Por Rubén Darío Zapata

Tomado de argentinamilitante.org

La autonomía del Banco de la República en Colombia es, supuestamente, uno de los más grandes logros de la Constitución de 1991. Es la respuesta a la crisis inflacionaria de las dos décadas anteriores, provocada, en buena medida, por la irresponsabilidad de gobiernos que pretendían mantener los elevados gastos de funcionamiento (y en menor medida la inversión social) con emisiones monetarias, de manera que usaban a su antojo el Banco para resolver los problemas de su falta de austeridad y control eficaz. Pero la Constitución del 91, que muchos celebran como progresista, es también una colcha de retazos, construida para dar respuesta a varios fenómenos a la vez, como las demandas de justicia social de los grupos insurgentes que entonces se desmovilizaban, el avance de la globalización y la imposición del neoliberalismo desde Washington. Por eso resulta contradictoria consigo misma en muchos aspectos, y uno de ellos es la independencia del Banco de la República.

Es cierto que el Banco necesita un mínimo de independencia con respecto al poder ejecutivo para sostener una política monetaria medianamente coherente y no dejar la emisión de dinero al capricho del gobernante de turno. Pero esa independencia no puede ser absoluta, en la medida en que la política monetaria es apenas una de las herramientas de la política económica en su globalidad, que está, en buena medida, determinada por el gobierno. El problema es que la Constitución de 1991 determinó como objetivo constitucional, y por lo tanto fundamental, del Banco el control de la inflación; además asumió, desde una corriente liberal-monetarista que la inflación se controla básicamente controlando la oferta monetaria. La elevación de las tasas de interés es una de las formas privilegiadas de este control. Pero en algunas ocasiones este control entra en contradicción con otros propósitos fundamentales de la política económica como la generación de empleo a través de la dinamización de la inversión de las empresas y el consumo de los hogares.

Los constituyentes de 1991 argumentaron en favor de la independencia del Banco de la República que sus decisiones debían fundamentarse en criterios técnicos (se supone que la junta directiva está conformada por expertos reconocidos) y no por conveniencias políticas del gobierno o algún otro sector del poder. Pero la decisión reciente (31 de marzo) de elevar la tasa de interés, que ya había subido en enero (en estas dos reuniones se elevó la tasa de intervención en 200 puntos básicos), cuando el gobierno todo el tiempo ha pedido bajarlas para dinamizar la economía, parece responder más a criterios políticos que a razones técnicas. La decisión es una respuesta que busca prevenir un proceso inflacionario provocado por el incremento del salario mínimo vital, pero realmente es una medida en favor de los intereses del sistema financiero, cuyos centros de pensamiento son las únicas fuentes tenidas en cuenta por el Banco.

La relación directa entre incremento de salarios e inflación fue cuestionada por Keynes en los años 30 del siglo pasado, pero sobre todo refutada en la práctica durante las últimas décadas en buena parte del mundo, incluyendo a Colombia, que ha logrado en este periodo de gobierno elevar significativamente los salarios de los trabajadores, a la par que disminuye el desempleo, mantiene baja la inflación y altas las tasas de ganancia de los empresarios, algo que parece imposible desde la perspectiva de la economía de manual. Por lo demás, la presión inflacionaria que se ejerce hoy sobre Colombia parece venir de un contexto externo marcado por crisis climáticas y guerras internacionales que elevan los costos y el transporte de todos los productos importados, entre ellos, fertilizantes, insumos industriales y maquinaria. Nada de eso puede resolverse con una elevación de la tasa de interés; más bien termina sumándole a esa presión las de la contracción de la demanda por falta de liquidez.

No hay argumentos serios que justifiquen este incremento exorbitante en la tasa de interés. Pero, en cambio, sí son evidentes los ganadores y perdedores de tal medida: se beneficiará por supuesto todo el sector financiero y especulador, que vive de prestar dinero, y se verán tremendamente perjudicados los sectores que todo lo tienen que adquirir a crédito, en su mayoría pertenecientes a los sectores populares que necesitan comprar vivienda a crédito, muebles, electrodomésticos, etc., y la pequeña y la mediana empresa cuya inversión depende casi en su totalidad del crédito. La medida del Banco de la República parece así un castigo para el gobierno y los sectores más beneficiados con sus políticas sociales.

Tiene razón el grupo de intelectuales y economistas que han firmado una carta abierta pidiéndole al Banco que haga públicos sus estudios acerca de los costos que habrán de tener sus medidas. “Nos preocupa, además –dice la carta-, que el Banco no haga plenamente explícitos, ante la sociedad, los costos distributivos y productivos de sus decisiones. Si la Junta considera necesario enfriar la economía, debe transparentar también cuáles son sus proyecciones sobre pérdida de empleo, destrucción del tejido empresarial, encarecimiento del crédito para hogares y empresas, desaceleración de la inversión productiva y transferencia de ingresos hacia sectores rentistas”.

En esa medida acogemos también la demanda de este grupo, que exige un debate serio a propósito de la política monetaria liderada por el Banco de la República, lo cual demanda que el Banco ponga a disposición de la sociedad toda la información necesaria y no funcione como un cónclave secreto. Porque, como dicen estos intelectuales, la autonomía del Banco no puede implicar una independencia total con respecto a la sociedad.

El debate es sobre todo necesario porque, en la defensa de su independencia, el Banco ha terminado por renunciar a una de sus obligaciones básicas: coordinar la política monetaria con los objetivos generales de la política económica. Más que eso, en la propia descoordinación, el Banco, cuya junta directiva es de mayoría uribista, parece pretender convertir la política monetaria en un arma privilegiada en la lucha de clases. En este sentido, la sociedad civil tiene que alertarse y tomar cartas en el asunto.