A raspar la olla

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Foto: http://www.asdem.org.co

Por Pablo Castaño

Raspar la olla, no dejar ni trazas de nuestra organización sindical- Sintravidricol, pareciera el propósito de la administración del Grupo Ross International (multinacional norteamericana que produce los moldes para los envases de vidrio de todas las empresas del país y que ha conformado en Colombia un grupo empresarial donde aparecen las empresas Moldes Medellín y Andes Cast Metals Foundry Ltda.) en asocio con sus apoderados, la firma de abogados Godoy Córdoba –que atiende, según la ANDI, las más importantes empresas nacionales y multinacionales, incluidas 18 de las 100 primeras empresas del país y 11 de las 100 primeras empresas transnacionales–. No le bastó a ese consorcio solicitar y lograr la calificación de ilegalidad de la huelga de 2015 de las empresas que tienen sede en los municipios de Sabaneta y la Estrella, la cual tuvo una duración de tres meses, sino que insistió y logró la expulsión de esas dos directivas sindicales y de 10 compañeros de base por denuncia de presuntos hechos no pacíficos durante la huelga.

La ilegalidad se declaró en un sospechoso fallo exprés de la Corte Suprema de Justicia en 2016, el cual tardó solo tres meses después de la solicitud de dicho bufete de abogados. Ahora, con un radicado del 31 de agosto de 2017 en el Juzgado Laboral de Zipaquirá, nos ha sido notificado un proceso de demanda de las empresas del Grupo Ross, que pretende la disolución, liquidación y eliminación del registro sindical de Sintravidricol nacional, sindicato de industria con más de 60 años de lucha.

Muerte de la negociación directa sindicatos-patrones

Los trabajadores de este país estamos siendo obligados a comparecer con frecuencia en escenarios jurídicos extraempresariales cuando se presentan negociaciones colectivas, pues los sindicatos son citados para hacerlas no directamente con los patronos sino con firmas de abogados que los representan, aunque estos no conozcan los procesos productivos ni las tecnologías ni los materiales que transformamos en mercancías. En 2015 la negociación colectiva se llevó a efecto con la firma Godoy Córdoba, y no con ningún representante de la patronal, y ahora, como un caso emblemático, vemos que la negociación sindical de la huelga de pilotos de Avianca se está desarrollando con juristas especializados y no con los representantes directos de la empresa.

Más grave aún se vuelve la situación cuando se observa que a esas firmas de abogados que asesoran y representan a los patronos en todos los escenarios de las relaciones laborales, llegan exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, con todo lo que ello significa. En el caso de la firma de marras, el señor Gustavo Gnecco Mendoza, actual socio de Godoy Córdoba, fue magistrado de la Sala de Casación de la Corte en el año 2011. Pero ahí no termina la cosa: en mayo de este año la Corte Suprema nombró como magistrada para la Sala de Descongestión Laboral a la abogada Jimena Isabel Godoy Fajardo, hermana de Carlos Hernán Godoy Fajardo, uno de los dueños de la firma de abogados Godoy Córdoba, lo cual nos pone en gran desventaja ante una telaraña invisible de relaciones y de intereses demasiado poderosos.

Puerta giratoria

Lo anterior se conoce como la puerta giratoria, esto es, cuando un funcionario sale de un puesto privado y posteriormente accede a un cargo público para después regresar a las toldas privadas y así, con mayor conocimiento y mejores roscas políticas y sociales, continuar su labor de defensa de los intereses particulares.

Algo similar es el caso del fiscal propuesto por Juan Manuel Santos que, supuestamente, accedió al cargo público para combatir la corrupción. Humberto Martínez Neira se desempeñó como asesor de firmas que se apropiaron de tierras baldías en el sur del país y como gestor de las Zidres, su cuya impronta se encuentra también en un bufete de abogados que asesoró a Navelena S.A.S –socia de Odebrecht- con el desfalco de $120 mil millones del Banco Agrario, de acuerdo con la denuncia que hizo el congresista Jorge Robledo en meses pasados. Del zarpazo privado al público. Toda una opereta.

En estos tiempos de posacuerdos, en que la paz con justicia social que se debe impulsar en el país encuentra tantos obstáculos legales e ilegales para llevarse a efecto, necesitamos que entre por la puerta grande el trato y el reconocimiento humanos entre actores sociales antagónicos y que esto se extienda a los conflictos económicos normales de los trabajadores con los patrones, los mismos que deben fluir en un marco libre de ventajismos y corrupción. Pero esto se ve muy lejos.

Colofón desde una democracia real

Desde 1989 a la fecha van cerca de 3.000 sindicalistas asesinados en Colombia. Su crimen: defender los derechos de los trabajadores. Desde los albores del capitalismo se veía claramente que los patrones por sí mismos no iban a hacer que su tasa de ganancia disminuyera por el hecho de reconocerles voluntariamente a los obreros un salario que dignificara su vida y que, por ende, los trabajadores debían tener sus propios gremios que defendieran sus derechos. En Colombia se entiende el ejercicio sindical como una amenaza a la producción, tal como respondiera Carlos Castaño cuando un periodista, en las postrimerías de la década de los 90, le preguntó sobre esas matanzas y la razón de ellas. Contestó cínicamente: “Nosotros no matamos por matar. A los indígenas emberas en Tierra Alta los asesinamos porque no dejaban avanzar la represa Urra I; a los sindicalistas los hemos venido dando de baja porque no dejan trabajar, porque afectan la producción”.

Ahora tienen, no tanto al paramilitarismo, que de todas maneras sigue haciendo estragos, sino a las Cortes y a las múltiples firmas de abogados haciendo casi lo mismo, en el sentido de dejar en la más grande desprotección la lucha legal por los derechos de los trabajadores, sin los cuales no se garantiza el futuro de ellos ni de sus familias.

Se necesita pues una especial protección para nuestros sindicatos o por lo menos la aplicación de las mínimas orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando afirma en sus principios: “Al combinarse con una sólida libertad sindical las buenas prácticas de la negociación colectiva, se garantiza que los empleadores y los trabajadores negocien en un plano de igualdad para que los resultados sean justos y equitativos”. Este también es un reto para el posacuerdo hacia un verdadero posconflicto.

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