Por Hernán Gaviria Quintero

Imagen tomada autoformacionyempoderamiento.com

De nuevo la alocución del Presidente Petro, a través de las cadenas de televisión en la franja de mayor audiencia, del pasado 7 de julio, produjo distintas reacciones. Por un lado, los del entretenimiento y las noticias se sintieron sacrificados; los políticos contrarios al gobierno hablaron de prácticas “dictatoriales”, y la mayoría de nosotros nos sentimos escandalizados de comprobar los efectos perversos del modelo de mercado derivado de la Ley 100/93. El gobierno destapó la caja de pandora, apoyado en un reciente informe de la Contraloría General. Ese chorro de cifras quizás canse a cualquiera, pero hay que desmenuzarlas en procura de conocer los grandes negociados de aquellos que pretenden suplir al Estado con el cuento del aseguramiento
La Plata que gastaron las EPS entre los años 2023 y 2024
Valga la anotación, en lo sucesivo ahorraré palabras: con B abreviaremos billones y con M millones. En este período pasó de $78B a $88B, con un incremento del 12.9%, mientras la UPC (valor reconocido a las EPS) fue del 12.01%, muy por encima de la inflación causada que fue del 5.2%. La Corte Constitucional ha ordenado el reajuste acogiendo los pedidos de los aseguradores, sin que haya propuesto valor alguno.
A diciembre 31 de 2024, el gobierno reconoció a las 29 EPS que funcionan en el país $ 87.88B; sin embargo, en sus estados financieros aparecen registrados $85B, con un faltante inexplicable de la bicoca de $2.71B; sumado a ello, $1.51B de cuotas moderadoras y copagos tampoco están registrados, para un total de $4.22B. que no se sabe a dónde fueron a parar, constituyéndose una tarea investigativa para la Contraloría General y para la Fiscalía. Con estas cifras se puede demostrar que hubo un incremento del 14.8% en sus recursos. Ahora la pregunta obligada es por qué las EPS, los negociantes de la salud, aupados por la Corte Constitucional, siguen exigiendo incrementos.
El despilfarro, robo o desvío de los recursos de la salud por parte de EPS fueron alarmantes; en los años 2020, 2021, 2022, durante el gobierno de Duque, se desviaron $11.57B, y en el gobierno de Petro a 2024 fueron $2.7B, para un total de $14.28B, “sin claridad sobre su uso y destino” según Contraloría. ¿Qué pasó en las décadas anteriores?, ¿Cuáles son esas cifras?
EPS sin control cabalgan sobre la red se servicios
Pese al control y confrontación que el Gobierno Petro ha sostenido con las EPS, los resultados derivados del informe son desalentadores. Mientras en el 2023, 29 EPS adeudaban a la red de prestadores y proveedores $25 billones, al año siguiente la suma subió a $32.9 billones; la bicoca de $ 7 billones. Solamente Savia Salud, la EPS paisa, debe $1.2 billones, principalmente a los hospitales de los municipios antioqueños, al Hospital General y a algunas IPS privadas.
El caso de NUEVA EPS puede ser ilustrativo. En el año 2023 adeudaba $903.000M, más una reserva técnica de $5.8B para responder a proveedores, lo que da un total de $6.7B. Esta EPS fue intervenida por la Supersalud en procura de ejercer un mayor control de sus pagos. No obstante, al año 2024 esa cifra pasó a $ 9.2B, con un incrementó de 37.2.%. ¿Qué pasó? No dudó Petro en responsabilizar a los interventores, a los dudosos préstamos a proveedores, incluyendo a politiqueros de todos los pelambres y todas las formas de corrupción.
Las 6 EPS intervenidas adeudaron a la red $20B, pero gracias a los controles del gobierno, las deudas se redujeron a $707 mil millones, es decir en un 3.7%, como una clara demostración de que, por lo menos, la intervención cierra los grifos del desangre, pese a los alaridos a través de la gran prensa. ¿Se deberá seguir este camino con las 23 EPS restantes? Las “no intervenidas” en 2023 debían $5.3B, que pasaron a $10.8B en el año siguiente. Una burla al insistente reclamo del gobierno en pro de los prestadores del servicio de salud. Coopsalud es un ejemplo; pasó en el último año a incrementar su deuda en 269%; SURA en 147.3% y SALUD TOTAL en 264.2%. Una pregunta para SURA: ¿Por qué esa deuda, si los afiliados pagamos mes anticipado, además de las cuotas moderadoras y copagos; por qué si el gobierno les paga a través de “Presupuestos Máximos” (Medicamentos y procedimientos por fuera del Plan de Atenciones)? ¿La deuda será igual de alarmante con su propia red de servicios?
Pistas sobre los desvíos de recursos
Según informe de la Superintendencia de Salud con corte a octubre 2022, las EPS liquidadas o en proceso de liquidación dejaron una deuda de $23.3 billones. Pero las investigaciones de la Contraloría General acerca del período que va de enero de 2022 a marzo del 2025 encontraron una situación todavía más grave. Por eso la entidad abrió 522 procesos disciplinarios por responsabilidad fiscal de varias de estas EPS que involucran $11B; 111 procesos con imputaciones por $500.000M; produjo 41 fallos declarando culpables por $500.000M; y realizó 148 indagaciones preliminares por $500.000M. Los pillos son muchos.
De 29 EPS vigentes, solo se salvan 3
Solo tres EPS cumplen las condiciones financieras y de solvencia: ALIANSALUD, SALUD MIA y SALUD BOLIVAR, las que suman un total de 321.933 afiliados. El resto de los colombianos, más de 50 millones, estamos afiliados a unas EPS que no cumplen con los requisitos para su operación y, por consiguiente, es incierto que nos garanticen el derecho fundamental a la salud y que nos atiendan en caso de enfermedad.
Las siguientes cifras son de las EPS liquidadas entre 1988 y 2022: durante el gobierno de Andrés Pastrana 78, Álvaro Uribe Vélez 6, Juan Manuel Santos 18, Iván Duque 11, Gustavo Petro 4. Todas declaradas inviables con alarmantes carteras que hoy son saldos irrecuperables. ¿Seguirá el Congreso de la República desconociendo estos hechos, solo por torpedear al gobierno Petro?