Por Didier Eduardo Monsalve Jaramillo

Ilustración de Julián Arango

Cuando el historiador norteamericano James Parsons publicó su obra La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (1950) difícilmente anticipó el alcance de sus efectos en los debates históricos y políticos de la región. Aunque su estudio se presentó como un análisis objetivo y científicamente fundamentado, terminó por consolidar y legitimar un mito profundamente arraigado en los imaginarios antioqueños. En particular, contribuyó a la idealización de la colonización al exaltar la figura del colono blanco como trabajador, familiar y emprendedor, erigiéndolo en un modelo “ejemplar”.

Esta perspectiva, marcadamente romantizada, dejó en segundo plano las tensiones, desigualdades internas y conflictos entre los propios colonos. Sin embargo, su limitación más significativa radica en haber minimizado —cuando no ignorado por completo— la presencia de comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes, así como los procesos de despojo, desplazamiento y subordinación cultural que estas enfrentaron. De este modo, su obra no solo interpretó el pasado, sino que también contribuyó al borramiento histórico de los pueblos originarios en el departamento antioqueño.

Lo anterior se explica porque, dentro del proyecto de construcción regional, las poblaciones indígenas no fueron incorporadas; por el contrario, quedaron explícitamente excluidas del horizonte político y simbólico de lo “antioqueño”. En consecuencia, las representaciones hegemónicas de la identidad regional se condensaron en imágenes como Horizontes (1926), del pintor Francisco Antonio Cano, donde se idealiza una familia blanca, cristiana y trabajadora: el hombre como agente de progreso y la mujer como figura protectora que acompaña la expansión y modernización del territorio. Esta construcción visual y simbólica no solo simplificó la complejidad social de la región, sino que también invisibilizó la diversidad étnica y cultural existente, al excluir de manera sistemática a las comunidades indígenas y afrodescendientes que históricamente han habitado y configurado estos territorios.

Aunque la Constitución Política de Colombia de 1991 reconoció formalmente a los pueblos indígenas como parte del proyecto nacional, en la actualidad persisten sectores políticos que insisten en excluirlos de los proyectos políticos regionales e invisibilizarlos de los territorios del departamento. En Antioquia, la figura del indígena continúa marginada y excluida no solo de las instituciones gubernamentales y territoriales, sino también sometida a procesos de criminalización y estigmatización, especialmente desde distintos sectores de la derecha política del departamento. Esta situación se evidenció recientemente, los días 17 y 18 de marzo, cuando la minga indígena llevó a cabo una jornada de protesta en el sector de La Alpujarra, en Medellín. Durante estos hechos, se registraron múltiples expresiones de rechazo y discursos estigmatizantes por parte de figuras públicas y miembros de la institucionalidad regional como el alcalde y el gobernador, así como concejales del distrito de Medellín.

Buena parte de las expresiones estigmatizantes y de rechazo provenientes de sectores de la derecha paisa se han sustentado en la supuesta incompatibilidad entre la “forma de ser indígena” y la figura del “paisa trabajador”, por lo que los indígenas debían ser reprimidos por el ESMAD. Este planteamiento no es novedoso: reproduce, en términos contemporáneos, el viejo discurso decimonónico de la dicotomía entre civilización y barbarie, en el que los pueblos indígenas son ubicados en una posición de “atraso” o “barbarie”, presentada como irreconciliable con la vida urbana y los ideales de progreso asociados a lo civilizado.

En esa misma línea, durante una sesión plenaria del Concejo de la ciudad, el concejal del Centro Democrático Luis Guillermo Vélez afirmó que la figura del resguardo “era una institución no solo ineficiente, sino también inmoral, dado que iba en contra y acababa la libertad individual”, reforzando así una narrativa excluyente que desconoce las formas propias de organización colectiva de los pueblos indígenas y las reduce a meros obstáculos para el desarrollo y la autonomía individual.

Esta posición desconoce, además, no solo la función histórica del resguardo indígena, sino también el contexto de violencia del que surge. En efecto, la figura del resguardo se remonta al periodo colonial, cuando fue instituida como un espacio de confinamiento legal en el que indígenas de diversos pueblos eran concentrados por el gobierno español, con el propósito de regular su vida social y facilitar su evangelización. No obstante, de manera paradójica, el resguardo también operó como un territorio de protección relativa, donde las comunidades indígenas pudieron resguardarse frente a la violencia, el despojo y los abusos sistemáticos ejercidos por los colonizadores españoles.

Con la independencia y durante el periodo republicano, estas comunidades debieron enfrentarse al Estado colombiano, que en múltiples ocasiones intentó disolver los resguardos. Para las élites republicanas del siglo XIX, estas formas de propiedad colectiva constituían un obstáculo para la expansión de la frontera agrícola y la consolidación de un modelo económico basado en la propiedad privada individual que caracterizó a la colonización antioqueña.

Actualmente, las comunidades indígenas no son reconocidas por la derecha paisa como sujetos políticos plenos, sino que continúan siendo reducidas a actores marginales o “problemáticos” dentro del orden regional. Esta negación de su agencia política no solo desconoce sus formas propias de gobierno, organización y relación con el territorio, sino que también reproduce una visión excluyente de la ciudadanía, en la que solo ciertas identidades y modos de vida son considerados legítimos. Tanto el alcalde, como el gobernador, así como sus seguidores, constantemente acusan a las comunidades indígenas de no tener agencia política, de ser “instrumentalizados”, así como también las criminalizan al relacionarlas directamente con grupos armados y narcotraficantes.

El actual proyecto político de sectores de la derecha antioqueña tiende a orientarse hacia la deslegitimación de la ciudadanía plena de las comunidades indígenas en la región. Más que reconocer la diversidad étnica y cultural del territorio, este enfoque promueve, de manera implícita o explícita, la asimilación, incentivando el abandono de las identidades colectivas para reducir a los indígenas a la condición de individuos aislados. En consecuencia, se reproduce una estructura histórica de subordinación que no solo restringe su participación política en los espacios de toma de decisiones, sino que también profundiza su invisibilización dentro de los proyectos políticos y de desarrollo del departamento.

Hoy más que nunca las comunidades indígenas se ven en la necesidad de fortalecer sus procesos de organización política y de defensa activa de los derechos que les reconoce la Constitución. Esto resulta fundamental en un contexto en el que persiste un riesgo constante frente al avance de proyectos políticos de carácter excluyente y segregador, que busca desconocer su autonomía, debilitar sus formas de gobierno propio y reducir su participación en la vida pública.