Editorial No 106: Romper los límites de la democracia burguesa

Portada: Ela Fidalgo

Los recientes enfrentamientos entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República a propósito de las reformas sociales que el primero prometió en su campaña electoral evidencian la dinámica actual de la lucha de clases en Colombia y las limitaciones de la democracia burguesa y de sus instituciones para tramitar el conflicto social que ha dado origen a una guerra de tiempo ya incontable. No se trata de preguntarse si el gobierno de Petro es o no revolucionario, sino por las posibilidades de sacar adelante en el marco de la institucionalidad burguesa reformas que ni siquiera resultan revolucionarias, pero que sí apuntan a mejorar las condiciones de los sectores populares, marginalizados y empobrecidos hasta la médula.

No es porque las reformas sociales resulten inconvenientes para el país y para el capital que la élite empotrada en el Senado se opone a ellas, sino porque lesiona la estructura de privilegios de una clase mafiosa y rentista, que se ha enriquecido en las últimas décadas, y posiblemente desde siempre, con los recursos públicos y mediante una superexplotación del trabajo que, en vez de incrementar la productividad para subir salarios y ganancias, se contenta con extraer una mayor proporción del trabajo social a través del incremento de la jornada de trabajo y el desmejoramiento, por todos los medios, de las condiciones laborales. Esta élite es la que mantiene capturado al Estado y amedrentadas a las comunidades con la militarización de la vida en todas sus formas, sobre todo a través del paramilitarismo, hoy organizado, supuestamente, en simples organizaciones criminales.

Esa élite mafiosa y rentista le ha declarado la guerra, no al gobierno de Petro, sino al pueblo colombiano, a los sectores populares que ella misma ha marginalizado y empobrecido. Y se la ha declarado desde todas las instituciones donde puede bloquear las iniciativas para mejorar la suerte de millones de colombianos y colombianas que viven de su trabajo o del trabajo de sus familiares, porque ni siquiera tienen empleo. Al principio, el mismo Petro le ofreció la participación en el gobierno bajo la figura retórica de un gran acuerdo nacional, a cambio de que se comprometiera con la aprobación de las reformas; pero esta élite, mañosa por naturaleza, aprovechó la ocasión para minar por dentro el propio proyecto del cambio, mientras se atravesaba en el Congreso como una vaca muerta para impedir que dicho cambio pudiera incorporarse al menos en la ley. En otras ocasiones, el juego consistió en desnaturalizar las reformas al punto de que lo que al final se aprobó, producto de una perversa negociación del gobierno en el Senado, fue un adefesio que nada tenía que ver con el espíritu de la reforma, tal como ocurrió en el caso de la reforma a la educación y, en parte, con la reforma pensional.

Ahora la declaratoria se ha hecho de frente y con alevosía. Inmediatamente asumió como presidente del Senado Efraín Cepeda, ejemplar insigne de esta élite mafiosa y rentista, aseguró públicamente y sin pudor alguno que su principal compromiso era hundir las reformas. En ese empeño, por supuesto, no está solo, cuenta con la mayoría del Senado y con una guardia pretoriana que tiene como misión impedir las discusiones serias de las reformas en la comisión séptima del Senado, donde hace poco votaron, sin discusión alguna, el archivo de la reforma laboral y donde, de seguro, se hundirá también en los próximos días, y por segunda vez, la reforma a la salud. La campaña para hundir esta reforma ya está en marcha y la encabezan los medios corporativos inventándose como nueva la crisis de los medicamentos, que le atribuyen a Petro y a su propuesta de reforma, como si ya hubiera sido aprobada e implementada.

Ahora el presidente quiere eliminar las trabas del Congreso, citando a una consulta popular para que sea el pueblo quien defina la suerte de las reformas. La paradoja es que la realización de esa consulta popular debe ser primero aprobada por el Senado en plenaria, a sabiendas de que todo él, y no solo la comisión séptima, está capturado por esta élite que le ha declarado la guerra al pueblo; la misma que está decidida a no renunciar al más mínimo de sus privilegios, aunque eso implique matar de hambre, mantener en la ignorancia y el desempleo o dejar morir por falta de atención médica a millones de empobrecidos y empobrecidas. Y si por la capacidad de gestión del gobierno en el Senado o porque algunos senadores lograran entender la importancia del cambio que necesitamos como pueblo hoy, la propuesta de consulta logra pasar el filtro del Senado, todavía tiene que pasar el filtro de la Corte Constitucional, cuyo sesgo de clase se ha reforzado en los últimos años y está precisamente a punto de darle el golpe de gracia a la reforma pensional.

Como se ve, el camino no es fácil. Pero las dificultades que se auguran no pueden ser la disculpa para no hacer nada. No hay en política nada inamovible ni irreversible, y como quiera que sea, las instituciones, por más capturadas que estén por esa élite mafiosa, deben responder a los clamores del pueblo, cuyo escenario natural es justamente la calle, en la medida en que su voz ha sido desterrada de las instituciones deliberativas de la democracia burguesa.

La calle, y en general el más allá de las instituciones burguesas, es el escenario político por excelencia. La suerte de los pueblos no puede seguir decidiéndose en los recintos cerrados del Congreso o las altas cortes (o en los palacetes de los oligarcas) sin ninguna participación del pueblo. Eso es precisamente lo contrario de la democracia. Pero la política y la movilización no hay que entenderlas solo como marchas, y mucho menos marchas organizadas institucionalmente para que no perturben la movilidad y la dinámica de acumulación en las grandes ciudades. La movilización es también una forma de pedagogía popular, justamente la pedagogía que hoy demandamos, una que disponga a los sujetos populares como agentes de sus propios intereses y motores del cambio revolucionario, que genere la apertura para articular los diversos sectores marginados, excluidos y humillados en la construcción e implementación de un gran proyecto político que materialice una sociedad justa y realmente humana.

En el corto plazo la meta es la consulta popular (no la campaña presidencial de 2026), pero una movilización que se queda en reivindicaciones puntuales sin avanzar en el fortalecimiento y cualificación del sujeto que reclama, no llega muy lejos. En el mediano y largo plazo, la meta es el empoderamiento de los sectores populares y su compromiso con la construcción de esa sociedad que anhelamos. Y es que los límites de la democracia burguesa son realmente los límites del sujeto formado en ella. Derribar esos límites implica la construcción de un nuevo sujeto político en oposición a un sujeto burgués, egoísta y competitivo. Así que la transformación de nuestras condiciones de vida en los territorios, de las leyes y las instituciones siempre va a la par de la transformación del sujeto mismo que se asfixia en los marcos sociales y materiales de la sociedad actual. Quien no está dispuesto a transformarse a sí mismo en la lucha para encarnar en su ser los cambios que reclama, solo lucha por mantener o adquirir para sí algunos privilegios. Es decir, lucha por fortalecer el mundo que lo asfixia.