Por Luz Ayda Franco Viana

Imagen Tomada de Reddit

Y sí, resulta que pese a la supuesta libertad que tanto nos venden como panacea de la modernidad, todavía contamos con inquisidores del pensamiento y de la formación académica. ¿Cómo es posible que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se atreva a censurar el evento de lanzamiento de un libro que, desde la pretensión del aprendizaje, narra parte de la historia de nuestro país? El asunto es que para el pasado 21 de abril estaba programada la presentación del texto “M19, de la guerra a la política”, del sociólogo y docente de la Universidad de Antioquia Jaime Rafael Nieto López. Faltando unos minutos para el inicio de la reunión, Gutiérrez, a través de un mensaje en X, explicitó que este espacio “de apología al terrorismo” era una propaganda política y lo declaró cancelado.

Su mensaje, además, resaltó que en la ciudad se respetaba la memoria de las víctimas y que aquí se defendía la legalidad. En los ires y venires del asunto, la Biblioteca Pública Piloto emitió un comunicado, sin firma, en el que manifestaba que en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Garantías Electorales el evento no contaba con autorización y había sido cancelado. Dado el lleno total del recinto, finalmente el lanzamiento sí se realizó, pero sin mayores apoyos logísticos. Mientras tanto, patrullas policiales rodearon todo el tiempo el lugar, como si se tratase literalmente de una reunión de terroristas que amenazaban la seguridad de la ciudad.

Valdría la pena recordarle al señor Gutiérrez que un libro académico lejos está de propagandear, cerca sí, de informar y, por su puesto, de formar. Si en el camino cualquier texto -posterior a su lectura- genera controversia, eso significaría que la tarea se está haciendo bien, que se está propiciando la discusión y sobre todo que se está garantizando el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. El Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia no solo señala tal libertad, sino que, además, puntualiza la prohibición a la censura. Evidentemente, el alcalde se pasó por alto la Constitución, aunque muchos de los comentarios que se le han hecho, a partir del suceso, es que probablemente ni siquiera la ha leído. También se ha dicho -sin pruebas, pero sin falta de dudas- que este señor simplemente canceló el evento por su adscripción política, más no porque desde su análisis como lector haya sentido que las palabras del libro hacían apología al terrorismo. Seguramente tampoco lo ha leído, ni lo leerá.

De otro lado, es indignante que Gutiérrez mencione en su mensaje virtual, como argumento para la cancelación del evento, que “nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas”. Claramente él, siendo la cabeza del gobierno municipal, y, por tanto, supuesto ejemplo ciudadano, no puede irrespetar más enormemente la memoria de las víctimas que prohibiendo un encuentro que apunta al repaso de la historia y a la posibilidad de elaboración de memoria.

Superar el pasado desde su mera omisión, provocará que la repetición por desconocimiento siga instalada en algunos miembros de la sociedad; pero en otros, quienes han sufrido la violencia en carne propia, perpetuará el silencio, la injusticia y la revictimización. Federico Gutiérrez es el síntoma fehaciente de una institucionalidad infectada por el poder dominante, una institucionalidad que no tiene inconveniente para recurrir a la fuerza antes que intentar los acuerdos consensuados. Su consigna es que va a lograr sus objetivos de uno u otro modo, en lenguaje paisa: “por encima del que se pare”.

Y es que este tipo de sucesos, supuestamente increíbles para la época, siguen ocurriendo también a nivel mundial. En EEUU, por ejemplo, se vienen vetando cada vez con más fuerza determinados libros en las bibliotecas escolares, ello con el argumento de que se está protegiendo la integridad de los menores, evitando el adoctrinamiento y fomentando las tradiciones y las normas.

Recientemente se hizo famoso el caso de la censura del libro Sold, de la escritora de ese país, Patricia McCormick, el cual narra una historia -basada en hechos reales- de una niña nepalí de 13 años vendida por su padrastro a un burdel en India. La obra retrata la trata de personas, la pérdida de la inocencia y la lucha por sobrevivir. Y es que justamente ese tipo de temáticas son de las que Donald Trump y su séquito de dominadores no quieren ver “ni en pintura”, ya que las prohibiciones se han dado en esa misma línea: libros que generan reflexión social, que aperturan a la equidad de género, o que simplemente son escritos por latinos, afrodescendientes o personas con algún tinte de pensamiento revolucionario o contestatario. Así entonces se han abortado libros de Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Laura Esquivel, entre otros.

Regresando al panorama nacional, es difícil que superemos esas mentalidades inquisidoras tan fácilmente. Situaciones similares ya han ocurrido en la historia del país, por ejemplo, con personajes tan nefastos como el exprocurador General de la Nación entre los años de 2009 y 2016, Alejandro Ordoñez, quien participó en la quema de textos en la ciudad de Bucaramanga, convocada por la sociedad San Pío X, una organización ultracatólica. En aquel entonces lo que denunció principalmente el periodista Daniel Coronell fue que Ordoñez, camándula y megáfono en mano, realizó una especie de ritual público en el que incineró libros, revistas y periódicos que, según su criterio, amenazaban la integridad de la juventud. Las víctimas materiales fueron ejemplares de Carlos Marx, Jean-Jacques Rousseau e incluso, nuevamente, de nuestro premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez. El acto fue acompañado por adolescentes pertenecientes al grupo denominado Tradición, familia y propiedad, los cuales aludieron durante el evento al desagravio de la Virgen María, “señora y madre nuestra”.

Nuestro papel frente a estas realidades deberá ser seguir cuestionando esa clase de dogmatismos que obstaculizan el diálogo abierto y la construcción de una existencia humana diversa, crítica y propositiva.