Esta pelea va para largo

Hace más de un mes están movilizadas varias universidades públicas del país, en asambleas permanentes y anormalidad académica, ante el déficit presupuestario que han acumulado en las tres últimas décadas.

Desfinanciación-de-educación-pública

Por estos días se debate en el Congreso de la República la fijación y destinación de presupuesto de la nación para el próximo año y actual periodo de gobierno, por tanto, el propósito de la movilización es hacer que el legislativo y el gobierno tomen cartas en el asunto y se comprometan con la financiación de la educación pública superior, que es un derecho fundamental consignado en la Constitución del 91. Por la forma en que se han desarrollado los debates en el Congreso y la actitud del Ministerio de Educación frente a la Mesa de Concertación instalada, puede preverse que esta pelea será larga y dura.

El pasado 2 de octubre se reunió la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación por la Educación Pública con el Viceministro de Educación Superior y su equipo técnico. La sensación con que quedaron los integrantes de la Mesa, es más bien desalentadora. “El balance final –dice el comunicado– no permite evidenciar una postura clara de compromiso por parte del Ministerio de Educación Nacional y de quien lo representaba en la Mesa, el Sr. Viceministro Dr. Luis Fernando Pérez Pérez, en el sentido de dar respuesta efectiva a los requerimientos inmediatos relacionados con recursos frescos que vayan a la base presupuestal y permitan culminar satisfactoriamente la vigencia 2018”.

Para compensar, el gobierno anuncia que ha “recuperado” 50 mil millones de pesos de las cooperativas, que piensa destinar a las universidades públicas; pero a todas luces estos recursos son insuficientes, según los profesores, para subsanar el déficit acumulado por las instituciones y mucho menos para garantizar el funcionamiento y la inversión en el futuro inmediato. Y es que, según informa el Sistema Universitario Estatal-SUE, las 32 universidades públicas del país tienen un déficit acumulado en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y de 15 billones para inversión.

Precisamente el 28 de septiembre este organismo emitía un comunicado a la opinión pública en la que expresaba su preocupación ante el proyecto de ley que se debate actualmente en el Congreso para la definición del presupuesto. Por lo menos el texto propuesto para el primer debate en Cámara y Senado (proyecto de Ley No 052 de 2018 de la Cámara y 059 de 2018 del Senado), no contempla incrementos reales requeridos por las universidades públicas para el funcionamiento y la inversión. Vale la pena resaltar que desde 1993, con base en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el presupuesto de las universidades públicas se ha mantenido constante, con un ajuste anual equivalente al índice de precios al consumidor IPC.

Y aunque en el presupuesto se transferirán 2 billones de pesos adicionales para el Ministerio de Educación, este dinero no está destinado a las universidades públicas. “Se contempla –reza el comunicado del SUE– cerca de 1.97 billones de pesos para calidad y fomento de la Educación Superior; sin embargo, por información del Ministerio de Educación Nacional, este monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación a la demanda de las cohortes del Programa Ser Pilo Paga, estampilla UN y fomento a la Educación Superior”.

Nada de Pilo

Como si todo lo anterior fuera poco, según denuncian los integrantes de la Mesa de Diálogo, el gobierno pretende honrar la palabra del gobierno anterior con el desembolso de 787 mil millones de pesos para el programa Ser Pilo Paga, que beneficia especialmente a las universidades privadas, sin exigir de éstas ninguna contraprestación. Ante esta situación, el SUE insiste en demandarle al Congreso de la República 500 mil millones de pesos adicionales para el 2019 para la viabilidad y sostenibilidad del SUE; estos recursos realmente debieron haber ingresado a las universidades públicas en 2018, pero terminaron financiando becas Icetex y el Programa Ser Pilo Paga.

El SUE es categórico en su rechazo al Programa Ser Pilo Paga. Y es que, a su juicio, el impacto de este programa sobre la ampliación de la cobertura universitaria ha sido más bien pobre: solo ha aumentado esta cobertura en 1,97% (40.000 jóvenes más), con un costo superior a los 3,5 billones. “En contraste –argumenta el SUE– para 2017, las universidades públicas atendieron 611.800 estudiantes con un aporte de la nación de 2,93 billones. A todas luces avanzaríamos mucho más en acceso a la educación superior si destináramos estos recursos para las universidades públicas”. Por eso la propuesta de este organismo es cambiar el modelo de financiación de la demanda, a través de créditos y becas, por una financiación directa de las universidades públicas orientadas esencialmente a atender la necesidad de educación superior en los estratos 1, 2 y 3.

Llamado a la movilización

Hasta el momento no se ven buenas señales en el Congreso ni en los diálogos de la Mesa de Concertación con el Ministerio de Educación. La conclusión a la que llegaron los integrantes de dicha mesa en la última reunión fue que “al parecer las universidades públicas no tienen en el ejecutivo (acaso tampoco en el legislativo) a nadie que las defienda del colapso inminente al que se verán sometidas”. Por eso el único camino parece la movilización, a la que llama la Mesa de concertación, El SUE y los Consejos Superiores de varias universidades públicas.

“Es indispensable –manifiesta la Mesa– fortalecer el actual movimiento nacional universitario y hacer causa común con los estudiantes, los rectores, los funcionarios administrativos, los padres de familia, los educadores de la básica y media, las organizaciones gremiales y sindicales, la clase trabajadora en general, los congresistas y la ciudadanía”. La próxima cita es el miércoles 10 de octubre en la que se propone una toma de Bogotá y otras ciudades capitales. Todos estamos invitados, con la convicción de que esto apenas comienza y que la lucha será larga y decisiva.

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