su momento, cuando este fue rector de la universidad, intentó desconocer el derecho de agremiación sindical de los docentes de cátedra, razón por la cual terminó siendo demandado. También señala la injusticia de que las actuales medidas recaigan sobre dicho sector, recordando sus contribuciones al Alma Mater, la preparación que implica el ejercicio de la labor docente, el crecimiento personal y el permanente intercambio con un estudiantado que proviene de todo el país, así como el sentido de pertenencia que genera formar parte del que cree es el proyecto cultural más importante de los antioqueños.

Al momento de escribir este artículo, tan solo se ha dado una reunión entre el actual ministro de educación, Daniel Rojas Medellín, con un sector del estudiantado y la asamblea multiestamentaria. De tal encuentro se destaca la férrea oposición del funcionario a la reducción de horas cátedra, señalando que, mientras el gobierno nacional aumentó del 32.8% en 2022 al 39% en 2024 los aportes a la base presupuestal de la universidad, la gobernación mantuvo el mismo 3.5% que aporta desde 2022. Asimismo, mientras el gobierno mantiene una contratación por el orden de los 88 mil millones con la Universidad, la gobernación la disminuyó.

Entretanto, de una posible reunión entre el ministro, el gobernador y el alcalde Federico Gutiérrez —la cual parece haber sido aceptada—, la comunidad universitaria espera que supere cualquier diferencia ideológica entre el gobierno nacional y dichas administraciones. El llamado es lograr un consenso y a que reducir el cuerpo docente no se tenga como meta, que las metas, por el contrario, a corto, mediano y largo plazo, sean garantizar el sostenimiento, la cobertura y la calidad de una universidad que a todos nos pertenece.