Por Víctor Andrés Muñoz Marín

Las fotos quedaron difuminadas por protección, así mismo la fuente anónima.

Contexto

Desde hace algunos días, campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes de Colombia salieron a las calles y campos, alzando su voz en defensa de un derecho básico y fundamental: el acceso a la tierra. En Pereira, en la vereda La Palmilla, en la finca del Diamante; en Risaralda, en municipios como Balboa y Belén de Umbría; y en Caldas, en el municipio de San José, vereda Morroazul, las tensiones han escalado, evidenciando el conflicto histórico por el control y la redistribución de tierras en el país. Mientras propietarios privados denuncian la ocupación de sus fincas como una violación de la ley, las comunidades rurales argumentan que no es un acto de ilegalidad, sino una respuesta desesperada a décadas de abandono y desigualdad estructural.

El origen del conflicto: tierras incautadas y desconfianza en la SAE.

Muchas de las tierras ocupadas en esta región tienen un trasfondo particular: fueron incautadas a grupos mafiosos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad estatal encargada de administrar estos bienes. Sin embargo, lejos de convertirse en herramientas para reparar a las comunidades rurales y promover la justicia social, estas propiedades se han visto envueltas en irregularidades. Existen denuncias de que algunas tierras, en lugar de ser redistribuidas, han sido legalizadas, y arrendadas o transferidas a familiares de los antiguos propietarios vinculados al crimen organizado.

Esta opacidad ha generado una profunda desconfianza en las instituciones, particularmente en la SAE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las comunidades rurales, que durante años han sido relegadas a la periferia del desarrollo económico y político del país, ven como estas tierras—que deberían ser la base para reconstruir sus vidas— terminan favoreciendo nuevamente a élites corruptas o redes ilegales.

La lucha por la dignidad y el derecho a la tierra.

Las comunidades manifiestan que el acceso a la tierra no es un capricho, es una necesidad vital para dignificar sus vidas. Para las comunidades campesinas e indígenas, la tierra representa su sustento, su hogar y su identidad cultural; sin ella quedan atrapadas en un ciclo de pobreza y marginación.

En el contexto de los Acuerdos de Paz del 2016, el gobierno colombiano se comprometió a llevar a cabo una reforma agraria integral, que incluyera la entrega de tierras a estas comunidades históricamente despojadas. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y, en muchos casos, inexistente.

Cansadas de esperar, las comunidades han optado por tomar acción directa, ocupando predios y exigiendo respuestas. Aunque estas acciones han sido tachadas de ilegales por algunos sectores, deben ser vistas como una manifestación legítima de resistencia frente a un sistema que las ha ignorado y excluido.

La respuesta estatal: represión en lugar de soluciones.

En lugar de atender las causas estructurales del conflicto, la respuesta del Estado ha sido desplegar a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), conocida anteriormente como ESMAD. La presencia de este agente ha generado tensiones adicionales, ya que, históricamente, se le ha asociado con el uso desproporcionado de la fuerza contra comunidades vulnerables. Sin embargo, las comunidades han dejado claro que no abandonarán los predios hasta que sus demandas sean atendidas.

Este conflicto no puede ser resuelto únicamente desde una perspectiva legal. El gobierno colombiano tiene la oportunidad y la responsabilidad de transformar esta crisis en un punto de partida para avanzar hacia una verdadera justicia social. Esto implica garantizar la transparencia en la administración de los bienes incautados, priorizar a las comunidades rurales en la redistribución de tierras y cumplir con los compromisos de la reforma agraria.

Además, es esencial abrir canales de diálogo efectivos y respetuosos con estas comunidades, reconociendo sus derechos y abordando las causas estructurales que las llevaron a tomar estas medidas. Ignorar estas demandas no solo perpetúa la desigualdad, sino que también socava la legitimidad del Estado en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.

Conclusión: el acceso a la tierra como un derecho humano.

El acceso a la tierra no debe ser tratado como una cuestión de privilegios o propiedad, sino como un derecho humano esencial. En un país donde las desigualdades agrarias han sido una de las principales causas del conflicto armado, avanzar hacia una redistribución equitativa no es solo un acto de justicia, sino una condición para la paz. Las comunidades rurales no están pidiendo limosnas; están exigiendo lo que les corresponde: la posibilidad de una vida digna en sus propios territorios.

Aunque las autoridades locales, de la gobernación de Caldas y Risaralda, trabajan para restablecer el orden en las zonas de intervención de las comunidades (y señalan que estas personas podrían estar relacionadas con una estafa  en la que engañan a otras, haciéndose pasar por funcionarios del Estado) y se estén adelantando diálogos con el gobierno nacional, las comunidades advierten que permanecerán en los predios, hasta que tengan una solución concreta y real.

Hasta el cierre de esta edición, empezaban a desarrollarse reuniones de conciliación y acuerdos entre las comunidades y los representantes de los gobiernos locales y nacionales. Ojalá que esta vez la lucha siempre renovada de los campesinos logre concretar con el gobierno acuerdos definitivos, cuyo cumplimiento no tengan que reclamar cada tanto.