La paz se sueña y se construye despierto

la paz se sueña
Ilustración: confidencialcolombia.com

Por Sabino Esteban

La persistencia de estructuras sociales y políticas de exclusión, la carencia de mecanismos institucionalizados de negociación en una sociedad polarizada y la cultura de la violencia, son algunas de las características de los periodos de conflicto armado que aún suelen reproducirse en los procesos de posconflicto. En consecuencia, la firma de la paz es la puerta que se abre para que la sociedad se encamine hacia la construcción de esa paz plasmada en los papeles.

Colombia y Guatemala son países en los que se ha firmado la paz, para dar fin a dos largos periodos oscuros y sangrientos, cuyas causas son casi parecidas y aún persisten en ambas naciones. En el caso de Guatemala, después de dos décadas, es lamentable el hecho de que existan regiones donde los conflictos sociales se han recrudecido debido a que la intervención del Estado ha sido a destiempo, insuficiente o nula.

El sonado caso del conflicto social entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos, situado en la frontera con México, es solo una evidencia de esta crítica realidad. Ixchiguán y Tajumulco enfrentan un problema de límite territorial  desde hace 83 años. Problema que, en vez de solucionarse, se profundizó, alcanzando el nivel de enfrentamiento armado entre ambas poblaciones. En octubre de 2014, el Ministerio Público reconoció que la zona es un lugar sin ley. Es decir, una región donde el Estado había perdido el control.  El 11 de mayo de 2017 fue decretado el estado de sitio en la zona. Tras restablecer el control mediante la intervención de las fuerzas militares del Estado, las autoridades recolectaron casquillos de armas M16, AK47, AR15 y de escopeta calibre 12, lo cual da lugar a pensar que el problema es mucho más complejo.

Aunado a ello, existían plantaciones de amapola, cuyo cultivo de uso ilícito se había convertido en principal fuente de ingreso de gran parte de la población de ambos lugares.

Evidentemente la ausencia del Estado en materia de seguridad en dicha área estratégica y el hecho de no proporcionar a la población los servicios sociales mínimos, ha dado lugar al recrudecimiento de la situación de marginalidad, facilitando la operación de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

En 2014, el Woodrow Wilson Center realizó un informe sobre la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) en Guatemala, que incluyó una importante sección de investigación en el terreno de la amapola. Según este informe, muchos incentivos favorecen que las comunidades cultivadoras se hayan dedicado a esta actividad desde mediados de los ‘70, a pesar de saber que es un cultivo ilegal. Una de las razones está relacionada con la situación de pobreza general precisamente en Ixchiguán, Tajumulco y Sibinal, pues para el año 2009 las cifras de población en situación de pobreza general alcanzaban el 88.5% en Ixchiguán, 93.3% en Tajumulco y 90% en Sibinal. Las cifras de extrema pobreza son 38.1%, 38.9% y 43.9%, respectivamente. Por lo tanto, esta situación de pobreza generalizada y la necesidad de mejorar sus ingresos económicos, ha obligado a los campesinos a incorporarse o a mantenerse en este tipo de negocio ilegal.

Últimamente el gobierno ha impulsado acciones inmediatas de seguridad y de destrucción de hectáreas de plantaciones de amapola en ambos lugares. Dicen haber creado y estar impulsando estrategias orientadas al desarrollo agrícola a fin de que las comunidades encuentren nuevas opciones productivas. No obstante, en la medida que tales estrategias no sean consensuadas con los campesinos y no den los resultados necesarios, mientras no haya acciones concretas orientadas a proporcionarles los servicios públicos básicos y a reducir los índices de pobreza y extrema pobreza, la situación en dicha zona difícilmente cambiará.

No más derramamiento de sangre

Colombia atraviesa por situaciones críticas y nefastas. En torno al incumplimiento del Punto IV del Acuerdo de la Habana han ocurrido actos sangrientos que son un macabro retroceso en la construcción de la verdadera paz colombiana. El 5 de octubre en Pueblo Negro, Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco, se dio un enfrentamiento violento entre campesinos cultivadores de coca y la fuerza pública, cuyo saldo fue siete muertos y 20 heridos, incidente denunciado por el Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de la región y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje.

En septiembre pasado la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) denunció la intensificación de operaciones violentas de erradicación forzosa por parte del Ejército y del Esmad en El Retorno (Guaviare), Puerto Rico (Meta), San José del Fragua (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de Santander). El 21 de septiembre, campesinos del corregimiento de San Juan, en Corinto (Cauca), también protestaron; el resultado: tres campesinos heridos y uno fallecido. En San Isidro de Morales (Cauca) también sucedió un incidente similar que dejó el mismo resultado sangriento, según Alfredo Molano Bravo, en su escrito de “El Espectador” el 7 de octubre.

El Acuerdo de la Habana es claro en su punto IV, pues se habla de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, de una sustitución voluntaria, sin detrimento de la sostenibilidad social, económica y ambiental de las comunidades y su tránsito a otros cultivos.

El caso de Ixchiguán y Tajumulco en Guatemala, al igual que estos últimos acontecimientos en Colombia son evidencia de que ambos Estados intentan tratar de mala manera los efectos de este problema complejo y multinacional, y lo peor es que en tales intentos se viola el derecho a la vida de campesinos sumidos en la pobreza.

En los periodos de posguerra los conflictos persisten cuando la sociedad y el mismo Estado no crean las condiciones para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y más aún cuando el mismo gobierno viola los acuerdos pactados. Mientras el Estado, que es por excelencia el ámbito político donde se dilucidan los conflictos sociales, no desempeñe su rol importante para regular y resolver a fondo la conflictividad, la paz seguirá siendo un sueño pendiente de cumplirse. Un motivo para seguir uniendo esfuerzos en nuestros países.

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