Daño y luego pago

A propósito de La COP 16 y las discusiones para el movimiento social colombiano

Por Gerson Peralta

La COP 16 es un mecanismo de las Naciones Unidas donde, a través de conferencias sobre la biodiversidad y discusiones acerca del cuidado del medio ambiente, se llegan a acuerdos y compromisos entre los múltiples Estados que lo conforman para “enfrentar” la crisis ambiental. Sin embargo, la capacidad de incidencia ha sido poca en cuanto a soluciones reales del cuidado de la biodiversidad, pero eficiente cuando se habla de comercialización de la naturaleza que el denominado capitalismo verde presenta.

En esta ocasión, le correspondió a Colombia ser la sede del encuentro mundial entre las partes, bajo el lema “Paz con la Naturaleza”, el cual fue anunciado con gran estruendo y liderado por el actual gobierno de Gustavo Petro. Por un lado, el gobierno planteó la necesidad de abrir el espacio para que diferentes organizaciones y colectivos del movimiento social pudieran participar en lo que se conoció como “COP de la gente” o “Zona Verde”. Paralelamente, funcionaba la “Zona Azul”, un sitio donde se reunían los representantes de Estados, los organismos multilaterales, la banca nacional e internacional y los grandes conglomerados de trasnacionales y multinacionales.  

En contraposición al teatro de transacciones, nos dimos cita en la misma ciudad de Cali 170 integrantes de más de 40 organizaciones ambientalistas, campesinas, magisteriales y sindicales en un escenario alternativo, autónomo y popular, con la finalidad de construir una agenda ambiental crítica antisistémica. Al tiempo, valientemente, y a pesar de la fuerte militarización de la ciudad, otros procesos sociales se enfrentaban a la hipocresía de un ambientalismo con grandes monocultivos de caña y con una estructura desigual de tenencia de la tierra.

Bajo este marco, problematizamos los mecanismos injerencistas que promueven y profundizan la crisis ambiental y las relaciones de dependencia, tales como: los bonos de biodiversidad, el mercado de carbono y el cambio de deuda por naturaleza; no son más que intentos del capitalismo por resolver su propia crisis, mientras mantiene su lógica expansiva de devastación, extractivismo y consumismo.  

Los bonos de Biodiversidad

Los bonos de biodiversidad son recursos movilizados por la banca nacional, en este caso Davivienda, en alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial. El objetivo es impulsar y financiar la reforestación y el cuidado del ambiente pagándole al campesino por hacerlo.

Referente a los bonos de biodiversidad, dice la ministra de Ambiente en una entrevista: “Este bono de biodiversidad es realmente un hito de financiamiento para la recuperación de la naturaleza. Tiene tres características: lo primero, genera un proceso de financiamiento a sectores que son absolutamente estratégicos y priorizados”. ¿Los sectores estratégicos a los que se refiere tienen el común denominador de las Islas Gorgonas? En un país que importa el 30% de sus alimentos ¿quién va a cultivar lo que podemos producir? ¿Dónde queda la autonomía territorial y la llamada seguridad alimentaria si dependemos de la importación de alimentos?

Los mercados de carbono

Como lo define el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son mercados a nivel internacional, nacional o regional, donde se compran y se venden unidades de carbono con el objetivo de disminuir los gases de efecto invernadero. Estos objetivos son buscados por medio de mercados voluntarios o regulados. Para el caso de los mercados voluntarios, las empresas públicas o privadas se responsabilizan de diseñar y manufacturar productos “amigables” con el ambiente, entre otras políticas. En cuanto a los mercados regulados, los Estados que lo suscriben, en este caso países desarrollados, se comprometen a la reducción de CO2 en los países en desarrollo donde tienen sus industrias.

Otro de los mecanismos novedosos es el Sistema de Emisiones de Carbono (SCE), ya que es el instrumento con el cual los gobiernos estipulan un precio al carbono y ponen un tope a la cantidad de CO2 que una empresa puede producir. Por ejemplo, una unidad de carbono adquirida es equiparable para emitir una tonelada de carbono. A este mecanismo se le conoce como cupo transable de emisión. En otras palabras, el mercado regula qué tanto puede contaminar una empresa, y las grandes empresas pueden pagar por la destrucción de los ecosistemas para que los países del sur global les hagan el trabajo de reparar su daño.

A nivel nacional, Colombia está implementando el sistema para la reducción de emisiones (RE), que se encargaría de desarrollar el Sistema de Emisiones de Carbono (SCE) y los Acuerdos de París. Estas políticas son presentadas por el gobierno como una “transición hacia una economía competitiva, sostenible y baja en carbono”. El mensaje que el movimiento social y popular recibe es que la competitividad verde solucionará los problemas que causa la misma competitividad. La paradoja del progresismo.

Deuda por naturaleza  

Esta propuesta se traduce en restructurar la deuda externa a cambio de reforestar los ecosistemas. Sin embargo, la experiencia en Ecuador demuestra el mismo timo de la banca internacional cuando se habla de “reestructurar la deuda”, reduciéndose a un aplazamiento de los pagos o, a lo sumo, a una reducción de los intereses. Por otro lado, la propuesta evidencia las asimetrías de poder cuando los que están contaminando son los países industrializados y cuando las condiciones en las que esa deuda fue adquirida son de naturaleza fraudulenta, bajo constreñimiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros.

Así queda claro que la propuesta se enmarca todavía en la más absoluta dependencia hacia al norte global. De hecho, no considera que, en su mayoría, la deuda reciente fue orientada a financiar el Plan Colombia, es decir, el despojo de 8 millones de hectáreas de tierra a 6 millones de campesinos. Antes de aceptar la propuesta de deuda por naturaleza, se tienen que discutir las condiciones históricas en las que se adquirió esa deuda.

La crisis que experimentamos es una crisis civilizatoria, de la sociedad capitalista occidental, que combina la crisis económica y las dimensiones antropocéntricas, patriarcales, racistas y colonialistas de ese patrón civilizatorio, como sus patrones hegemónicos de conocimiento, ciencia y tecnología; lejos de ofrecer alternativas a la crisis civilizatoria, contribuyen a agudizarla. Los páramos y nuestra biodiversidad no son activos financieros y la energía verde, bajo las mismas lógicas de destrucción del territorio, tampoco resuelve el problema de crisis ambiental que vivimos. Y son los eslabones más grandes los que la pagan, incluso con la vida cuando tratan de defender los ecosistemas: en Colombia van 382 líderes ambientales asesinados entre 2012 al 2022. El eje de la discusión, por tanto, no es técnico, sino político, y trata de la destrucción de las relaciones de mercado. Se nos presenta como un imperativo la construcción y organización para la defensa del territorio y los bienes comunes de la naturaleza, como alternativas a la perspectiva de desarrollo impuesta por el neoliberalismo. Es necesario denunciar la falsedad de las pretendidas “soluciones” del capitalismo verde y caminar hacia una articulación nacional que nos permita defender la vida en todas sus formas, por ello nace la Red Ambiental Popular para sumar esfuerzos en la construcción de nuestro futuro negado.  

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