Por Diego Meza

Ilustración: Alberto Jerez

Hace unos días escuchaba a un comentarista político explicar los resultados de la segunda vuelta presidencial. Su diagnóstico era que en las regiones periféricas “ganó el voto fusil”. La frase pasó inadvertida entre los panelistas. Nadie preguntó exactamente qué significaba ni cómo podía aceptarse con tanta facilidad. Como ocurre con las categorías que terminan instalándose en el sentido común, no se plantearon cuestionamientos ni críticas, el concepto parecía imponerse como evidente.

No pretendo negar una realidad histórica ampliamente documentada. Durante décadas, guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones criminales han intervenido en la política colombiana, han asesinado candidatos, restringido campañas, intimidando votantes y condicionando la participación electoral en numerosas zonas del país. Sin embargo, una cosa es reconocer la existencia de la coerción y otra muy distinta convertirla en la única explicación del comportamiento político de todas las regiones. Ahí es donde el concepto del voto fusil comienza a mostrar sus limitaciones. Más que una categoría descriptiva, es empleada como una explicación automática que simplifica un fenómeno enormemente complejo.

Las ciencias sociales llevan décadas insistiendo en que los hechos sociales y los comportamientos humanos rara vez responden a una sola causa. Mucho menos el voto. Las decisiones electorales están influenciadas por factores económicos, culturales, religiosos, generacionales, territoriales, emocionales e ideológicos. También por memorias colectivas, trayectorias familiares, liderazgos locales y experiencias concretas con el Estado. Ningún investigador serio intentaría explicar el voto en Bogotá, Medellín o Cali recurriendo exclusivamente a una de estas variables.

Curiosamente, esta complejidad desaparece cuando el análisis se desplaza hacia las periferias. Mientras el voto urbano merece loables comentarios como el de una decisión madurada, el voto rural parece reducirse a una sola palabra: fusil. Es una paradoja reveladora. Como si la presencia de un actor armado suspendiera automáticamente cualquier otra forma de racionalidad política. En realidad, esta intepretación incurre en uno de los errores metodológicos más frecuentes en las ciencias sociales: confundir correlación con causalidad. Que un municipio presente presencia de grupos armados y, al mismo tiempo, vote mayoritariamente por un determinado candidato no demuestra que una variable explique necesariamente la otra. Ambas pueden coexistir sin que exista entre ellas una relación causal suficiente para explicar la decisión de miles de personas.

La diferencia no es menor. Toda correlación exige ser demostrada. La causalidad nunca puede asumirse como una evidencia simplemente porque dos fenómenos ocurren simultáneamente. Sin embargo, buena parte del debate público colombiano parece haber olvidado esta precaución elemental. El problema es también profundamente político y esto no se debe desconocer. Cuando atribuimos automáticamente el voto de una comunidad a la presencia de actores armados dejamos de preguntarnos por las razones que sustentan esa decisión. Ya no interesa comprender cómo esa población interpreta la presencia del Estado, cuáles han sido sus experiencias con la guerra, qué expectativas tiene frente al desarrollo rural, cómo evalúa las políticas públicas o por qué determinadas propuestas logran conectar con su historia.

Paradójicamente, esta manera de interpretar las elecciones reproduce una vieja tradición centralista. Durante mucho tiempo las periferias fueron descritas como territorios atrasados, clientelistas o incapaces de producir una ciudadanía moderna y reflexiva. Hoy el lenguaje ha cambiado, pero la lógica permanece. Ya no se afirma que votan por ignorancia, sino que votan porque alguien que los obliga. En ambos casos el resultado es el mismo: las comunidades aparecen privadas de agencia política.

James Scott explicó hace décadas que las poblaciones sometidas a relaciones de dominación no dejan de actuar. Ellas desarrollan formas mucho más sofisticadas de cálculo, negociación y resistencia. Se ha demostrado que incluso en territorios controlados por actores armados la vida política continúa organizándose mediante múltiples relaciones entre organizaciones comunitarias, iglesias, autoridades locales y población civil. La violencia extrema no elimina las rutinas de la vida cotidiana, sino que se incorpora a ella, obligando a las personas a reconstruir permanentemente sus decisiones. La guerra modifica profundamente la acción política, pero no la extingue.

Pensar lo contrario supone desconocer la enorme capacidad organizativa que han construido durante décadas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Son comunidades que realizan mingas, juntas comunales, cooperativas, procesos de memoria, asociaciones de víctimas y organizaciones productivas. Deliberan sobre el uso de la tierra, la sustitución de cultivos, la protección ambiental, la educación de sus hijos y la implementación de los acuerdos de paz. Lo hacen, precisamente, en territorios donde también existen actores armados. Reducir todos estos elementos a la expresión del voto fusil implica negar que esas personas siguen pensando políticamente.

Quizá la diferencia radique en que su experiencia del Estado es distinta a la de quienes viven en los grandes centros urbanos. Para millones de colombianos el Estado se expresa en universidades, hospitales, transporte público, jueces e instituciones relativamente estables. Para buena parte de las periferias, en cambio, el Estado ha significado históricamente abandono, presencia militar intermitente, carreteras inconclusas, promesas incumplidas o ausencia de oportunidades. Es perfectamente razonable que esas experiencias produzcan lecturas políticas diferentes. No se trata de irracionalidad. Se trata de trayectorias históricas, políticas y económicas distintas.

Esta diferencia permite cuestionar otra categoría ampliamente utilizada: la polarización. Muchos analistas afirman hasta el cansancio que Colombia se encuentra dividida en dos mitades irreconciliables. Pero quizá este diagnóstico también resulte insuficiente. La polarización supone que anteriormente existía un consenso que ahora se ha fracturado. Sin embargo, otra lectura resulta posible. Lo que hoy observamos podría ser la emergencia política de sectores que durante décadas permanecieron invisibilizados. No necesariamente estamos asistiendo a una sociedad más dividida, sino a una sociedad donde nuevas voces disputan legítimamente el sentido del país.

Desde esta perspectiva, el problema no consiste en que comunidades rurales o sectores populares apoyen proyectos políticos distintos a los esperados por las élites urbanas. La democracia consiste precisamente en aceptar la legitimidad del desacuerdo. Una comunidad puede equivocarse, cambiar de opinión o respaldar una propuesta que más adelante la decepcione. Eso ocurre en cualquier democracia. Lo que resulta problemático es asumir que, cuando el desacuerdo proviene de las periferias, deja automáticamente de ser una decisión política para convertirse en un efecto de la manipulación.

Existe aquí una forma de paternalismo democrático y de colonialismo epistemológico difícil de advertir. Reconocemos a estas comunidades como víctimas del conflicto, pero nos cuesta reconocerlas como sujetos políticos. Aceptamos que narren su sufrimiento, pero desconfiamos cuando expresan preferencias electorales. Pareciera que el dolor otorgara legitimidad, mientras que la deliberación siguiera siendo patrimonio exclusivo de quienes hablan desde los grandes centros urbanos. Quizá la idea del voto fusil diga menos sobre la forma como votan las periferias que sobre la manera como el resto del país continúa imaginándolas. Bajo la apariencia de una explicación objetiva persiste una vieja convicción: que la racionalidad política pertenece al centro, mientras que los márgenes solo reaccionan a la fuerza, al miedo o a la necesidad.

Tal vez el verdadero desafío democrático de Colombia no consista únicamente en liberar las elecciones de la coerción armada. Consista también en emancipar nuestra manera de pensar las periferias de categorías que, bajo la apariencia de explicar la realidad, terminan impidiéndonos comprenderla. Porque el mayor riesgo del concepto del voto fusil no es solo la simplificación de la democracia colombiana, sino la negación de aquello que constituye su fundamento más elemental: la capacidad de todos los ciudadanos, incluso en las circunstancias más adversas, de pensar, deliberar y decidir sobre su propio destino.