Por Diego Meza

Foto: El Tiempo/Presidencia/EFE

La frontera colombo-ecuatoriana es un espacio social denso, históricamente entrelazado, donde la vida cotidiana desborda las categorías administrativas del Estado. Familias extendidas, economías de subsistencia y circuitos comerciales, legales e ilegales, atraviesan de forma constante un territorio compartido por pueblos indígenas hermanos, como los Pastos y los Awá, cuyas formas de organización, autoridad y relación con la tierra preceden y desafían la lógica estatal. Pensar una agenda binacional de paz exige, por tanto, abandonar la ilusión de dos escenarios nacionales separados y asumir la frontera como un sistema relacional, donde las violencias, los actores y las respuestas institucionales están profundamente interconectados.

En los últimos diez años, la violencia en la frontera ha comenzado a mutar. La reproducción y consolidación de algunas economías ilícitas, como el comercio de cocaína y la minería ilegal, ha transformado las fuentes y la cantidad de ingresos económicos de los pobladores de estos territorios y las dinámicas de control territorial. Las nuevas formas de violencias se asientan sobre rutas históricas, centros de dominio de algunas guerrillas y actores tradicionales. Sin embargo, actualmente adquiere otros maties: control de la movilidad, fiscalización comunitaria a través del uso de nuevas tecnologías y la imposición de nuevas economías morales.

Este proceso ha generado que la frontera se convierta de ambos lados en un espacio estratégico de control y fuente de alimentación de otros conflictos en otras zonas de Ecuador y Colombia. La guerra de brazaletes y el uso cambiante de camuflados se ha convertido en una estrategia militar y también en una especie de zona gris que impide la identificación clara de los actores, sus conexiones con otras organizaciones y que dificulta la respuesta estatal. Esta ambigüedad dificulta el análisis del conflicto y acentúa los riesgos y vulnerabilidad de las comunidades.

La frontera no solo es un espacio de intercambio de bienes, personas, tradiciones y normas, sino también de violencias. Los flujos migratorios y los desplazamientos forzados añaden mayor complejidad a este panorama. Familias enteras que atraviesan por esta región en búsqueda de protección o sustento se enfrentan a estructuras normativas ambivalentes que producen puntos ciegos con respecto a los derechos. De este modo, el corredor fronterizo conecta territorios pero también pobreza, desigualdades y exclusión. Una respuesta integral debe reconocer estas dinámicas como estructurales a nivel binacional, no como simples anomalías.

Las violencias no pueden comprenderse de forma separada por país. Los grupos armados y las redes criminales funcionan de forma transnacional aprovechando los viejos circuitos, las alianzas ya pactadas, los puntos tácticos y la presencia ambivalente de los estados. A esto se añade la coordinación limitada de las fuerzas de seguridad, los sistemas de justicia y los gobiernos locales, regionales y nacionales. En contraste, las iglesias, las autoridades indígenas y las organizaciones sociales han implementado formas de articulación más dinámicas y flexibles basadas en vínculos de confianza y reconocimiento mutuo.

Los pueblos indígenas de la frontera, particularmente los Pastos y los Awá, representan un ejemplo relevante de interdependencia binacional. Sus territorios ancestrales no concuerdan con los límites establecidos por los Estados. Sus prácticas y formas de gobierno funcionan bajo perspectivas y lógicas propias. No obstante, estas comunidades están siendo amenazadas por la presión de los grupos armados y las escasas garantías que les ofrecen los Estados. Así, sus liderazgos están siendo coptados, sus tradiciones minadas y su supervivencia puesta en riesgo. Una apuesta de paz que no considere de forma sustantiva a los pueblos indígenas está sujeta a multiplicar las condiciones del conflicto.

Una de las principales amenazas para la región fronteriza está en las tensiones administrativas entre el Estado ecuatoriano y el colombiano. Las diferencias entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa, cuyas propuestas de seguridad, paz y gestión territorial no convergen, suman un nivel adicional de dificultad. Esta contraposición se ve además complejizada por la intervención de actores externos, particularmente de Estados Unidos. Los intereres del presidente Trump en materia de lucha contra las drogas, su enfoque de seguridad y el control geopolítico de la región influyen en los proyectos nacionales que subrayan las tendencias securitizadas.

Frente a este panorama, es necesario la construcción de respuestas binacionales de paz que vayan más allá de las iniciativas sectorizadas y fragmentadas e impulsen dispositivos estables de coordinación entre ambos países. Esto requiere el diseño de un trabajo compartido que otorgue prioridad a la justicia ambiental, la reconciliación, la seguridad y el fortalecimiento del tejido social. En este sentido, todas las instituciones y organizaciones están invitados a generar espacios de diálogo y a fortalecer las relaciones de confianza para que las agendas formuladas puedan perdurar en el tiempo.