Por Aníbal Pineda Canabal

Llamo claudialopismo a un modo particular de entender los problemas sociales y la política. El término, abierta provocación, me vino por allá en la época de la campaña «7 veces sí», realizada por los promotores de la consulta popular anticorrupción, en 2018, bajo el liderazgo de la entonces senadora Claudia López Hernández. A esta política bogotana, el voto popular otorgó después, en 2020, la responsabilidad de ser la primera mujer alcaldesa de Bogotá y la primera persona abiertamente homosexual en asumir ese cargo. El claudialopismo no es su movimiento político, ni su base electoral, ni el sistema de ideas de sus seguidores. Hace parte más bien de un modo de pensar y refleja una actitud ante el mundo, ante la realidad social y ante los caminos para su transformación efectiva propia de un sector del espectro político.

La consulta popular proponía, entre otras cosas, la reducción del salario de los congresistas, la eliminación del beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción, la obligatoriedad de una contratación pública transparente a nivel nacional que evitara los viejos vicios clientelistas o la limitación a máximo tres períodos para quienes fueran elegidos mediante sufragio para servir en las corporaciones públicas. Con los votos de tan solo el 32.4% del cociente electoral, la consulta no logró alcanzar el umbral de votos necesarios (33.3% del cociente electoral). Por iniciativa del expresidente Duque, muchas de las propuestas de la consulta fueron luego presentadas al Congreso, votadas, aceptadas y adoptadas como ley.

A lo largo de la campaña, el bando del sí, dirigido por Claudia López, a menudo insistió en representar la corrupción como la quintaesencia de todos los males de la república y el más importante obstáculo para el desarrollo del país. Una Colombia sin corrupción se convertiría, según parecía ser la convicción íntima del claudialopismo, en un país desarrollado casi que por inercia y en cuestión de poco tiempo. Por supuesto que siempre será mejor tener funcionarios honestos y procedimientos transparentes en las instituciones del Estado. Esto repercute en el desarrollo económico y puede hacernos avanzar hacia una participación democrática cada vez mayor. Todos coincidimos en que es posible además establecer mecanismos de gestión que imposibiliten el desvío de recursos que, por lo general con suma urgencia, deben ser invertidos en el bienestar de las comunidades más vulnerables.

Pero la lucha contra la corrupción, aunque tenga que ser dada permanentemente y con el mayor rigor, toca tan solo al modo de funcionamiento de las instituciones sociales, no a sus lógicas que la hacen posible. El claudialopismo es reaccionario porque no presenta otro ideal más que el de esta misma sociedad actualmente existente, solo que al fin purgada de aquellos fenómenos incómodos que retrasan la eclosión de la sociedad desarrollada tenida por superior: la corrupción, la delincuencia o la pobreza. Un conjunto de reformas, así como una gestión eficiente pueden reorganizar el aparato estatal y llevarnos a dar el salto hacia un mejor país. El claudialopismo se ubica más a izquierda que a derecha porque coincide con eso que teóricos del siglo XIX llamaron socialismo burgués o moderado, es decir, que busca cambiar la sociedad, sin cambiar realmente la sociedad.

Esta actitud política, que florece especialmente entre las clases medias urbanas, toma entonces el síntoma por el mal: llega a absolutizar las manifestaciones de la superficie, pero descuida las profundidades. Se conmueve ante una realidad absurda y, desde lo alto de su noble imperativo moral, cree poder despertar y organizar las fuerzas reales de la sociedad por medio de un llamado a la conciencia y por la formación de una ética de lo público que privilegie la eficiencia gerencial y el pragmatismo en la ejecución del gasto.

Para el claudialopismo es preciso construir ciudadanía para construir Estado y mercado. Los vicios del sistema actual son pues resabios de formas poco civilizadas de ejercicio político que es necesario purificar, según el modelo de los grandes centros urbanos y de las zonas más ricas del país. Peca así el claudialopismo de una ingenuidad estadocéntrica que busca que las capacidades ciudadanas sirvan a la construcción de un Estado y de un mercado modernos que aseguren el desarrollo.

En el fajardismo, tiene el claudialopismo su gemelo antioqueño menos brioso, con el que se siente el centro auténtico, el realmente existente, capaz de aglutinar a todas las facciones en torno a una estrategia presumida, por lo general, como ganadora. Ambos se caracterizan porque, aunque movidos por lo que verosímilmente podemos considerar una voluntad sincera de trasformación, carecen de voluntad para encarar, en toda su radicalidad, la cuestión social. Por eso, comparten con las derechas la utopía de la concordia entre todas las clases y el ideal de un apaciguamiento de toda lucha entre ellas.

Niegan toda alternativa hacia un régimen socioeconómico que recomponga las relaciones entre capital y trabajo, entre economía y humanidad, por considerarla una aventura ya intentada o con pocas probabilidades de éxito en el estado actual de cosas. Rechazan cualquier principio revolucionario, pues este implicaría cambios profundos y rápidos de una forma social ante la que se encuentran más bien satisfechos. Esto lo hacen o bien por miedo a lo malo que de ello pueda seguirse o bien porque creen que esta sociedad es esencialmente la mejor posible sin ser todavía perfecta.

Como alguna vez escribió Bakunin, se trata de una política que busca «que los lobos estén saciados y que, de ser posible, las ovejas estén a salvo». Aunque asumen muchas veces banderas y reivindicaciones populares (como la de una mejor educación o la garantía de servicios públicos de calidad), por desgracia, a ambas formas del centro viene aparejada una actitud sistemática en situaciones de crisis: el abandono de las exigencias más audaces del movimiento social para adoptar el interés contrario, invocando la salvación nacional y la responsabilidad de la racionalidad tecnocrática.

Cifras de la ONU estiman que un cuarto de los recursos públicos en el mundo se pierde por la corrupción. Un robo con connotaciones particularmente inmorales en los países del Sur global. Por supuesto que cualquier iniciativa política que busque contenerlo y aun eliminarlo es digna de apoyo. Pero la corrupción es consecuencia del burocratismo y no únicamente su gravosa imperfección. Por lo tanto, no puede ser superada más que ensayando formas alternativas de gestión de lo común. El abandono de una idea de transformación radical de la sociedad nos hace olvidar la necesidad de hacer surgir nuevas formas de vida que puedan conjurar el mal en su misma raíz.