Por J Mario Vergara

Imagen: Mural / The Highness

En Colombia se libra una guerra sin frentes claros ni enemigos definidos. Se combate sobre cuerpos vulnerables: sujetos empobrecidos, estigmatizados, descartables. Esta guerra —bautizada «contra el narcotráfico»— no desmantela el sistema que la alimenta, sino que lo perpetúa, camuflado bajo nuevos rostros. Medellín, ciudad que conoce el filo del miedo y la memoria de la violencia, sigue siendo el laboratorio de una estrategia fallida que fortalece lo que dice combatir.

A nivel global, el discurso antidrogas ha justificado invasiones, vigilancia masiva y control social. A nivel local, y particularmente en Medellín, esa lucha se ha convertido en una excusa para intervenir barrios populares bajo la bandera del orden, mientras se reproducen redes ilegales que operan con lógica empresarial. Así, la política estatal, lejos de desarticular el narcomercado, termina alimentándolo, instalando nuevas jerarquías y formas de control territorial.

La ciudad convive con centenares de “plazas de vicio”, nombre inocuo para designar los puntos de expendio de droga. Estas plazas funcionan a plena luz del día, en parques, esquinas, canchas y aceras, incluso a metros de sedes institucionales. No es raro hallar bibliotecas rodeadas por campaneros, jardines infantiles asediados por el tráfico silencioso de sustancias. El microtráfico dejó de ser un fenómeno marginal, desde hace rato mutó para convertirse en una economía informal con mando propio, que regula tiempos, movimientos y silencios.

Este artículo es un intento más por desenmascarar la lógica punitiva que, en nombre de la seguridad, ha convertido al usuario de sustancias en blanco predilecto del aparato represivo. En Colombia, el sujeto que fuma marihuana en una banca pública es criminalizado con más rigor que el político que lava dinero narco en licitaciones. La ley no castiga la estructura: castiga al más débil, al más expuesto, al que no puede esconderse detrás de un cargo o un apellido.

Medellín, que ya fue campo de guerra del cartel en los ochenta, es hoy escenario de una violencia más sutil pero igual de letal: aquella que nace del cruce entre crimen organizado y negligencia estatal. En esta coreografía perversa, bandas y agentes públicos no siempre se enfrentan; a veces, simplemente se reparten funciones. El ciudadano queda en medio: vigilado, manipulado, acallado.

La política antidrogas ha fracasado no solo por su ineficacia, sino por su enfoque reduccionista y punitivo. En lugar de abordar las causas estructurales del problema, se limita a castigar los efectos, persiguiendo a los consumidores sin tocar las estructuras criminales que controlan el tráfico de sustancias. Esta estrategia genera una doble injusticia: el usuario es hostigado sin alternativas reales de rehabilitación, se le niega la posibilidad de acceder, de manera legal y segura, a la sustancia que desea consumir, lo que lo empuja al mercado ilegal y sus riesgos. Al mismo tiempo, el ciudadano no consumidor se ve obligado a convivir con el poder mafioso que controla territorios y comunidades, sometiéndolo a un régimen de violencia no elegido.

Y mientras eso ocurre, el narcocapitalismo muta, se adapta, se fortalece. Cada operativo aparatoso que clausura una plaza por días es seguido por una reorganización más eficiente, más violenta, más invisible. El microtráfico se mueve como agua entre grietas: se redistribuye, se camufla, reconfigura su mapa. Y con él, se expande una forma paralela de soberanía, ejercida por bandas que dictan normas, horarios, castigos y silencios. En algunos barrios, el Estado ya no gobierna: administra la ausencia.

Las consecuencias son visibles y brutales. Las madres que ya no dejan salir a sus hijos después del anochecer. Los abuelos que evitan ciertas rutas por miedo a cruzar zonas “calientes”. Los estudiantes que deben rendir cuentas a dos autoridades: la formal y la otra, mucho más próxima, más intimidante. Es la pedagogía del miedo: aprender a callar, a desviar la mirada, a fingir normalidad en medio de lo absurdo.

En muchas comunas, el espacio público se ha vuelto campo minado. El parque, antes refugio comunitario, hoy es una zona gris. La acera de una casa puede ser, de un día a otro, una plaza asignada por el combo del sector. Se imponen reglas: quién se sienta, quién pasa, quién no. Y si el dueño de casa protesta, el castigo no es simbólico. Es físico, real, letal.

Lo más perturbador es que estas dinámicas muchas veces operan con conocimiento —y a veces con complicidad— de la fuerza pública. Hay policías que custodian el orden; hay otros que lo negocian. En barrios enteros, la población ha aprendido a desconfiar del uniforme, no solo porque desprecie la autoridad, sino porque esta ha sido cooptada. Las denuncias se filtran, los operativos fracasan por “fugas de información”, los nombres de quienes se atreven a hablar aparecen en listas malditas.

Así, las familias quedan atrapadas. No porque acepten, sino porque no pueden oponerse. Hay casas donde se sabe que la acera es “del combo”, y se tolera, no por indiferencia, sino por miedo. Miedo a la represalia, miedo al silencio cómplice de quienes deberían proteger. Es una resignación forzada, no elegida.

¿Y qué sucede con la ciudadanía que no consume? También pierde. Porque el parque cercado, la escuela vigilada, la cancha controlada por actores armados le arrebatan el derecho a habitar su ciudad. El espacio común se privatiza bajo lógicas de fuerza. El Estado ha delegado la gestión de la vida urbana a estructuras que gobiernan sin escrutinio, sin justicia, sin empatía. Y al hacerlo, ha renunciado a su propia legitimidad.

La ciudad ha sido fragmentada en pequeñas repúblicas del miedo. Cada cuadra responde a una ley no escrita. Cada gesto puede ser malinterpretado. Cada queja puede costar caro. La promesa de una convivencia urbana, basada en derechos, ha sido sustituida por la lógica del repliegue: encerrarse, callar, sobrevivir.

No es posible construir democracia en un territorio donde el ciudadano debe negociar su paz con quien lo extorsiona. No hay justicia posible en una ciudad donde las aceras son plazas y los parques trincheras. La lucha contra las drogas, tal como ha sido concebida, no protege: abandona. No libera: encierra. No resuelve: transfiere la carga del fenómeno a los más débiles.

Y mientras se criminaliza al consumidor de esquina, los verdaderos arquitectos del negocio permanecen intactos: empresarios camuflados, clanes políticos, redes financieras intocables. La política antidrogas no es ciega. Solo es selectiva.