Desalojo en la Plaza de Mercado de Bello

Desalojo de la Plaza de Bello.

Por Betty Ciro

El pasado 13 de noviembre a la 1 y 45 de la madrugada, la secretaria de gobierno del municipio de Bello Antioquia, Adriana Salas, llegó por sorpresa hasta la plaza de mercado con un buen número de policías y agentes del Esmad, con el objetivo de desalojar y demoler las instalaciones. Aunque en primer momento no lograron su cometido gracias a la resistencia ofrecida por los comerciantes, familiares y vecinos del sector, el Municipio obtuvo algunos réditos de este operativo. El desalojo inicial se convirtió en cierre total durante tres días: las consecuencias fueron desastrosas en materia económica, dado que gran parte de lo que allí se comercializa son productos perecederos.

Al amanecer los comerciantes se fueron organizando y asesorando; muy pronto tenían redactadas varias tutelas para invocar el respeto al debido proceso. Los jueces, entonces, ordenaron al Municipio, como medida provisional, suspender la orden de desalojo y demolición hasta tanto explique cuáles son los argumentos para realizar tal procedimiento administrativo. Según la Resolución, el desalojo se realizó para preservar la vida de comerciantes y usuarios de la plaza de mercado, ante el peligro inminente de derrumbe; pero no repara en que con esto les impide a 1.300 familias continuar derivando su sustento de la actividad económica desarrollada diariamente en la Plaza de mercado.

Existen varios fallos de procedimiento en dicha acción, principalmente porque los comerciantes no fueron notificados, como dice la ley, tres días después de expedida la resolución (ésta ni siquiera tiene fecha de expedición). Como afirma el Personero de Bello, Jorge Alejandro Lema Galeano, una de las irregularidades más grandes es la falta de competencia del Inspector de Policía con funciones de Espacio Público, quien emitió dicha resolución a sabiendas de que esta es una función privativa del alcalde, y es válida solo para “actuar ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar gravemente a la población”. “En este caso -agrega el personero- la orden de demolición y desalojo se motivó con fundamento en el poder extraordinario del alcalde para la prevención del riesgo y no por una indebida ocupación del espacio público”.

Nos trataron como si fuésemos delincuentes

Desalojo de la Plaza de Mercado

Don Ramón, con 73 años de edad, lleva 40 trabajando en la Plaza, de ese puesto sobreviven su familia y la de su hermano. La incertidumbre es total para este señor anciano, enfermo, sin posibilidad de ganarse la vida en otro trabajo. “El municipio nos ve como delincuentes -dice-, mire cómo llegaron a desalojarnos a media noche, amparados por la soledad y la oscuridad; nosotros estamos trabajando honradamente. Yo pago impuesto de Industria y Comercio cada mes, 45.000 pesos; también pago administración de 25.000 pesos semanales”. 

Ahora le toca trabajar en la calle, donde las condiciones son todavía más difíciles.  “Es muy difícil el trabajo en la calle, a la intemperie la mercancía se daña, y las ventas han rebajado hasta en un 90%; y añadido a todo está la zozobra, ¡que ya vienen los de Espacio Público a desalojarnos!, ¡que ya vuelve el Esmad!”.

Don Ramón, como muchos otros pequeños comerciantes de la plaza, no pueden contar, a pesar de la edad, con una pensión de vejez que le garantice un mínimo para sobrevivir. Solo ha cotizado 19 años, de los 26 requeridos para completar las 1.300 semanas; si lo desalojan del rompoy donde hoy está trabajando, porque la plaza permanece cerrada, se quedará además sin afiliación a salud tanto para él como para su esposa.

El “inminente riesgo” no es de ahora

La Plaza de mercado de Bello comenzó a prestar los servicios como tal en 1942. Como el terreno donde se construyó pertenecía a Timoteo Jaramillo, era él quien administraba y cobraba por el arrendamiento de los puestos de trabajo. La negociación se hacía mediante contrato verbal. 

Los años pasaron y las instalaciones, que no recibieron un adecuado mantenimiento, se fueron deteriorando hasta el punto que en 1987 el Concejo Municipal autorizó al alcalde Rodrigo Villa la realización de estudios de factibilidad para la construcción de otras instalaciones o la remodelación de la existente. Pero el alcalde no hizo nada. En 1999, la plaza fue adquirida mediante compraventa por el municipio de Bello, y de allí no pasó, no se invirtió un peso para mejorar las instalaciones.

En el año 2009, los pequeños comerciantes de la plaza de mercado se vieron obligados a interponer una Acción Popular ante el municipio de Bello, para que se realizaran las adecuaciones urgentes en la vetusta construcción y evitar alguna tragedia.  En el 2011 el Juzgado 18 Administrativo de Medellín ordenó al municipio de Bello la realización de las adecuaciones en las instalaciones físicas de la plaza de mercado. Para ello concedió un plazo de treinta días, que ya va en años.

Sobrediagnosticado

Desde entonces el Municipio de Bello ha contratado varios estudios de patología y vulnerabilidad estructural del edificio para determinar las acciones pertinentes. El primero lo realizó la Universidad Nacional en 2014.  Las conclusiones del informe no representaron ninguna sorpresa para los comerciantes: la adecuación de las instalaciones costaba $3.049.636.859 que, en palabras del actual concejal del municipio, Juan David Muñoz, eran viables en un momento en que el presupuesto del municipio para el año 2016 se calculaba en $359.773.761.340.

Pero en vez de realizar la inversión, el Municipio contrató otro estudio socioeconómico con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. De nuevo, las conclusiones presentadas no sorprendían a nadie, pero tampoco movieron a la administración a mejorar las condiciones de la Plaza. Como si fuera poco, el Municipio contrató un estudio adicional con la Universidad de Antioquia en el año 2017 con el propósito de “definir los parámetros para el reconocimiento de compensaciones destinadas a mitigar los impactos sociales y económicos que se puedan generar por la eventual clausura de la Plaza de Mercado de Bello”. Es decir, el Municipio nunca pensó reconstruir las instalaciones de la Plaza ni mucho menos construir unas nuevas.

Los afectados hoy se preguntan si toda la plata invertida en estos estudios no hubiera sido mejor destinarla a las reparaciones necesarias en la plaza de mercado. Por lo demás, no entienden cuál es la fórmula que aplican para tales compensaciones, porque las personas más beneficiadas no recibirían más de 15.000.000 pesos.  Por ello, su actual consigna es: “No queremos plata, queremos trabajar”.

Para los líderes sociales del municipio de Bello, el actuar de la administración no es nada nuevo. El objetivo del desalojo, como se ha visto en otros, es ampliar el negocio inmobiliario en el municipio: la Plaza de Mercado ocupa una manzana completa y está ubicada en un terreno totalmente plano y en un punto muy central.

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