Por Duglein Alfonso Giraldo

Imagen tomada de Noticias Cartago (Facebook page)

La catástrofe que vivió Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 fue un fenómeno natural que afectó considerablemente a los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, dejando más de 300 personas fallecidas y un saldo superior a 200 desaparecidos. Ante esta situación, diversos sectores políticos y sociales de la derecha colombiana manifestaron su inconformidad frente a quienes, según ellos, estaban “politizando” la tragedia. Sin embargo, esta posición desconoce que la gestión de una emergencia de semejante magnitud es, por naturaleza, una cuestión profundamente política, pues implica decisiones del Estado sobre la distribución de recursos, la coordinación institucional, la recepción de ayuda internacional y, en última instancia, la priorización de la vida de las personas afectadas.

La tragedia ocurrió apenas tres días después de la posesión del nuevo gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella. Mientras las comunidades de las zonas más afectadas comenzaban a organizarse por cuenta propia para realizar labores de excavación, búsqueda y rescate, el Gobierno Nacional concentraba parte de su agenda en otras “prioridades”, como el reconocimiento, mediante una carta gubernamental, de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 por Israel. Esta situación permite cuestionar cuáles fueron realmente las prioridades del nuevo gobierno durante las primeras horas de una emergencia en la que cada minuto podía resultar determinante para salvar vidas.

La respuesta gubernamental generó cuestionamientos frente a la ayuda internacional. Países como México y China manifestaron su disposición de enviar ayuda humanitaria y personal especializado para apoyar las labores de rescate. Sin embargo, el gobierno colombiano habría tardado aproximadamente dos días en delegar a un funcionario para gestionar la ayuda mexicana y alrededor de tres días para gestionar la ayuda proveniente de China. Asimismo, se rechazó inicialmente la asistencia de personal de rescate proveniente de El Salvador bajo el argumento de que Colombia contaba con capacidad suficiente para atender la emergencia.

En el caso de México y China, ambos gobiernos manifestaron disponer de equipos de rescate especializados, pero su ingreso, a parte de la poca capacidad de reacción ante la emergencia para gestionar a tiempo delegados del gobierno para las ayudas internacionales, estuvo atravesado por los obstáculos impuestos por el gobierno colombiano relacionados con requisitos de certificación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el embajador chino, Zhu Jingyang, señalaron que Colombia no habría autorizado inicialmente el ingreso de sus rescatistas debido a la exigencia de una certificación adicional, pese a que ambos países afirmaban que sus equipos ya contaban con las certificaciones correspondientes. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿debería un procedimiento burocrático estar por encima de la vida de una persona?

Resulta particularmente relevante que, a pesar de que el personal de rescatistas de México y China fueran de los más preparados en el mundo para atender este tipo de emergencias tuvieron muchos obstáculos a la hora de ingresar a Colombia, obstáculos que no pusieron a los Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Los equipos internacionales finalmente llegaron varios días después del terremoto, cuando ya habían transcurrido las primeras 72 horas, consideradas un período especialmente crítico en las labores de búsqueda y rescate. La situación plantea un cuestionamiento político de fondo: si una emergencia de esta magnitud exige movilizar todos los recursos disponibles con la mayor rapidez posible, ¿por qué la cooperación internacional parecer estar condicionada por intereses geopolíticos de los Estados Unidos? ¿Sera entonces que quienes realmente hicieron politiquería con la tragedia fueron el gobierno colombiano, Estados Unidos e Israel?

En este sentido, la discusión sobre la “politización” de la tragedia resulta inadecuada. La verdadera cuestión política no es señalar quién habla sobre la catástrofe, sino analizar cómo el Estado tomó decisiones frente a ella, qué recursos priorizó, qué ayuda aceptó y cuánto tiempo tardó en ponerla a disposición de las comunidades afectadas. Una tragedia natural puede ser inevitable, pero sus consecuencias no son completamente naturales: la capacidad de respuesta del Estado, las condiciones sociales preexistentes y las decisiones políticas determinan cuántas vidas logran salvarse y qué tan profundamente una sociedad termina siendo afectada.

¿Quiénes sufren la peor parte?

Los más afectados por esta catástrofe son las clases populares de la sociedad, y esto no ocurre al azar, sino que responde a razones históricas y a una estructura social que permite y reproduce estas desigualdades. Muchos de estos sectores han quedado excluidos de la planificación territorial; la mayoría de ellos campesinos víctimas del despojo histórico que se lleva a cabo en Colombia, así como familias que, después de verse obligadas a abandonar sus territorios, buscaron rehacer sus vidas en las periferias urbanas y en zonas con suelos inestables o de alto riesgo. Ante la falta de garantías efectivas para acceder a una vivienda digna, muchas de estas familias han tenido que construir sus propias viviendas en condiciones precarias y sin las condiciones técnicas necesarias.

De esta manera, el terremoto no solo pone en evidencia la ineficiencia e insuficiente respuesta del Estado, sino que también revela problemas sociales preexistentes en un sistema donde la desigualdad constituye un carácter estructural. La catástrofe, por tanto, no afecta a todos de la misma manera: las condiciones económicas y sociales determinan quiénes están más expuestos al riesgo y quiénes cuentan con mayores posibilidades de protegerse y recuperarse.

Sin embargo, no todo es negativo. El terremoto en Colombia también reveló una consigna que se materializó en la práctica: “Solo El Pueblo Salva Al Pueblo”. La solidaridad entre las comunidades se convirtió en una herramienta fundamental de resistencia y supervivencia, permitiendo rescatar a más de 350 personas que se encontraban bajo los escombros. A esto se sumó una amplia movilización de ayuda humanitaria proveniente de distintas regiones del país, demostrando la capacidad de organización y solidaridad de la población colombiana frente a la adversidad. Podríamos concluir diciendo que podemos ver de forma más clara quienes son los verdugos del pueblo y quienes están dispuesto a salvarlo.