Por Horacio Duque.

“Paz dormida en el valle”, Acuarela de Santiago C. Larreamendy

En Colombia ya se cuentan por cientos de miles las víctimas del colapso climático mundial y de sus manifestaciones más catastróficas como los fenómenos del niño, de la niña, los vientos del norte (polo ártico), las inundaciones de grandes ríos, el deshielo polar y la alteración de las temperaturas, tal como lo advierte el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml). Además de las víctimas de la violencia, que son más de 10 millones de personas desplazadas y despojadas en las ultimas 3 décadas por la guerra, hoy, en el país, aumenta con cada tragedia las víctimas del cambio climático. Personas y familias que se encuentran en condiciones de absoluto abandono y sin el reconocimiento efectivo de sus derechos.

Necesitamos un amplio debate y una reflexión muy sólida para caracterizar las condiciones de vida de esta población que no es reconocida por las instituciones del Estado. Esta población se encuentra a merced de los politiqueros que tienen secuestradas las entidades publicas responsables de atender los grupos humanos afectados por inundaciones, sequías, alteraciones de los regímenes hídricos y daños en los ecosistemas estratégicos.

En principio, señalemos que las víctimas del cambio climático son diversas y se encuentran en todo el territorio. Algunos de los grupos más golpeados son los siguientes:

Pueblos indígenas y afrodescendientes cuya supervivencia depende de los recursos naturales de su entorno, y cualquier cambio ambiental y climático afecta su vida y cultura.

Niños y niñas que son afectados en su salud, educación y porvenir por las alteraciones del medio ambiente.

Las mujeres y los adultos mayores, muy vulnerables a los desastres ambientales en áreas alejadas y con recursos limitados.

Comunidades pobres, en la miseria y vulnerables, pues la pobreza y la falta de recursos las hacen más susceptibles a los impactos del colapso climático.

Personas con enfermedades crónicas, ya que el cambio climático puede empeorar sus condiciones de salud.

Algunos datos alarmantes que se deben tener en cuenta a nivel global son los siguientes:

3.600 millones de personas en el mundo viven en zonas vulnerables al cambio climático; se prevé que el cambio climático cause 250.000 muertes adicionales al año entre 2030 y 2050; las muertes relacionadas con el calor han aumentado un 70% en dos décadas

En Colombia, el cambio climático ha afectado a más de 8 millones de personas desde el 2010 (fenómeno de la niña)

Algunos de los impactos más significativos incluyen:

Desplazamiento forzado: más de 650.000 personas han sido desplazadas internamente debido a fenómenos climáticos como inundaciones y sequías en los últimos 20 años.

Inseguridad alimentaria: El 40% de los hogares teme no tener suficiente comida, y en el 5,7% de ellos al menos un miembro pasó un día entero sin comer.

Salud: El cambio climático ha generado condiciones favorables para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, la malaria y la fiebre amarilla.

Eventos climáticos extremos: En 2024, se registraron cerca de 10 mil eventos climáticos extremos, incluyendo incendios forestales, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las regiones más afectadas en Colombia son el Pacífico, la Amazonía y los departamentos de La Guajira, Córdoba, Bolívar, Chocó y Nariño.

Visto ese cuadro, es necesario pensar los derechos esenciales de tal población y las formas políticas de su organización para alcanzar una efectiva garantía:

El derecho a la vida: Protección contra los impactos del cambio climático que amenacen la vida.

El derecho a la salud: Acceso a servicios de salud para tratar enfermedades relacionadas con el cambio climático.

Derecho a la alimentación: Acceso a alimentos seguros y nutritivos, especialmente en áreas afectadas por la inseguridad alimentaria.

Derecho al agua: Acceso a agua potable y saneamiento, crucial en zonas afectadas por sequías o inundaciones.

Derecho a la vivienda: Protección contra desplazamientos forzados y acceso a viviendas seguras y resilientes.

Derecho a la educación: Acceso a educación sobre el cambio climático y sus impactos.

Derecho a la participación y a las libertades democráticas: Participación en decisiones sobre políticas y proyectos relacionados con el cambio climático y en espacios habilitados por las entidades públicas correspondientes como la UNGR y el Fondo de Adaptación.

Derecho a la reparación y compensación: Acceso a mecanismos de reparación y compensación por daños y pérdidas causados por el cambio climático para lo cual debería organizarse un Fondo de Víctimas del Cambio climático.

Acá conviene resaltar que la Corte Constitucional ha reconocido el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental, y ha ordenado al gobierno tomar medidas para proteger a las comunidades vulnerables.

Aun así, hay necesidad de impulsar, promover y proteger un amplio proceso de organización y representación de las víctimas del cambio climático para que puedan hacer valer sus derechos.

En estos momentos, en el departamento de Córdoba y sus 30 municipios hay 240 mil víctimas de las inundaciones provocadas por las crecientes de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, que es necesario organizar y visibilizar en los espacios institucionales regionales secuestrados por una podrida casta politiquera experta en el saqueo de los presupuestos de los gobiernos municipales y el departamental. Hay que organizar las asambleas de víctimas para que estructuren sus veedurías, sus auditorías comunitarias y sus comités populares plenamente reconocidos por las personerías municipales y las secretarías de la gobernación, de las alcaldías y de la Corporación Autónoma Regional.