Por Filoparchando

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El 14 de noviembre se llevó a cabo la gran marcha realizada por los estudiantes de la UdeA para exigir soluciones ante la desfinanciación que sufre la educación pública y, en especial, nuestra alma máter, la cual corre el riesgo de cierre. Simultáneamente, ese día, mientras la marcha arrancaba por la portería de Barranquilla, dos personas entregaban volantes en las afueras de la portería de Ferrocarril, convocando a una marcha el 16 de noviembre en pro de la independencia de Antioquia. Estos transmitían en vivo por YouTube, mientras entregaban volantes a los estudiantes que por ahí transitaban, diciéndoles: “¡nos separamos de Colombia! Asista a la marcha…”. Y cuando alguien se negaba a recibir el volante, clamaban: “que estudiantes tan maleducados, y así pidiendo plata.” “Ese era un profesor y tampoco saludó”. Además, desinformaban diciendo: “allá en barranquilla están haciendo una marcha pro palestina” o “es una locura, la universidad está en crisis y los estudiantes están exigiendo la privatización”.

Es claro que estas declaraciones, que desinforman y satanizan la realidad de la UdeA, están guiadas por los intereses de clase de aquellos poderosos que se les ocurre independizarse de la realidad social del país y que quieren privatizar lo público como solución a todo. Estos se valen de los medios de comunicación hegemónicos para nublar la realidad acerca de la crisis de la U, pues, en últimas, son enemigos del pensamiento crítico que se gesta allí a partir de la educación para el pueblo.

En efecto, para no incurrir en estas informaciones falsas y develar la problemática real por la que atraviesa la Universidad de Antioquia, es importante analizar las circunstancias que la están empujando al precipicio económico, a saber, por una desfinanciación de 348.095 millones de pesos. Sin embargo, no se puede perder de vista que estos estragos son producto de una estructura social que está en función de los intereses del poder hegemónico. Por ello, habrá que remitirnos a la raíz del asunto, a saber: la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”. Dentro de este marco legal se definen los principios fundamentales de la educación pública, se estipulan los objetivos, que estriban en promover la formación integral, la investigación, el desarrollo científico, la calidad educativa, el carácter y la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, a la vez que define aspectos sobre los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza, etc.

El problema radica en que los aportes presupuestales del Estado, dictaminados por el artículo 86 y 87 de la Ley 30, resultan insuficientes para el sostenimiento que en la actualidad requiere la Universidad de Antioquia (y todas las universidades públicas del país), debido al aumento progresivo de su cobertura y los constantes cambios económicos y sociales del país desde el año 1992. Aun así, ningún ente gubernamental ni estatal parece dispuesto a asumir la responsabilidad de los gastos básicos universitarios, ni a solventar los temas salariales correspondientes a la formación docente y a la producción académica, desencadenando así una profunda grieta en la estructura universitaria.

Y es que tanto la alcaldía de Medellín como la gobernación de Antioquia se han lavado las manos sobre su responsabilidad ante la desfinanciación, culpando al gobierno nacional. Nos encontramos ante un conflicto de intereses políticos que va nutriendo cada vez más la crisis de la UdeA, la cual ha sido tergiversada por los diferentes medios de comunicación tradicionales. Lo preocupante es la instrumentalización de esta coyuntura financiera para polarizar la opinión pública frente a la UdeA, y así luego introducir la lógica de lo privado como única salvación. Una muestra es la manera como la administración pretende hacer frente a la crisis, ejecutando un plan de austeridad que terminará perjudicando a trabajadores, docentes y, en general, a la calidad de la educación superior pública.

El análisis sobre la crisis de la UdeA denota una realidad innegable: la educación, derecho fundamental y piedra angular de cualquier Estado Social de Derecho, sigue siendo relegada frente a prioridades estatales como, por ejemplo, el gasto en seguridad. La situación de la UdeA ilustra cómo el marco jurídico de la Ley 30 de 1992 resulta obsoleto, porque los recursos asignados no han evolucionado acorde con los cambios económicos. Esta desfinanciación amenaza la calidad educativa, un elemento esencial para el desarrollo de pensamiento crítico y la transformación social. El destino de la educación superior pública queda comprometido por el abandono del Estado que, además, enmascara la realidad con la manipulación mediática. Esto demanda un llamado urgente a revalorizar la educación como prioridad estratégica y unificar esfuerzos en defensa de su carácter público y emancipador.

Frente a las protestas que emergen como grito colectivo por la defensa de la educación pública, se hace imprescindible canalizar estas movilizaciones hacia propuestas concretas que no solo evidencien las fallas estructurales del sistema, sino que también construyan alternativas viables. Entre estas, la exigencia de una reforma profunda a la Ley 30 se presenta como una prioridad, para garantizar un modelo de financiación que respalde las necesidades reales de las instituciones educativas y salvaguarde su autonomía. Es fundamental reclamar con firmeza aquello que nos ha sido negado históricamente: el derecho a una educación digna, crítica y transformadora, entendida no solo como un servicio, sino como la base de una verdadera justicia social. ¿A quién beneficia un pueblo alienado y privado del acceso al conocimiento? Sin duda, a quienes perpetúan un orden injusto que necesita de la ignorancia para permanecer…

Ante la desinformación y manipulación mediática, el papel de los medios contrahegemónicos es sumamente importante, pues su valor estriba en que son una voz alternativa, a la hora de enunciar la realidad de aquellos que nunca han sido escuchados. Un pueblo que piensa, que cuestiona y que se organiza es un obstáculo para los intereses de las élites que buscan mantener el status quo. Por ello, la lucha por la educación debe entenderse como una lucha por la emancipación misma. Construir la utopía exige enfrentarnos a estas estructuras de opresión y, desde el pensamiento crítico, exigir no solo reformas, sino una transformación que permita edificar un futuro equitativo y justo.