Por Diego Meza

Alias HH comandante de los Comuneros del Sur, Otty Patiño, comisionado de Paz, y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. | Foto: Presidencia de la República (2024)

El proceso de diálogo regional con el Frente Comuneros del Sur (FCS) en Nariño es considerado por algunos analistas como uno de los pocos éxitos de la “paz total” del gobierno Petro. La gobernación de Nariño ha presentado en varios espacios los aciertos de este proceso: reducción de homicidios, desplazamientos y confinamientos, destrucción de material de guerra, hallazgo de fosas comunes, avances en la búsqueda de personas desaparecidas y desminado humanitario. Sin embargo, más allá de estos logros inmediatos, que todos saludamos con alegría, es perentorio evidenciar y problematizar algunos elementos que, de no ser atendidos con diligencia, pueden empeorar el panorama.

La propuesta formal de esta mesa subraya la dimensión participativa del proceso, comprendida como un proyecto en el que tanto la institucionalidad, los integrantes del FCS y las organizaciones sociales y comunitarias co-costruyen unos acuerdos para transformar los territorios. Empero, lo que se ha podido ver en estos meses se parece más a un adoctrinamiento estatal que a un auténtico proceso dialógico de aprendizaje social y político. Concretamente, las comunidades han sido tratadas como receptoras de la paz total o regional, no como poseedoras de una agencia y unos saberes políticos. A pesar de los errores del pasado, se continúa insistiendo en el modelo de la desmovilización y los proyectos productivos, la fórmula de una mayor presencia estatal, mientras se desatienden las voces diversas y las necesidades concretas de las comunidades. Este modo de proceder termina por imponer una visión hegemónica que desconoce las prácticas locales, niega la diversidad de conflictos territoriales e impide que estos se conviertan en espacios de aprendizaje mutuo y de transformación social.

Además de lo anterior, se mantiene la idea de que quien tiene las armas negocia, mientras que quienes resisten pacíficamente al horror de la guerra y se afanan por recomponer el universo de la vida cotidiana en estos lugares quedan relegados. De esta manera, se opera una inversión democrática: se reconoce políticamente a los actores armados y no a los sociales. Esta situación no solo perpetúa las modalidades de la violencia estructural y la injustica epistémica por parte de las élites y del Estado, sino también de los grupos armados.

En las mesas de trabajo se ha insistido en el carácter regional y/o local de los diálogos. Esta característica ha sido señalada como una de las innovaciones de esta propuesta de paz. En efecto, la atención a contextos específicos puede ayudar a identificar con mayor celeridad las causas remotas y próximas de la guerra en Nariño, así como los modos a través de los cuales se le puede dar una solución efectiva. Pero lo regional/local entendido como una isla solo ayuda a levantar falsas expectativas: el narcotráfico es controlado por redes internacionales, los territorios ocupados por el FCS también están siendo disputados por otros actores armados, la extracción de minerales responde a una lógica de acumulación global, los proyectos mineros y la propiedad de la tierra en disputa tiene detrás a terceros que se posicionan sutilmente a través de negocios económicos y alianzas políticas ocultas. Desconocer estas tramas refuerza el cliché de lo local y erosiona los diagnósticos y las respuestas.

Otro lugar común al que frecuentemente recurren los negociadores es el del territorio. Un concepto de una potencialidad enorme que suele ser rebajado o a veces instrumentalizado. En estos diálogos se ha podido notar que el territorio o los territorios son vistos más como escenarios que como sujetos políticos de negociación. La agenda, recursos, cronogramas y soluciones se predefinen desde el centro, mientras que los pocos actores locales tenidos en cuenta apenas aceptan lo propuesto. Así se ponen en escena ante los medios de comunicación los liderazgos y organizaciones que le sirven al proceso, mientras se excluyen de tajo los modos locales de socialización política: mingas indígenas, asambleas campesinas y juntanzas de mujeres que históricamente han modelado la estructura social en Nariño.

La ausencia de las discusiones sobre las causas estructurales de la violencia y las formas de afrontarlas pueden reducir el conflicto a su expresión militar. Lo acontecido con las AUC y las FARC ha indicado que, sin cambios profundos en el campo agrario, político y económico, las desmovilizaciones devienen en un paréntesis antes de mayores y más peligrosos rearmes. En otras palabras, se cae en el peligro de reciclar bandas y combatientes sin erradicar las estructuras injustas de la guerra.

La Mesa Regional de Paz con el FCS tiene el desafío de revertir el verticalismo formativo del gobierno Petro en un espacio de aprendizaje colectivo y de soberanía popular que trascienda la espiral de la negociación armada y del localismo. Estos territorios no son autosuficientes y tampoco están desconectados de redes más amplias. Las violencias no son producidas por un solo grupo armado y el conflicto no puede reducirse a sus síntomas inmediatos. Así, lo que puede derivarse no es la co-construcción de la paz, sino una nueva forma de administración o regulación del conflicto, que mantiene un modelo de pacificación que recicla violencias en vez de erradicarlas.